El procurador anticorrupción Javier Pacheco reveló que el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) aún debe al Estado peruano S/ 51 millones de reparación civil por tres casos en los cuales ya ha sido sentenciado por el Poder Judicial.

Detalló que dicho monto corresponde a las indemnizaciones por el allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal y el pago de la CTS a su exasesor.

“Fujimori ha sido sentenciado y tiene como agraviado al Estado por tres hechos: el tema del allanamiento irregular, la compra irregular de Cable Canal y el pago de la CTS a Vladimiro Montesinos. Por esos tres hechos Fujimori adeuda al Estado 51 millones de soles aproximadamente”, expresó.

Respecto a una supuesta incautación de su pensión como expresidente, Pacheco calificó dicha versión de “completamente falsa”, pues desde que se fugó del país a Japón en noviembre del 2000, no realizó ningún trámite para obtenerla.

“Lo que ha sucedido es que la pensión tiene que ser tramitada por él y desde que se fugó del país no ha tramitado esta pensión tanto como exdocente de la Universidad Agraria, como su pensión en el Congreso como expresidente”, subrayó.

“Si él la tramitase, inmediatamente esa pensión va a ser embargada. Al día de hoy sumaria aproximadamente unos 5 millones de soles”, añadió al precisar que hasta el día de hoy, Alberto Fujimori no registra ningún bien o propiedad a su nombre que pueda ser embargada para ejecutar la reparación civil.+

“Nosotros estamos atentos y pendientes a cualquier acción porque ya se ha revisado en todo el ámbito respecto a los bienes o propiedades que pueda tener para ejecutar un embargo, sin embargo no se ha encontrado ningún bien”, sentenció.

Como se recuerda, el TC aceptó la ponencia de Ernesto Blume, quien planteaba declarar fundado el recurso y con ello se deje sin efecto la anulación del indulto a favor de Alberto Fujimori. La votación fue tres a favor y tres en contra, con el voto de su presidente, Augusto Ferrero, como dirimente a favor del hábeas corpus.

En este caso dicho recurso de habeas corpus fue interpuesto por Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que dejó sin efecto el indulto humanitario.

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“El Código Penal establece que estos derechos son transmisibles a los herederos y a sus bienes que son materia de herencia”, precisó.

San Martín Castro dio estas declaraciones en el programa “Conociendo el Derecho Penal” que conduce el juez supremo Víctor Prado Saldarriaga en el canal Justicia TV donde trató el tema “¿En qué consiste la reparación civil en el proceso penal?”.

El juez supremo remarcó que el derecho de la víctima a cobrar se transmite al heredero, pero aclaró que éste solo puede responder hasta el monto de su herencia, mientras que si se trata de un seguro, este responde por el monto de la prima.

Señaló que de acuerdo al Código Penal y al Código Procesal Penal si el imputado responsable realizó maniobras fraudulentas para deshacerse de sus bienes propios para no responder al pago de la reparación civil, la restitución y la indemnización pueden garantizarse mediante nulidades de transferencia.

RESPONSABILIDAD INDIRECTA

Por otro lado, el juez supremo afirmó que cuando un trabajador al realizar su labor produce un accidente, la empresa a la cual pertenece, se convierte en responsable indirecto y debe responder en vía de solidaridad, en relación con los daños y perjuicios causados por su empleado.

También explicó que la reparación civil, según la última reforma del Artículo 92 del Código Penal es un derecho que corresponde a las víctimas de un delito, en tanto este ha ocasionado un daño a la persona o afecta sus derechos.

“La reparación civil se materializa a través de un monto económico fijado, ya sea en el proceso penal o alternativamente como propone nuestra legislación procesal, puede ser requerido por el propio perjudicado en sede civil”, señaló.

Cabe señalar que el programa “Conociendo el Derecho Penal”, es transmitido los días miércoles a las 21:00 horas y domingos a las 09:00, a través del canal del Poder Judicial Justicia TV.

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Como se recuerda de la Cruz dejó entrever en el programa El Valor de la Verdad, que otras cantantes criollas también trafican con visas a EE.UU.

Al respecto, Bartola anuncia que le exigirá 90 mil soles como reparación civil a de la Cruz por sus expresiones.

Luis Tudela , abogado de Esther Dávila, nombre verdadero de Bartola, aseguró que su representada no dará marcha atrás en el proceso, al sentir que se ha perjudicado su honra, según detalla la web del diario El Comercio.

Recordemos que Lucía de la Cruz dijo que espera la demanda y que ella también sacará a relucir yb con pruebas algunas cosas desconocidas de su colega.

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Un equipo de la Procuraduría y un representante del Poder Judicial (PJ) llegaron a la casa del dirigente del Movadef, brazo político de Sendero Luminoso.

En el inmueble de la avenida Caminos del Inca 3140, en Surco, llegó Julio Galindo de la Procuraduría Antiterrorista.

A Crespo se le impuso en el 2010 una reparación civil de 15.000 nuevos soles, según el Registro de Deudores de reparaciones civiles del Ministerio de Justicia. Trascendió que hasta la fecha solo ha pagado 250 nuevos soles.

En el mismo registro se consigna que su patrocinado, Abimael Guzmán, tampoco ha cumplido con pagar la reparación civil# solidaria de 3’700.000,00 nuevos soles.

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Como se recuerda Boloña adeuda  S/ 2’903,469 por concepto de reparación civil al Estado tras ser condenado por falsedad ideológica, peculado y asociación ilícita.

Se informó que en la vivienda ubicada en la avenida Angamos 1680 en San Isidro, retiran sillones, adornos, electrodomésticos, etc.

Cabe señalar que Boloña sólo ha pagado la suma de S/ 96 mil 530 de la deuda por reparación civil. 

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S/. 3,750 millones 66 mil 700 es la suma total que adeuda la cúpula de 24 terroristas sentenciados por concepto de reparación civil, de acuerdo a una nómina oficial publicada en la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

De ese total, 3 mil 700 millones de soles corresponden a la deuda solidaria contraída por el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reinoso, y los integrantes de esta organización subversiva Elena Yparraguirre Revoredo, Osmán Morote Barrionuevo, Oscar Ramírez Durand.

Asimismo, María Pantoja Sánchez, Margi Clavo Peralta, Martha Huatay Ruiz, Margot Liendo Gil, Angélica Salas de la Cruz, Victoria Trujillo Agurto, Laura Zambrano Padilla y Víctor Zavala Cataño.

En tanto, las deudas que mantienen con el Estado, de manera solidaria, los miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, sentenciados por terrorismo, asciende a 49 millones 996 mil 700 soles.La reparación impuesta a este grupo llega a 50 millones, de los cuales sólo se han cancelado 3,300 soles.

En esta lista se encuentran Víctor Polay Campos, Miguel Rincón Rincón, Peter Cárdenas Schulte, María Cumpa Miranda, Alberto Gálvez Olaechea.

Además, mantienen una deuda de 10 mil soles, cada uno, sin haber pagado un sólo sol, Edgar Chahua Damián, Américo Gilvonio Conde (fallecido), Nancy Madrid Bonilla, Fernando Martínez Sánchez, Max Rodríguez Sánchez, Gabriel Vásquez Aranguren y Emilio Villalobos.

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En declaraciones a RPP Noticias, Arbizu sostuvo que ofició al Congreso de la República y a otras entidades del Estado.

“Hemos solicitado información al Congreso y presidencia sobre las pensiones que este podría recibir, así también a la universidad Agraria (donde ejerció la docencia) para ver si tiene pensión en esa casa de estudios”, dijo Arbizu.

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En declaraciones a TV Perú, Jiménez Mayor ratificó que varios condenados omiten estos pagos que forman parte de sus requerimientos judiciales.

«(Fujimori) Es uno de los deudores, es que no ha cancelado las reparaciones civiles, ni un sol«, dijo.

Añadió que todos somos iguales ante la ley y debemos cumplir nuestras obligaciones legales.

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