Según informe de la SUNAT N° 000015-2020, el monto total de las 158 empresas es de S/9,256,970,935 ; equivalente al 5% del presupuesto público para el año 2021, el 43% de los recursos públicos asignados a la lucha contra el Covid, al 1.3% de las ventas de las 500 mayores empresas del Perú, prácticamente el presupuesto anual del sistema de pensiones y 5 veces más que la deuda de la corrupción fujimorista de los 90’. Se observa que, la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A ha invocado la prescripción de S/2,083,106,484 seguido de Scotiabank Perú SAA con S/1,076,546,420 ; en este orden continúan compañías mineras como: Antapaccay S.A., Las Bambas S.A, Cerro Verde S.A.A entre otras.

“El Tribunal constitucional debe decidir a favor de la sociedad y no de las grandes empresas. Con el dinero de las deudas lograríamos cubrir gran parte del pago a los pensionistas de la ONP, pago a los fonavistas, bono universal y equipamiento en salud para combatir el Covid 19”, sustenta el parlamentario por el Frente Amplio Lenin Bazán.

El Estudio Gálvez & Dolorier que patrocina en temas tributarios a gran parte de estas empresas ha promovido esta declaratoria de inconstitucionalidad. Uno de los socios de este estudio de abogados, José Gálvez Rosasco, fue quien llevó la idea al Colegio de Abogados de La Libertad (CALL), a través de la abogada Martha Bringas Gómez. Después de este encuentro, el exdecano del CALL, Manuel Montoya Cárdenas, el 1 de febrero presenta la demanda de inconstitucionalidad contra la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1421 para que las deudas de las grandes empresas prescriban.

Resulta sospechoso que el exdecano le otorgue facultades generales de representación a los abogados Silvia Muñoz Salgado y José Carlos Gálvez Rosasco, socios del Estudio Gálvez & Dolorier; asimismo, cabe indicar que la casilla de notificaciones y el domicilio procesal en Lima de la parte demandante (CALL) es la misma dirección donde funciona el Estudio Gálvez & Dolorier, en la Av. El Derby 254, Oficina 804, en Surco.

En la Audiencia Pública llevada a cabo en Arequipa el 29 de noviembre de 2019, la señora Silvia Muñoz Salgado participó representando al Colegio de Abogados de La Libertad, cuando mediante Oficio Nº 099-2020/D-MAMG, el decano actual informa al congresista Lenin Bazán y agremiado a ese Colegio, que no existen pagos por parte de la Orden a dicha abogada, es decir, no existe relación laboral con los representantes del demandante.

Además, mediante un comunicado, 16 de setiembre de este año, el Consejo Directivo actual indica que no ha destinado gasto alguno para dicha acción de inconstitucionalidad, y señala que no han sido informados por el abogado a cargo, es decir, la abogada del Estudio Gálvez & Dolorier, que ha venido actuando sin coordinar con su patrocinado y “gratuitamente”.

Es decir, el estudio de abogados que patrocina a los deudores tributarios, buscaron que el Colegio de Abogados de La Libertad interponga la acción de inconstitucionalidad, pusieron su domicilio procesal y abogados “gratis” para defender dicho proceso; actuando sin informar al nuevo Consejo Directivo del CALL. Entonces, el colegio profesional autorizado por la Constitución para interponer acciones de inconstitucionalidad ha sido utilizado y gestionado por privados para intereses distintos a los que debería proteger dicho gremio.

El congresista Lenin Bazán ha denunciado al exdecano Manuel Montoya por faltas éticas cometidas, al haber transgredido los deberes de actuar con lealtad a sus agremiados y el principio de buena fe, pues sospechosamente aprovecha las facultades otorgadas por la Constitución Política del Perú al Colegio de Abogados de La Libertad para favorecer intereses particulares y no orientando su actuación al servicio preferente de la sociedad como lo ordena el Código de Ética del Abogado, y haber utilizado al Colegio de Abogados de La Libertad como un instrumento de las grandes empresas para liberarse de pagar sus impuestos adeudados al Estado.

Además, en el informe solicitado a la SUNAT, se encuentra como una de las principales deudoras a Scotiabank Perú SAA. En este sentido, José Luis Sardón de Taboada, uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, cuyo hermano, Francisco Sardón de taboada, es gerente general de Scotiabank Chile; debería abstenerse de votar como ya lo hizo en abril de 2017 en el caso del Exp. Nº 00222-2017-PA/TC, donde Scotiabank Perú S.A. era parte.

“Existen grandes intereses para declarar la inconstitucionalidad de Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1421. Blume ya presentó su proyecto de sentencia, favoreciendo a las grandes empresas. Todo ello, a pesar que el Colegio de Abogados ya desistió de su demanda. Además, he remitido un oficio al TC solicitando información sobre si el magistrado José Luis Sardón ha realizado algún pedido de abstención o si éste es de conocimiento del Pleno.”, menciona el congresista Lenin Bazán.

Además, el parlamentario ha informado todas las irregularidades de este proceso al presidente del Congreso para que el poder legislativo pueda pronunciarse y ejercer su rol de representante de los intereses ciudadanos. Asimismo, invoca a la ciudadanía a que se pronuncie y estemos todos alertas a la decisión del Pleno del TC, considerando el grave estado de necesidad en el que nos encontramos.

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