Vela respondió así al comunicado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada en el que respaldan a los jueces superiores que dispusieron la liberación de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular y denuncian “que han venido siendo pasibles de menoscabo en su honorabilidad”.

“Si el propósito era de buscar mandar algún mensaje, yo creo que se equivocan completamente. Nosotros vamos a seguir en la misma línea, no de ser pusilánimes ni tampoco de tener una actitud irrespetuosa. Por el contrario, nosotros actuamos dentro de la ley, y vamos a seguir analizando y criticando todas las decisiones en orden de las pretensiones materiales del Ministerio Público, que es una institución constitucionalmente autónoma”, dijo en diálogo con el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Vela recordó que todos los que litigan activamente saben que los jueces, cuando toman una decisión, hablan con sus motivaciones en las resoluciones judiciales, las cuales pueden ser objeto de crítica.

“Es decir, la motivación de la resolución judicial es la que tiene que ser objeto de crítica, porque de otra manera estaríamos más bien en un campo dentro del cual hablamos no de justicia de seres humanos, sino de deidades y de soberbia y eso es inadmisible dentro de un sistema de administración de justicia”, apuntó.

Derecho a analizar

Rafael Vela Barba aseguró que la crítica a las decisiones judiciales siempre ha sido de manera alturada y desde el punto de vista formal, legal e institucional. El magistrado dijo estar sorprendido por el tenor del comunicado de la Corte ya que la Constitución señala que, en el marco del ejercicio de la función pública, existe el derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las decisiones judiciales.

“[¿Qué opina sobre este comunicado de la sala?] Realmente sorprendidos. En principio, no sabemos si es una comunicación de parte de la Presidencia de la Corte Penal Nacional o [se trata] de más bien de una expresión de incomodidad respecto de los integrantes de la sala, que están dentro de las circunstancias de un caso de muy alto perfil, y el derecho de análisis y crítica de las resoluciones judiciales de los ciudadanos, de los periodistas, de los abogados, de todos quienes tienen algún tipo de declaración a lo que se ha resuelto, eventualmente puedan ellos con muy poca tolerancia incluso hasta amenazar en algún sentido a quienes tienen una posibilidad de criticar y analizar estas resoluciones, de acuerdo a lo que dice la Constitución, porque el artículo 139 de la Constitución Política es bastante claro”, señaló.

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Fue al comentar la denuncia hechas por el fiscal José Domingo Pérez, respecto a «actos de infiltración» en el trabajo que realizan y donde, además, solicitan una evaluación continúa del personal del equipo especial.

«Inmediatamente pedimos un informe de seguridad sobre los procedimientos internos, porque el edificio donde operamos es compartido y no es exclusivo del Ministerio Público y hay ingresos de muchas personas que no se registran dentro de los procedimientos regulares. Y, además, estamos tratando de ajustar al máximo las respuestas inmediatas para poder detectar cualquier tipo de infiltración o menoscabo de seguridad interna para el resguardo de la información que tenemos», manifestó en Canal N.

En ese sentido, refirió que el equipo especial Lava Jato estará atento a cualquier tipo de infiltración de información, porque se maneja documentación bastante sensible que está bajo procedimientos reservados, por lo que es necesario «estar siempre vigilantes».

«Venimos recibiendo información sensible y se tiene que ajustar los procedimientos de resguardo de información y confidencialidad y nunca se peca de excesos cuando se trata de este tipo de casos y también sirven para poner alerta hacia adentro y hacia afuera también donde eventualmente se realizan estas prácticas de reglaje», aseguró.

La denuncia de Domingo Pérez

José Domingo Pérez, fiscal del equipo especial para el caso Lava Jato, denunció «actos de infiltración de informantes» en dicho grupo, cuyo propósito -dijo- sería «entorpecer y obstruir» las investigaciones de los casos de corrupción y lavado de activos vinculados a Odebrecht.

Con ese objetivo, Pérez presentó el informe 64-2019 al fiscal coordinador Rafael Vela. El documento está fechado el 12 de setiembre y consta de cinco páginas.

Como «recomendación», el fiscal le plantea a Vela la «evaluación continúa del personal del equipo especial» y «adoptar procedimientos de identificación y control de usuarios y abogados litigantes en sus oficinas».

Al sustentar su posición, José Domingo Pérez menciona mensajes de las cuentas de Twitter LaResistenciaR2, entre otros, sobre la presencia, en las oficinas del equipo especial, de la abogada Lourdes Carreño. Según el fiscal, los tuits buscan «intimidar».

Añadió que Carreño «sostiene entrevistas indistintamente» con los fiscales del equipo especial como apoderada de la empresa Odebrecht.

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Según Semana Económica, el balance del poder en el Perú no varió sustancialmente en el último año según la XXXIX Encuesta del Poder y -por segundo año- todavía no aparece en el escenario político una figura que esté casi al mismo nivel que Vizcarra.

«Pese a que concentra mayor poder, el Jefe de Estado, cuyo único respaldo es la ciudadanía, parece hoy más vulnerable por su gestión del conflicto social por el proyecto Tía María y la potencial reapertura de una investigación fiscal por Chinchero«, señala la publicación.

No obstante quien no se consolida con poder pese al importante cargo que ocupa, es el jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar (57% en la encuesta), quien sólo le lleva un punto a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (56%).

Como se recuerda esta última está en prisión, en el marco de una medida de detención preventiva porque habría recibido aportes de la empresa brasileña Odebrecht, al igual que otros políticos.

La Encuesta del Poder 2019 reveló que la élite empresarial enfrenta el desafío de hallar una figura renovadora y garante de estabilidad para las próximas elecciones general “en un contexto de desafección política”.

El presidente del Congreso, Pedro Olaechea, quien recién se estrena en funciones, sólo obtiene un 40% del poder en el país, en medio de una exigencia ciudadana de cierre del Congreso de la República.

Este poder del Estado es duramente criticado porque no es productivo, pero además por el papel de la bancada fujimorista que con apoyo del Apra, ha tomado cuestionadas decisiones, en especial la de otorgar cierta impunidad a polémicos personajes como el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y a exjueces como César Hinostroza.

Rafael Vela Barba, el jefe del equipo especial de fiscales del caso Lava Jato, aparece en quinta posición y se destaca lo avanzado en la lucha anticorrupción y el caso Odebrecht que permitió ejecutar órdenes de prisión contra la mayoría de personajes políticos por presuntamente recibir aportes de la empresa brasileña.

El periodista Gustavo Gorriti aparece con 30% en la encuesta del poder y es básicamente por la publicación de contenido que implicó a personajes diversos no sólo con el caso Lava Jato, sino con «Los Cuellos Blancos del Puerto», que implicó a jueces y fiscales del más alto rango.

Fue así que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que nombraba y ratificaba jueces, dejó de existir y aún está pendiente que se elijan a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Aquí el total de la lista de los 30 más poderosos del Perú, según Semana Económica e Ipsos.

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En declaraciones a Peru 21, Rafael Vela recordó que se trata de una decisión judicial y por ello el mandatario Martín Vizcarra debe acatar sino habría una clara intromisión.

“Se trata del presidente constitucional de la República, que es el primer funcionario que debe acatar las decisiones de carácter judicial sin entrometerse, sin intromisiones. En esa medida hemos contestado (también) que las opiniones del presidente del Poder Judicial deberían guardar prudencia y no entrometerse en asuntos que son de carácter estrictamente técnico”, comentó el fiscal.

“Lo que pensamos es que no debería existir ningún nivel de opinión como sí puede existir en cualquier ciudadano. No estamos hablando de cualquier ciudadano, estamos hablando del presidente del Poder Judicial, del presidente de la República o de cualquier otro órgano que puede ejercer jurisdiccionalidad”, remarcó.

Al ser consultado por el reciente interrogatorio a Jorge Barata y a Ricardo Boleira, en Brasil, el coordinador del equipo especial Lava Jato evitó hacer algún comentario específico, pero resaltó la “relevancia” de los expresado por los representantes de Odebrecht.

“Se sigue presentando información relevante, no solo de carácter testimonial sino también documental, que demuestra todas las operaciones financieras ilegales vinculadas a graves casos de lavado de activos y de corrupción en el país”, dijo Rafael Vela.

Adelantó, además, que hay cincuenta aspirantes a colaboradores eficaces nacionales, personas naturales, y cinco personas jurídicas nacionales y extranjeras. “Lo que se necesita es que toda esta información sea corroborada, se culminen los procesos de colaboración eficaz y esa prueba sea oponible también a los abogados de los investigados”, sentenció.

Rechaza denuncia de Amado Enco

En otro momento el fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, se pronunció sobre la denuncia del procurador anticorrupción, Amado Enco, contra Jorge Ramírez, procurador ad hoc para el caso Odebrecht y otros, que consideró debe ser “rechazada de plano”.

“Nos sorprende este tipo de discordancias. Nosotros hemos sometido un acuerdo de colaboración eficaz a la legalidad del Poder Judicial. (…) En el plano técnico rechazamos que se haya podido cometer algún tipo de irregularidad porque la jueza no lo habría permitido. El procurador público ha estado integrado en ese esfuerzo colectivo; (…) desde esa perspectiva nos resulta sospechosa e incómoda esta denuncia que, nos parece, debe ser rechazada de plano”, dijo en entrevista con Perú.21.

“Lo que el procurador Enco estima seguramente es que se pudieron haber obtenido mejores condiciones, pero es una aseveración carente de conocimiento de las circunstancias en que se llevó a cabo esta negociación”, sentenció.

Amado Enco denunció ante el Ministerio Público a Jorge Ramírez por supuestamente haber favorecido a la constructora brasileña Odebrecht en el acuerdo de colaboración eficaz por los cuatro proyectos en los que han admitido actos ilícitos.

“Las coincidencias son parte del análisis también porque estamos hablando de un caso que tiene ramificaciones y consecuencias colaterales. Nosotros estamos vigilantes ante un acontecimiento de esa naturaleza y, por supuesto, también mostramos nuestra preocupación por lo inconveniente que resulta”, sostuvo Vela.

El fiscal superior consideró que declaraciones políticas sobre el caso, como las del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, quien dijo que estas acusaciones están en el marco de la legalidad, “nos preocupan y nos parecen imprudentes, porque no se trata de la opinión de cualquier ciudadano”.

“Se trata de la opinión de un ministro, de un presidente constitucional, del presidente del Poder Judicial y todo eso es, evidentemente, un mecanismo dentro del cual se puede interpretar cierta presión sobre quienes tienen que decidir de forma autónoma. (…) Estas declaraciones no contribuyen a tener un clima estrictamente técnico y nosotros interpretamos que son inadecuadas e imprudentes respecto al momento en que vivimos”, se quejó Vela.

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Detalló que los interrogatorios que se realizarán en la ciudad de Curitiba permitirán obtener más información valiosa sobre las investigaciones sobre corrupción tras la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht.

Una de las declaraciones que la fiscalía considera claves, es la del representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata.

“De lunes a viernes vamos a tener importantes declaraciones que se realizarán en Curitiba y luego en marzo es la declaración de Jorge Barata”, señaló en Canal N.

Rafael Vela, destacó además que tras el acuerdo de colaboración eficaz, la Fiscalía tendrá acceso a las informaciones de los sistemas «My Web Day» y «Drousys», a través de los cuales Odebrecht solicitaba, procesaba y controlaba las operaciones para el pago de sobornos.

Acuerdo clave

En la víspera el equipo especial del caso Lava Jato firmó en Brasil el acuerdo de colaboración eficaz con representantes de Odebrecht y exfuncionarios de esa empresa, que permitirá la entrega de pruebas y testimonios para las investigaciones en los graves casos de corrupción en el Perú.

Vela subrayó que con la firma de este acuerdo se avanzará de manera más rápida con las investigaciones del caso Lava Jato porque se podrá acceder a las pruebas de forma más directa.

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Los fiscales del equipo especial Lava Jato Rafael Vela y José Domingo Pérez, así como el procurador del caso Jorge Ramírez, viajarán mañana a Sao Paulo (Brasil) para firmar dicho acuerdo.

A ellos se sumará Silvana Carrión, procuradora adjunta de Ramírez, quien arribará hoy a Brasil.

El acuerdo se firmará este viernes 15 en el consulado del Perú en Sao Paulo. En la reunión, además de representantes de la constructora, estarán los ex ejecutivos que los fiscales peruanos interrogarán entre el 18 y el 22 de este mes.

Ellos estarán con sus abogados, ya que también suscribirán el documento. Asimismo, participará Jorge Barata, quien declarará a los fiscales del 12 al 14 de marzo.

Los compromisos

Según El Comercio, el acuerdo además compromete a la compañía brasileña a entregar documentos relevantes sobre el pago de coimas a funcionarios peruanos.

Esto incluye la información de los sistemas My Web Day y Drousys, softwares corporativos en los que se solicitaban, procesaban y controlaban las operaciones del Departamento de Operaciones Estructuradas.

Los otros miembros del equipo especial, los fiscales Germán Juárez, Geovanna Mori y Carlos Puma, viajarán a Brasil la próxima semana. Elmer Chirre, fiscal que investiga al ex gobernador de Áncash César Álvarez, acompañará a la comitiva.

Interrogados

Son siete los ex directivos de Odebrecht que declararán a la delegación peruana en los próximos días.

El lunes 18, se interrogará a Marcos de Queiroz Grillo, ex encargado de generar recursos económicos para la caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, y a José Vieira Spinola, presunto intermediario para la realización de los pagos de la caja 2.

Ellos declararán sobre su participación en los pagos a cambio de la licitación del metro de Lima y del Decreto de Urgencia 032-2009, impulsado por Alan García y su entonces ministro de Transportes Enrique Cornejo, quien habría facilitado que el consorcio formado por Odebrecht y Graña y Montero ganara la licitación del proyecto.

El mismo día se tomará la declaración de Luiz Fernando de Castro Santos, ex gerente general del tramo 3 de la carretera Interoceánica Sur, por el contrato de asesoría técnica que se firmó con Westfield. Por este se pagó US$300 mil a la empresa de Pedro Pablo Kuczynski. Asimismo, hablará sobre el presunto soborno de US$20 millones a Alejandro Toledo por las licitaciones de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur.

El martes 19 responderá Sergio Nogueira Panicali, ex secretario de la junta de accionistas del consorcio Conirsa. Nogueira además declarará por los casos del gasoducto sur peruano, Odebrecht-Westfield, la línea 1 del metro de Lima, entre otros.

Un día después, Igor Braga Vasconcelos, ex apoderado de Odebrecht, contestará sobre el presunto pago de US$4 millones en sobornos a Félix Moreno a cambio de favorecer a Odebrecht en la licitación de la Costa Verde del Callao. Según la fiscalía, Braga fue el representante de la constructora que habría direccionado las bases del concurso de la obra en favor de la empresa.

Luiz da Rocha Soares, tesorero internacional de Odebrecht, es quien habría realizado coordinaciones para las transferencias de dinero de la compañía en la Banca Privada de Andorra (BPA). Su testimonio será clave para los casos del ex vicepresidente de Petro-Perú Miguel Atala, el ex gerente de seguridad de la Municipalidad de Lima Gabriel Prado Ramos y el del empresario Gonzalo Monteverde, quienes recibieron depósitos de Odebrecht en la BPA.

Raymundo Trindade Serra, ex gerente general de Odebrecht Ingeniería y Construcción y ex director de Relaciones Institucionales de la firma, también es clave para las investigaciones. Por sus funciones, intervino en los procesos de licitación de obras en el ámbito nacional.

El ex ejecutivo responderá sobre el presunto soborno a Félix Moreno por la Costa Verde del Callao, la presunta solicitud y recepción de US$3 millones de Susana Villarán para la campaña por el No a la revocación, la participación de Odebrecht en el ‘club de la construcción’, los arbitrajes a favor de Odebrecht, el aporte a la campaña de Jorge Acurio, las irregularidades en la construcción de la vía de evitamiento del Cusco, entre otros.

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En diálogo con RPP, Vela informó que viajará a fines de enero en compañía de los fiscales provinciales José Domingo Pérez y Norma Geovana Mori Gómez para recoger » información valiosa».

«Ellos [los fiscales] tienen una agenda de trabajo propia. Han estructurado todo su esfuerzo de averiguación y cuentan con todas las facilidades», remarcó.

En ese sentido, destacó que el viaje es posible gracias al convenio con autoridades extranjeras que permiten activar mecanismos de cooperación internacional.

Como se recuerda Andorra es un paraíso fiscal que fue utilizado por los operadores de Odebrecht para lavar dinero y ocultar el rastro de transferencias y depósitos.

Verán filtraciones

De otro lado, anunció que se ha previsto que se inicie una investigación al interior del Ministerio Público, ante la posibilidad de que la filtración de algunas páginas del preacuerdo de colaboración eficaz con la empresa brasileña Odebrecht hayan provenido de la propia fiscalía.

«Es posible que haya sido filtrado de la fiscalía, por esa razón hemos tomado la responsabilidad de iniciar una investigación exhaustiva sobre la posibilidad de que se haya filtrado del Ministerio Público«, sostuvo.

«Yo no puedo avalar nada del contenido de esa filtración, pero tengo la responsabilidad, como jefe del equipo especial, de dar todas las explicaciones necesarias en lo que ha sido la negociación y sus acuerdos», señaló.

Vale anotar que a través de redes sociales se filtraron, a inicios de esta semana, algunas presuntas páginas del preacuerdo de colaboración eficaz con la empresa brasileña Odebrecht.

Rafael Vela indicó que no puede admitirse este tipo de filtraciones, puesto que buscarían alterar las «estrategias de investigación del Ministerio Público».

«No puede admitirse la filtración de los actos de corroboración, el documento final que se presenta al juez, [pues] contiene información que tiene que ser estrictamente reservada, no solo por la seguridad de quienes intervienen, sino fundamentalmente por las estrategias de investigación del Ministerio Público», señaló.

En otro momento, Rafael Vela afirmó que el fiscal José Domingo Pérez buscará finalizar la investigación a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, este año para proceder a acusar.

En ese sentido, dijo confiar en que el Poder Judicial resuelva su apelación a la remoción del juez Richard Concepción Carhuancho y explicó que lo que el equipo especial busca con ello es «el respeto al magistrado natural del caso».

«El lunes será la audiencia contra los jueces superiores que cambiaron al juez Concepción. Nosotros no buscamos un juez, lo que defendemos es el principio del juez natural del caso», sentenció.

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Según explicó en el programa Cuarto Poder, dentro del desarrollo de allanamientos puede haber incidencias que requieren ser complementadas, verificadas o confirmadas con una diligencia adicional, que es lo que está ocurriendo.

«Lo que ha decidido el juez Richard Concepción Carhuancho es complementar lo anteriormente hecho (la diligencia del viernes) a partir de información puesta en su conocimiento, y es lo que está en plena ejecución en estos momentos», detalló.

Recordó que como equipo especial cumplen un plan estratégico y solicitan medidas legales como allanamientos, y es el juez quien verifica su contenido y los argumentos expuestos por el fiscal.

«Si los considera razonables y proporcionales ordena esta medida», comentó. La diligencia es encabezada por el fiscal José Domingo Pérez.

Justifica acción de inteligencia

Asimismo, aseguró que el trabajo previo de inteligencia, hecho por parte de la Policía en las oficinas del asesor de Chávarry, es habitual y legal en el marco de una investigación.

«Es absolutamente legal todo lo hecho en lo previo y lo posterior, es parte de un trabajo policial profesional», enfatizó Rafael Vela.

Asimismo, recordó que el fiscal de la Nación no se encuentra en calidad de investigado, pero existe la necesidad de averiguar información vinculada «a elementos que se dan en la carpeta de investigación a Keiko Fujimori y otras personas».

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La movilización en Lima se inició a las seis de la tarde y tuvo como punto de concentración la Plaza San Martín, luego intentaron llegar a la sede del Ministerio Público.

Los ciudadanos, provistos de carteles, recorrieron las avenidas Colmena, Wilson, Paseo Colón, Grau y Abancay y llegaron a la sede principal de la Fiscalía del Ministerio Público alrededor de las ocho de la noche.

El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Jorge Bracamonte, señaló que están a favor de que se declare en emergencia la Fiscalía y pidió que el Congreso deje de blindar a Pedro Chávarry, acusado de integrar la organización criminal ‘Los cuellos blancos del puerto’.

La actitud del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, no ha sido del gusto de los ciudadanos, quienes han pedido que sea sacado del Ministerio Público por las decisiones que tomó en perjuicio del Equipo Especial Lava Jato.

Por ello, este jueves en la tarde se ha convocado a una marcha para exigir la renuncia del titular de esa institución.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), había realizado la convocatoria para la protesta contra la remoción de José Domingo Pérez y Rafael Vela del equipo tras el anuncio dado por Chávarry.

Hasta la puerta de la Fiscalía

“Chávarry escucha el pueblo te repudia, el pueblo sale al frente por un país decente”, corearon los manifestantes al llegar al Ministerio Público.

La marcha partió desde la Plaza San Martín, escenario tradicional de concentración de este tipo de manifestaciones, y se trasladó por las principales avenidas del centro histórico hasta llegar a la sede de la Fiscalía de la Nación, en la avenida Abancay.

En la puerta de esta entidad, en cuyo piso 8 está ubicada la oficina del polémico Chávarry, se realiza un plantón y los cánticos de los ciudadanos han aumentado. Cientos de banderas peruanas y carteles con lemas alusivos a la lucha contra la corrupción son portados por los ciudadanos.

Participan en la movilización diversos colectivos de ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, representantes de partidos políticos, excongresistas y exministros, entre otros.

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La noticia se confirmó tras darse a conocer una resolución firmada por el propio Pedro Chávarry, en en la que se deja sin efecto el retiro de los mencionados fiscales.

Según los considerandos de la resolución, se dejó sin efecto el retiro de Vela y Pérez tomando en cuenta la renuncia irrevocable de los fiscales Frank Almanza y Marcial Paucar a integrar el Equipo Especial del Ministerio Público encargado del caso Odebrecht.

Almanza y Páucar, nombrados por Chávarry en reemplazo de Vela Pérez, renunciaron con el argumento de que el proyecto de ley anunciado por el Poder Ejecutivo para declarar en emergencia a la Fiscalía, implicaría la pérdida de la autonomía del Ministerio Público.

Dicho proyecto, entregado hoy por el presidente Martín Vizcarra al Congreso, planteaba que la Junta de Fiscales Supremos reorganice esta institución.

No obstante, la presión de diversos sectores políticos, sociales y de la ciudadanía en rechazo al retiro de Vela y Pérez empezó el mismo 31 de diciembre cuando Chávarry dio a conocer su decisión, y es pertinente considerarla como un elemento que obligó al titular del Ministerio Público a dar marcha atrás.

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El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que mañana estará presentando un proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público.

Tras rechazar la decisión del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de retirar del caso Lava Jato a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, Martín Vizcarra reafirmó que se usarán todas las herramientas que contempla la Constitución para luchar contra la corrupción en el Perú.

Desde la sede de Palacio de Gobierno, el presidente Vizcarra dijo que está en la necesidad de pronunciarse luego del anuncio realizado por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

“El día de mañana a las 13:00 horas me dirigiré al Congreso de la República y presentaré personalmente este proyecto, como claro gesto de la importancia que mi Gobierno asigna a la lucha anticorrupción”, indicó.

En tal sentido, Martín Vizcarra solicitó que el Congreso considere este proyecto de Ley como materia de la agenda fija dentro de la ampliación de la primera legislatura extraordinaria.

“Exhorto al Congreso a tratarlo con el carácter de urgencia que el caso requiere. De no tratarse con la urgencia debida, nos veremos en la obligación de presentar una cuestión de confianza, debido a que la lucha contra la corrupción representa el eje número uno de la política general de Gobierno”, sostuvo durante un pronunciamiento.

Informó que en el uso de sus atribuciones establecidas en el Artículo 107 de la Constitución Política del Perú, el día de hoy en sesión de Consejo de Ministros extraordinario logró aprobarse dicho proyecto que declara en emergencia el Ministerio Público.

Practicar lucha anticorrupción pide Martín Vizcarra

El presidente Martín Vizcarra recalcó además que la lucha anticorrupción no solo se proclama, sino también se viene practicando, ya que es uno de los cinco ejes de la Política General de Gobierno.

“Como afirmé hace un tiempo, no nos van a doblegar; no van a doblegar a los compatriotas que están luchando contra la corrupción. Usaremos todas las herramientas que la Constitución contempla para derrotarla. Corresponde que todos los Poderes del Estado hagan lo mismo y que prioricen la demanda ciudadana de justicia por encima de cualquier otro interés”, recalcó el presidente Vizcarra.

También indicó que es necesario tener una ciudadanía más vigilante y comprometida con el Perú, ya que al estar unidos se podrá ganar la lucha contra el flagelo de la corrupción.

“El 2019 será un año de grandes retos y a la vez de esperanza y oportunidades para que más peruanos y peruanas se unan a esta lucha para construir un país justo, que merecemos y queremos para nuestros hijos”, enfatizó el mandatario.

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El presidente Martín Vizcarra rechazó hoy de forma enérgica la remoción de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, del Equipo Especial Lava Jato.

Como se recuerda el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, decidió la salida de ambos fiscales que investigaban el caso Odebrecht, al respecto Martín Vizcarra aseguró que desde el Ejecutivo se tomarán medidas.

Según remarcó, se trata de fiscales que estaban a cargo de una investigación sumamente importante en materia de lucha contra la corrupción, y si bien no están de acuerdo con su remoción «tenemos que actuar respetando estrictamente las leyes y la Constitución».

El jefe del Estado dijo a la prensa que se reunirá en breve con el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, y el titular de Justicia, Vicente Zeballos, para analizar el tema y luego de ello dará a conocer lo dispuesto.

“En función del análisis legal, respetando la independencia de poderes, la ley y la Constitución, daremos a conocer las medidas a tomar”, puntualizó el mandatario.

“Las medidas que vamos a tomar responsablemente tienen que ser en base al análisis técnico y legal que recién estamos elaborando con los ministerios correspondientes”, añadió.

Martín Vizcarra pide combatir la corrupción

Martín Vizcarra remarcó que todos los peruanos tienen que trabajar para combatir la corrupción y añadió que desde el Ejecutivo hay decisión sobre ello y la población lo sabe.

El 2019, enfatizó, debe ser el año de la consolidación de la democracia y el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción.

Vizcarra llegó esta tarde a Palacio de Gobierno luego de adelantar su retorno de Brasil, adonde había llegado para asistir a la toma de mando del presidente brasileño Jair Bolsonaro.

El jefe del Estado comentó que se comunicó telefónicamente con Bolsonaro para felicitarlo por el cargo que asume y se disculpó por tener que retornar antes de lo previsto.

Refirió que Bolsonaro estaba enterado de lo ocurrido y respaldó su decisión porque Brasil quiere combatir la corrupción como se hace aquí en el Perú.

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