La medida, presentada ante el Fiscal Provincial Penal Corporativo de Lima, se da al amparo del artículo 47 de la Constitución Política y se sustenta en la elaboración y presentación de pruebas de diagnóstico de COVID-19 falsificadas y otros documentos similares, con los que la empresaria justificó su ausencia, el 12 de enero pasado, ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que cuenta con facultades para investigar el caso de las reuniones y visitas a la casa del pasaje Sarratea, en Breña.

La denuncia, presentada el martes 15 de febrero, señala que López “fue válidamente citada con la finalidad de que preste declaración respecto a hechos que son de su conocimiento y cuya investigación –previamente entablada- se ventila en la citada comisión parlamentaria, perjudicando con ello el óptimo devenir de la indagación en curso así como mermando los recursos de esta institución destinados a la materialización de la misma”.

También señala que la inasistencia de Karelim López a la citación para comparecer y declarar ante el Parlamento Nacional, configura el ilícito de negativa a colaborar con la administración de justicia, estipulado en el artículo 371 del Código Penal, que señala: “El testigo, perito, traductor o intérprete que, siendo legalmente requerido, se abstiene de comparecer o prestar la declaración, informe o servicio respectivo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación  de servicio comunitario de veinte a treinta jornadas”.

Además, precisa que “la negativa de prestar dicha colaboración implica la asunción de una responsabilidad, en cuanto esa omisión ha de generar un trastorno dentro del proceso y de la orientación que este sigue, lo que repercute de un modo directo en el servicio de justicia, ya sea retardándolo o paralizándolo”

La denuncia también alcanza al enfermero del Policlínico Luz de Salud, Christian Vila Salcedo, como presunto autor del delito contra la fe pública – falsedad genérica – en agravio del Congreso.

Finalmente, el procurador del Parlamento solicita al fiscal provincial “aperturar investigaciones preliminares y posteriormente disponer la formalización y continuación de la investigación preparatoria correspondiente”.

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Soria deja el cargo luego de que en diciembre pasado presentó ante la fiscal de la Nación un escrito en el cual denuncia a Pedro Castillo Terrones, por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

La denuncia se sustenta en las presuntas reuniones con la empresaria Karelim López Arredondo y que se habrían realizado con la finalidad de que el consorcio Puente Tarata III gane la buena pro de una obra.

Algunas de las reuniones que se mencionan en la denuncia se habrían realizado en el inmueble ubicado en el pasaje Sarratea 179, en el distrito limeño de Breña.

No le agradecen y OCI lo halló responsable

En la resolución publicada en el diario El Peruano, no se le agradece a Daniel Soria por los servicios prestados a la nación.

Horas antes, se dio a conocer que el Órgano de Control Institucional (OCI) de la contraloría adscrito al Ministerio de Justicia había hallado irregularidades en la designación del procurador, realizada en el 2020.

En un informe difundido el martes, el OCI aseguró que Soria fue nombrado en el cargo pese a no cumplir con los requisitos establecidos.

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La denuncia se sustenta en que las diversas reuniones que sostuvieron la empresaria Karelim López Arredondo y el presidente de la República José Pedro Castillo Terrones, se habrían realizado con la presunta finalidad de que este intercediera para que el consorcio Puente Tarata III gane la buena pro de una obra.

En el escrito, el procurador general del Estado señala una serie de hechos por los cuales existen sospechas de que el presidente de la República también se encontraría inmerso en la conducta de tráfico de influencias que se viene investigando actualmente por el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Lima, en la cual vienen siendo investigado el exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco Castillo.

Algunas de las reuniones que se mencionan en la denuncia se realizaron en el inmueble ubicado en el pasaje Sarratea 179, en el distrito de Breña.

Cabe resaltar que la Procuraduría General del Estado solicitó información sobre estas reuniones al secretario general del despacho presidencial, quien informó en dos ocasiones que no tenía registro de las reuniones que allí se llevaron a cabo. 

En el documento, Soria Luján solicita a la Fiscal de la Nación, que una vez abierta la investigación no la suspenda, pues sostiene que el artículo 117 de la Constitución no prohíbe que un presidente de la República en funciones sea investigado.

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En su carta de renuncia, Enco señala que durante su gestión se propuso fortalecer el trabajo de la Procuraduría Anticorrupción, elevando las capacidades y competencias profesionales de quienes las integran.

En la parte final del oficio dirigido al procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, el renunciante sugiere que la Procuraduría Anticorrupción sea dotada de recursos económicos suficientes para garantizar su amplio despliegue operativo.

“Pero resulta aún más importante, respetar de forma irrestricta su autonomía, competencias y facultades para conocer y defender los intereses del Estado frente a graves delitos de corrupción”, puntualiza.

Cabe resaltar, que la renuncia de Amado Enco Tirado, ocurre un día después de que el fiscal del equipo especial Lava Jato y encargado del Club de la Construcción”, Germán Juárez, denegó la solicitud de Amado Enco, para ejercer la defensa del Estado peruano dentro en la investigación preliminar abierta al presidente de la República, Martin Vizcarra, por presuntos actos de corrupción (delito de cohecho, colusión en agravio del Estado y asociación ilícita para delinquir) en su gestión de gobernador regional de Moquegua.

Foto: Diario La República.

Por: Luis Miguel Guerrero Dávila.

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Según reveló hoy Convoca, el 23 de diciembre por la noche el entonces ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, lo llamó por teléfono y le informó sobre la controversia con la empresa brasileña.

Es así que según Jorge Ramírez, el ministro Juan Carlos Liu lo citó el 26 de diciembre en su despacho.

En la reunión del 26 de diciembre en el Minem se define una próxima reunión con Odebrecht que se llega a concretar recién el 9 de enero, con la participación de Liu, Ramírez y en representación de la empresa, Ricardo Weyll, Mauricio Cruz, Rogerio Bautista y Ricardo Escobar.

El saliente procurador Jorge Ramírez, aclaró que él no llamó al entonces ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, para la reunión con representantes de Odebrecht sino la propia ministra de Justicia.

Cabe recordar que el presidente Martín Vizcarra dijo que recién se enteró de la demanda de Odebrecht la semana pasada pero ahora se sabe que el gobierno estuvo enterado desde diciembre.

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En el documento, firmado por el procurador general del Estado Daniel Soria Luján, se detalla que la decisión de apartar a Jorge Ramírez Ramírez del cargo fue tomada ayer en sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado.

Sin embargo, en la resolución no se especifican las razones de esta separación, limitándose a agradecerle “por los servicios prestados”. No obstante la decisión se toma días después que Odebrecht demanda al Estado ante el CIADI por un monto de 1,200 millones de dólares.

Fue Ramírez quien se encargó de negociar con Odebrecht el proceso de delaciones y negociación para que se revelen los nombres de los principales implicados en la corrupción y entregas de dinero.

Jorge Ramírez fue duramente criticado en los últimos días tras conocerse que solicitó al exministro de Energía y Minas Juan Carlos Liu atender a representantes de Odebrecht, que tenía la intención de recuperar la concesión del Gasoducto Sur Peruano.

“Este tipo de conductas nunca se ha visto en un procurador. (…) Definitivamente él ha utilizado su cargo de procurador para patrocinar intereses, en este caso de Odebrecht, ante el ministro”, dijo la exprocuradora Katherine Ampuero.

También investigado

Cabe recordar que Ramírez también está siendo investigado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Funcionarios Públicos por el monto de reparación civil que deberá pagar la empresa Odebrecht al Estado Peruano.

Dicha investigación contra Ramírez se dio tras la denuncia del procurador anticorrupción, Amado Enco, ante el Ministerio Público, por presuntamente haber favorecido Odebrecht en el acuerdo de colaboración eficaz por cuatro proyectos en los cuales han admitido actos ilícitos.

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La decisión del abogado del Estado ocurre luego que el titular de la Comisión Permanente interpusiera una demanda competencial y medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de la disolución del Congreso decidido por el presidente Martín Vizcarra.

«Solicito se disponga aperturar investigación preliminar contra Pedro Carlos Olaechea Álvarez Calderón y los que resulten responsables por el delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones«, se lee en el documento difundido por Canal N.

En la solicitud se especifica que esta decisión la toman porque Olaechea presentó la demanda competencial contra el Poder Ejecutivo y una medida cautelar con la que pide que se deje sin efecto la disolución del Parlamento.

“Se puede evidenciar que el denunciado viene ostentando un cargo que no le corresponde al presentarse como presidente del Congreso de la República”, indica el pedido precisando que el único cargo que tiene es el de titular de la Comisión Permanente del Parlamento.

Pedro Olaechea responde

Al respecto Pedro Olaechea, presidente del disuelto Congreso de la República, se pronunció luego de que el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Cosavalente Chamorro, solicitara a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, disponer el inicio de una investigación preliminar en su contra.

A través de su cuenta de Twitter, expresó su «firme compromiso de defender la Constitución y el Estado de derecho en el Perú«. «Acciones como estas no me harán retroceder en ello», aseguró.

Pedro Olaechea dijo que le sorprende que ahora el presidente de la República, Martín Vizcarra, «busque evitar que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre la demanda competencial cuando antes dijo que acogería y respetaría su decisión».

«Organismos como la OEA y la Defensoría consideran que el TC debe dirimir las controversias sobre la disolución del Congreso. ¿El presidente intenta hacer de juez y parte en este asunto?», se preguntó.

En esa línea, el titular de la Comisión Permanente enfatizó que la Constitución establece que el intérprete supremo de la Carta Magna es el Tribunal Constitucional y no el jefe del Estado ni el Congreso.

«El presidente Vizcarra pretende negarle al Congreso el acceso a la justicia basándose en que está disuelto: justamente el punto sobre el que se busca que la justicia dirima. Se trata de una arbitrariedad por donde se le mire», glosó en otra publicación.

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Según comunicado, la presidencia del CDJE precisa que la resolución suprema donde se confirma el nombramiento del abogado Jorge Miguel Ramírez Ramírez, será publicada en el Diario Oficial El Peruano.

Agrega que Jorge Miguel Ramírez Ramírez es magíster en Ciencia Política, abogado penalista con sólida formación académica y amplia experiencia en derecho penal, proceso penal y gestión pública.

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Asimismo laboró en la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) en el periodo 2011-2015, y, desde abril del 2017, es abogado senior en la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, teniendo a su cargo casos emblemáticos como el de la Línea 2 del Metro de Lima.

Según el comunicado, Jorge Miguel Ramírez Ramírez deberá presentar en 15 días un informe sobre la situación del caso Odebrecht y las acciones inmediatas a tomar, en el marco legal vigente, entre ellos el Decreto de Urgencia Nº 003, destinado a la continuidad de proyectos de inversión, evitar el rompimiento de la cadena de pagos y garantizar una reparación civil justa al Estado en casos de corrupción.

Ramírez reemplaza en el cargo a la exprocuradora Katherine Ampuero, a quien la ministra de Justicia, María Soledad Pérez Tello, retiró su confianza.

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Yo quiero recordarle al gobierno que las Procuradurías, y en este caso la de Anticorrupción que está a mi cargo,  no somos sus abogados, somos  abogados del Estado y nuestra función es defender los intereses del Estado. En este tema, de Chinchero, la Procuraduría considera que la Adenda ha resultado altamente lesiva a los intereses del Estado y por esa razón  hemos pedido la ampliación de las investigaciones, así que lamento que a algunos no les parezca el trabajo o la decisión que hemos  tomado, pero ese es nuestro deber», aseguró el procurador..

Señaló que la Procuraduría Anticorrupción ha encontrado elementos de relevancia penal para pedir que se abra investigación preliminar contra el titular del MTC, la viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, y a Carlos Vargas Loret de Mola, presidente de Kuntur Wasi (empresa concesionaria de la obra).

“Nosotros para efectuar este pedido (de investigación)  hemos trabajado mucho durante los últimos días, revisando toda la información, analizando el contrato y la Adenda para la ejecución de Obras del aeropuerto de Chinchero  y hemos visto por conveniente, ante la existencia de una serie de elementos que le dan relevancia penal a estos hechos,  hacer un pedido al Ministerio Público para que amplié las investigaciones, en torno a quienes han tenido participación en el proceso de negociación y firma de esta Adenda. Es lo que correspondía hacer, ese es el trabajo de la Procuraduría”, precisó.

Ante el hecho de que el premier Zavala haya solicitado al Consejo de Defensa Jurídica del Estado  – a cargo del Ministerio de Justicia – de que revise la calidad de las denuncias de los procuradores y tome acciones correctivas, Enco fue enfático en expresar que él no se aferra al cargo, y que si el Estado quiere tener un procurador anticorrupción a su gusto que lo ponga, pero que él no se va a dejar intimidar.

“A mí no me intimidan las declaraciones que ha vertido el premier, nosotros seguimos trabajando, pero si es que  el gobierno requiere tener un procurador a su medida anticorrupción que lo haga, mi cargo está a disposición, yo no me aferro a él. Este es un trabajo complejo, difícil, poco entendido; que lo hemos asumido con la convicción de trabajar por el país, de  contribuir en la lucha anticorrupción y defender los intereses del Estado independientemente de quienes sean los funcionarios que se vean comprometidos en estos hechos”, sostuvo.

Por último, Amado Enco dejó en claro que este sólo es un pedido de investigación y no una acusación y que además, a Procuraduría no determinará si existe o no delito, hecho por el cual, no entiende el temor del Ejecutivo.

“La Procuraduría no es la que finalmente va a determinar si hay o no delitos, si hay o no responsabilidad, No somos nosotros los que vamos a acusar o sentenciar, no estamos hablando a ese nivel todavía. Este es un pedido de investigación preliminar y yo no entiendo cuál es el temor de algunos representantes del gobierno de que se someta a consideración del Ministerio Público a fin de que se haga una investigación exhaustiva y se determine frente a qué situación nos encontramos en términos de connotación penal”, aseveró. .

Foto: AMERICA TV.

Por: Luis Miguel Guerrero Dávila.

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Como se recuerda esta semana, la prensa del Brasil también sacó a la luz el nombre de Zaida Sisson, una lobbista que se reunió con Velásquez Quesquén y el propio García Pérez.

Al respecto el procurador anticorrupción, Joel Segura, anunció este jueves que solicitará que se investigue los presuntos nexos que habría entre el caso Lava Jato en Brasil con funcionarios del segundo gobierno aprista presidido por Alan García Pérez.

Lava Jato es la operación contra la corrupción desplegada por las autoridades de Brasil, que ha motivado la detención que altos directivos de empresas brasileñas y políticos como José Dirceu, exbrazo derecho de Luiz Inácio Lula Da Silva, implicados en presuntos actos irregulares con empresa de ese país.

Esta semana, la prensa sacó a la luz el nombre de Zaida Sisson, esposa de un exministro aprista y cercana a Dirceu, quien es acusada de haber realizado gestiones para favorecer con contratos a firmas brasileñas en el gobierno anterior.

«La información ha salido ayer y hoy (miércoles y jueves), entonces está en este proceso. Claro que sí (pediré una investigación), ese es el deber de la Procuraduría”, dijo Segura en Ideeleradio.

Refirió también que no se descarta que los nombres que van saliendo sean convocados en la investigación que se pueda llevar a cabo; no descartó, entre ellos, al expresidente Alan García, y al exjefe del Gabinete Ministerial, Javier Velásquez Quesquén.

Asimismo, refirió que evalúa viajar a Brasil para recabar mayor documentación respecto al caso «Lava Jato» y su vinculación con el Perú; y por lo pronto recaban información a través de la Oficina de Cooperación de la Fiscalía.

“Nosotros, a través de ella, tenemos que canalizar nuestros pedidos y trabajar unas estrategias que ya más tarde las vamos a comunicar, el viaje no está descartado»,  agregó el abogado del Estado.

Precisó, además, que esto será trabajado con mucha reserva teniendo en cuenta que hay empresas poderosas y partidos en el medio de todo, y lo que más quieren es la información.

La entrada Lava Jato: Procuraduría pide investigar nexos con el Perú se publicó primero en Periodismo en Línea.

En Buenos Días Perú, Galindo adelantó que recusará y denunciará a los vocales Víctor Valladolid Zeta, Olga Inga Michue y Vásquez Bustamante, ante la OCMA y otras instancias por abrir las rejas a Alfredo Crespo -abogado de Abimael Guzmán-, Carlos Alfonso Gamero Quispe, Walter Andrés Huamanchumo Morante, Olmer Lenon Apac Vega y Fernando Claudio Olórtegui Crispín, así como Edwin Genovés Canchari y Cindy Raimondi Soto.

«Este fallo fortalece al Movadef porque los benefician con derecho a ser juzgados en libertad, ahora van a decir que ganaron la batalla legal. Lamentablemente el presidente del PJ (Enrique Mendoza) ha dicho que respeta la decisión de sus jueces y que procura que los reos sean juzgados en libertad», cuestionó Galindo.

Galindo rechazó que no se hayan valorado las pruebas del Ministerio Público y considere que una prueba que la subversión sigue viva son las pintas aparecidas en Ayacucho donde Sendero Luminoso celebra con la «hoz y el martillo» esta decisión judicial.

La entrada Procurador Galindo: «Recusaremos a jueces que liberaron a cúpula del Movadef» se publicó primero en Periodismo en Línea.

Recientemente se supo que Álvarez pediría asilo político para no responder ante la justicia por las denuncias de sicariato y la muerte de al menos nueve rivales políticos. 

«Es necesario como medida complementaria que se impida la salida de Alvarez, hay versiones que no descartan un pedido de asilo político a varios países», anotó Salas en diálogo con RPP.

El procurador añadió: «Nosotros como fiscalía especializada ya estamos acostumbrados a recibir ese tipo de respuesta. Nos gustaría recibir más bien un tipo de respuesta más jurídica o legal en lugar de este tipo de argumentaciones que creo yo que ya no convencen a nadie». 

Pero quienes también serían denunciados son los denominados «periodistas comando» que eran pagados por la región Ancash para publicar noticias a favor de la imagen de Álvarez y difamar a sus rivales.

Cabe recordar que el término «comando» está asociado al legislador Heriberto Benítez, apodado «Comando», quien además es actual colaborador de Álvarez.

La entrada César Álvarez: Piden impedimento de salida del país para presidente regional se publicó primero en Periodismo en Línea.