Tras una exhaustiva evaluación, se evidenció que se realizaron retiros no autorizados por un total de S/60 000 desde una cuenta de fondos mutuos. Esta acción derivó en multas que, en conjunto, suman S/184 949, equivalentes a 34.57 UIT.

El proceso determinó que el BCP abrió de forma unilateral una cuenta de ahorros a nombre de la usuaria afectada, así como la emisión de una tarjeta de débito sin su conocimiento ni consentimiento.

Este hecho infringe las normativas de protección al consumidor que prohíben modificar condiciones contractuales sin autorización expresa. Por ello, la entidad fue sancionada con 11.60 UIT.

Segunda sanción: Credicorp SAF no aplicó medidas de seguridad

Por su parte, Credicorp Capital SAF, perteneciente al mismo grupo empresarial, permitió cinco transferencias no autorizadas desde la cuenta de inversión de la usuaria hacia la cuenta bancaria abierta de forma irregular por el BCP.

La empresa no implementó mecanismos adecuados para proteger los fondos, incumpliendo su deber de idoneidad en la prestación del servicio. Este incumplimiento derivó en una multa de 22.97 UIT.

Medidas correctivas: devolución de fondos y cancelación de productos

Además de las sanciones económicas, el Indecopi dictó acciones correctivas que buscan restituir los derechos de la usuaria afectada.

Credicorp SAF deberá reembolsar los S/60 000 extraídos, incluyendo los intereses legales, en un plazo máximo de 15 días hábiles.

En tanto, el BCP deberá cancelar de inmediato la cuenta de ahorros y la tarjeta de débito generadas sin autorización.

Cabe resaltar que esta decisión fue emitida en primera instancia administrativa y aún puede ser apelada ante la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi.

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Como se recuerda Alberto Fujimori está preso en la Diroes pero realiza actividades políticas al extremo que le asegura una posición en la lista de candidatos a Crisóstomo Benique.

Al respecto el jefe del Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE), César Cárdenas, informó el inicio de un proceso administrativo sancionador contra el expresidente Alberto Fujimori por coordinar desde el penal de Barbadillo la candidatura al Congreso de un dirigente puneño.

«El Consejo Nacional Penitenciario ha dispuesto el día de hoy que las autoridades del penal de Barbadillo inicien un procedimiento disciplinario administrativo contra el interno Alberto Fujimori. En ese procedimiento se evaluará las implicancias y consecuencias de la acción que hizo. Todos hemos tomado conocimiento del caso a través de los medios”, manifestó el funcionario.

En declaraciones a RPP, el funcionario explicó que la Constitución establece que toda persona privada de su libertad tiene restricciones como la de tener derechos políticos.

«Los internos saben qué cosas pueden realizar y qué cosas no. El procedimiento disciplinario determinará si es que ha habido una infracción y como consecuencia se verá si corresponde una sanción”, añadió.

Esta mañana, Crisóstomo Benique, aspirante al Congreso por la región Puno, confirmó que conversó personalmente con el expresidente Alberto Fujimori en el penal de Barbadillo y que este le propuso ser candidato al Congreso por Fuerza Popular en las elecciones del 2020 con el número 4, aunque finalmente fue excluido por omitir información.

Benique comentó que Fujimori lo llamó para invitarlo para que participe por Fuerza Popular, a lo cual aceptó «gustosamente». No obstante, recordó que anteriormente ya había recibido una invitación similar de parte del excongresista y paisano Moisés Mamani para que participe en este proceso electoral.

Al respecto, señaló que previamente Mamani le ofreció postular con el número 2 ó 1; sin embargo, posteriormente, el expresidente Fujimori le ofreció hacerlo con el número 4, algo que finalmente se concretó hasta que fue excluido del proceso por omitir información.

Asimismo, mencionó que se llegó a reunir con Fujimori en el penal de Barbadillo a pedido del propio expresidente. Según recordó, en aquel encuentro conversaron sobre los avances de un proyecto de agua y desagüe en Juliaca. De igual modo, negó que se le haya solicitado algún pago para postular en los comicios.

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La Comisión de Protección al Consumidor N° 3 (CC3) del Indecopi sancionó, en primera instancia administrativa, a la empresa San Fernando S.A., con una multa total de 454.2 UIT (unidades impositivas tributarias).

Dicha marca fue sancionado por no cumplir con el correcto etiquetado de ocho productos alimenticios que comercializa en el mercado nacional, infringiendo el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

De acuerdo con la Resolución Final N° 106-2018/CC3 del 14 de setiembre de 2018, la CC3 comprobó que cuatro productos investigados: ‘hamburguesa casera de pollo’, ‘paté de pollo’, ‘jamonada de pollo’ y ‘apanado de pollo’, contaban con etiquetas cuya denominación no reflejaba su verdadera naturaleza.

Los motivos

Es decir, su etiqueta indicaba que eran a base de pollo, pero entre sus ingredientes también figuraban la carne y grasa de cerdo, piel de pollo y carne de pavo.

Debido a ello, se le aplicó la multa máxima de 450 UIT, que permite el Código, equivalente a S/ 1 867 500 (un millón ochocientos sesenta y siete mil quinientos soles).

En tales casos, la citada empresa no respetó el artículo 32 del Código, el mismo que establece que “los alimentos deben llevar en su etiquetado de manera destacada la denominación que refleje su verdadera naturaleza, sin generar confusión ni engaño al consumidor”.

Además, la CC3 le impuso a San Fernando una multa de 4.2 UIT equivalente a S/ 17 430 (diecisiete mil cuatrocientos treinta soles) por no señalar el nombre completo del producto en la cara de visualización principal respecto de los siguientes productos:

‘hamburguesa súper de carne’, ‘hamburguesa súper de pollo’, ‘apanado de carne’ y ‘hamburguesa casera de carne’, en tanto su denominación se ubicaba al reverso de este.

En estos casos la citada empresa no cumplió con el artículo 10 del Código, el mismo que establece que “los productos envasados ofrecidos al consumidor deben tener de manera visible y legible la información establecida en la norma sectorial de rotulado correspondiente”.

Cabe destacar que, durante el procedimiento, San Fernando, actualizó el etiquetado de los productos en cuestión, y adicionalmente modificó de manera voluntaria el contenido de sus registros sanitarios.

Las multas a San Fernando

Ambas multas equivalen a S/ 1 884 930 (un millón ochocientos ochenta y cuatro mil novecientos treinta soles). La empresa presentó un recurso de apelación para que la decisión de la primera instancia sea revisada por la Sala Especializada de Protección al Consumidor del Tribunal del Indecopi.

La Comisión recuerda que los proveedores (distribuidores, fabricantes, comerciantes, importadores) de productos son responsables por la correcta denominación, etiquetado, información e idoneidad de estos, pues tienen la obligación de poner a disposición de los consumidores, productos que cumplan con las exigencias que la ley les establece como tal.

El Indecopi da a conocer esta decisión, en amparo del artículo 123 del Código, el cual precisa que “(…) Los procedimientos seguidos ante el Indecopi tienen carácter público.

En esa medida, el secretario técnico y la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi se encuentran facultados para disponer la difusión de información vinculada a los mismos, siempre que lo consideren pertinente”.

En este caso, la información contenida en esta comunicación se refiere a una decisión tomada por la Comisión de Protección al Consumidor N° 3.

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“Recibimos la información de Paolo (Guerrero) y la gente que lo acompañaba (a la reunión con el jefe de Estado realizada ayer en Palacio), de que ellos están iniciando un procedimiento para anular ese laudo arbitral que le confiere esta sanción de 14 meses de suspensión. Para ello, están recurriendo al Tribunal Federal Suizo para solicitar la anulación del laudo por no cumplir la garantía del debido proceso”, afirmó,

Acto seguido, el mandatario remarcó que Guerrero presentará – a través de sus abogados – una medida cautelar para que se suspenda la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte, con la intención de que pueda volver a jugar.

“Mientras que el Tribunal Suizo se pronuncia, (Guerrero) también presentará una medida cautelar para que se suspenda el laudo en ese proceso”, precisó.

Asimismo, Vizcarra indicó que la entrevista que sostuvo con Paolo Guerrero fue solicitada por el propio futbolista. “A iniciativa de él (Paolo Guerrero), recibimos una llamada alrededor del mediodía pidiendo una reunión dada la importancia del tema que es de coyuntura e inmediatamente programamos la cita”, contó.

Agregó que, tras escuchar las explicaciones dadas por los abogados del delantero nacional, le queda claro que la suspensión es injusta, “A las 5.30pm, él vino con su madre, con su novia y con dos abogados y hemos podido escuchar directamente el proceso que ha llevado a esta sanción que nosotros consideramos que es injusto, pues el laudo manifiesta que no ha habido ninguna intención del jugador de doparse y de querer tener una ventaja física. Sin embargo, reconociendo eso el laudo, sanciona una supuesta negligencia con una pena totalmente desproporcionada de 14 meses, cuando la primera sentencia ya había sido cumplida”, detalló.

GOBIERNO APOYARÁ A GUERRERO

Por otro lado, el presidente Vizcarra aseveró que el Estado apoyará a Paolo Guerrero con el seguimiento de su caso en Suiza. “Nosotros tenemos una embajada en la Confederación Suiza con nuestro embajador Enrique Chávez. Lo que vamos a dar es el soporte en cuanto a las gestiones que ellos hagan para que nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, la embajada de Suiza pueda estar a disposición de Paolo y de sus abogados para que este proceso legal que está iniciando en el Tribunal Federal Suizo también sea acompañado por el Estado peruano a través de su embajador”, explicó.

En ese sentido, recordó que las embajadas tienen la responsabilidad y la obligación de atender a los peruanos que están fuera del país. “Con mayor razón este caso, al considerar que el reclamo está plenamente justificado   Hoy día, ya le hemos dado el encargo al Canciller para que haga el seguimiento de todo este proceso y la asistencia a Paolo Guerrero como peruano que está haciendo valer su derecho en la Confederación Suiza”, puntualizó.

DEBES SABER QUE…

En la mañana, Paolo Guerrero se reunió con periodistas de diversos medios para contar su verdad respecto al positivo que dio por benzoilecgonina.

Tras reiterar su inocencia, el capitán del once que dirige Ricardo Gareca manifestó qué acciones tomará para intentar jugar el mundial Rusia 2018 y sentenció que lo que menos quiere es afectar a la selección con su caso.

Entre los colegas que acudieron a la cita se encuentran Mónica Delta y Pedro Tenorio (Latina); Federico Salazar, Verónica Linares y Mávila Huertas (América y Canal N); Marisol García (Panamericana); Milagros Leiva, Panela Vértiz y Beto Ortíz (ATV); Renato Cisneros (RPP); y Nicolás Lucar (Exitosa).

Foto de portada: Secretaria de Prensa del Palacio de Gobierno.

Por Luis Miguel Guerrero Dávila.

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“Hoy recibí a nuestro capitán, Paolo Guerrero, para expresarle mi solidaridad y la del pueblo peruano ante esta injusta decisión del TAS”, escribió en su cuenta twitter el mandatario minutos después de reunirse con el delantero nacional en Palacio de Gobierno.

Cabe resaltar que Paolo Guerrero ha recibido el respaldo de sus hinchas, de sus compañeros de la selección, de ex futbolistas nacionales e internacionales y hasta de la propia Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO); organismo que ha solicitado una reunión de urgencia con la FIFA para hablar del caso de Paolo Guerrero y examinar también el proceso de modificación de las normas antidopajes en el fútbol.

https://twitter.com/MartinVizcarraC/status/996548893671387136

https://twitter.com/luismiguel_gd/status/996552881359769602

Foto: Secretaria de Prensa del Palacio de Gobierno.

Por Luis Miguel Guerrero Dávila.

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Según el noticiero Primera Noticia de ATV, la institución policial ya cuenta con equipos precisos como el llamado cinemómetro para captar los excesos de velocidad que serán ubicados en zonas señalizadas donde se advierte a los conductores a no excederse.

Se informó que ayer se captaron a 21 infractores y hoy cuatro conductores se excedieron. «Esta información queda grabada en la memoria del equipo, generamos un registro que entregamos al SAT con la fotopapeleta y luego esto se remite al propietario», precisó César Pérez Quiroz, Jefe de prevención de accidentes de Tránsito de la Policía Nacional.

El costo de la papeleta por excesos de velocidad es de más de 450 soles según la ley por superar los 89 kilómetros.

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Como se recuerda recientemente el JNE emitió resoluciones sobre el uso de Serpar para propaganda política en favor de la burgomaestre que -según todo indica- intentará la reelección pese a su baja popularidad.

Al respecto Villarán dijo hoy a Canal N. «Les voy a dar la primicia, en la revocatoria tuvimos más de 187 procesos de estos se archivaron 157 y 30 están en trámite, en las elecciones para regidores del 2013 se abrieron 67 procesos y todos archivados, actualmente se han abierto 4 y están en trámite..en ningún momento la alcaldesa ha sido amonestada o tuvo que pagar ninguna multa», dijo Villarán.

Añadió que durante todo el 2013 y desde marzo de este año no se le ha permitido a la autoridad municipal dar cuenta de todas las obras que hace. «Nunca había pasado algo así en toda la historia de la capital de la República, que en un periodo de 3 años cuatro meses hayamos tenido tantas elecciones y tuviésemos que estar impedidos de hacer publicidad, la razonabilidad del JNE han hecho que todo sea archivado», indicó.

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En conferencia de prensa el Jefe del INPE, José Luis Pérez Guadalupe, mostró además pruebas que confirman que los congresistas Julio Gagó y Kenji Fujimori, obstruyeron la labor de funcionarios penitenciarios que pretendieron impedir que declare a la emisora RPP.

«Hasta hace unas semanas el interno Fujimori no tenía sanción alguna porque manejó su conducta de manera correcta. En la actualidad esta vulnerando la normativa penitenciaria..Hace pocos días pidió una entrevista y no se le permitió, se la negó el INPE», recordó.

En ese sentido Pérez Guadalupe remarcó que pese a la respuesta negativa, Fujimori llamó en dos oportunidades a la emisora RPP para declarar.

GAGÓ Y KENJI. En tanto el Jefe del INPE demostró con videos que los congresistas Kenji Fujimori y Julio Gagó, obstruyeron la labor de un funcionario penitenciario que pretendió evitar que continúe la entrevista radial del reo de la Diroes.

Al respecto, Pérez Guadalupe pidió la intervención del Congreso para que actúe en torno a la conducto de los legisladores Fujimori y Gagó. «El señor Gagó incluso recriminó que no se le puede tomar fotos a los congresistas», recordó Pérez Guadalupe.

El titular del INPE recordó además que envió tres cartas al Congreso informando que en lo que va del año se dieron 338 visitas al penal de Barbadillo. 

«No es un interno incomunicado o que no pueda manifestarse, tiene uso del teléfono, ha hecho mal uso del teléfono, es un tema que está de fondo. El interno Fujimori es el más caro del Perú, en dicho penal hay 17 empleados y tiene todas las condiciones que exige un penal para una persona de la tercera edad por problemas de salud, mientras en el sistema penitenciario la situación es complicada», dijo.

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El Consejo Ejecutivo del PJ (CEPJ) acordó la sanción sin goce de haberes al concluir una investigación en su contra por su desempeño como juez superior provisional de la Tercera Sala Superior Penal para Reos Libres de Lima en el caso La Parada.

El órgano de gobierno adoptó esta decisión por unanimidad, sin la intervención del Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, doctor Enrique Mendoza Ramírez, porque en su condición de Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) en el año 2011, fue él quien impuso dicha medida.

Votaron a favor de la sanción los integrantes del CEPJ doctores Vicente Walde Jaúregui, Víctor Ticona Postigo, Bonifacio Meneses Gonzáles, Darío Palacios Dextre y Ayar Chaparro Guerra.

Cargos La medida se impone por haber señalado en forma irregular –cuando integraba el tribunal arriba indicado conjuntamente con el juez Jorge Aguinaga Moreno– fecha para la vista de causa de un pedido de nulidad dentro de un proceso en trámite, haber declarado nula su propia resolución aduciendo que carecía de motivación suficiente, y haber dilatado innecesariamente la tramitación del proceso penal, vulnerando lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El CEPJ estimó que los jueces Urbina La Torre y Aguinaga Moreno incurrieron en irregularidad funcional en el ejercicio de su cargo, por lo que acordó confirmar al medida de la OCMA y hacer efectiva la suspensión. La sanción disciplinaria también fue ratificada al juez Jorge Aguinaga Moreno por el mismo período de tiempo.

La medida será ejecutada inmediatamente después de ser notificada la resolución correspondiente.

Otra sanción Otro de los acuerdos del CEPJ fue ratificar la sanción disciplinaria de suspensión de 15 días impuesta, en diciembre del 2011, por la Jefatura de la OCMA en el marco de otra investigación también al doctor Malzon Urbina La Torre, así como a la jueza Aurora Quintana-Gurt Chamorro.

En este caso, la medida se tiene por cumplida al haber estado ambos ya con medida cautelar de suspensión preventiva.

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Como se sabe, el Decreto Supremo 1150 mencionaba la sanción a las personas del mismo sexo «que causen escándalo o menoscaben la imagen institucional”.

Ahora, con la fe de erratas, se habla de una sanción, por «tener relaciones sexuales (en la institución) que causen escándalo y menoscaben imagen de la institución». 

Ayer el presidente de la República, Ollanta Humala, había evitado pronunciarse sobre el tema y optó por señalar que la PNP debería pronunciarse sobre el mismo.

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Incluso la sanción alcanzará a la persona titular del número telefónico que se utilice para bromear a centrales de urgencias de la Policía Nacional o del Cuerpo General de Bomberos u otra institución administradora de servicios especiales básicos. 

Es decir, las falsas alertas de, por ejemplo, existencia de fuego, bomba explosiva, delito, auxilio médico, violencia familiar, o el hacer más de una llamada para no contestar, ameritarán una multa de 91.25 nuevos soles o la suspensión del servicio telefónico.

Así lo establece la Ley 29924, aprobada por el Congreso de la República y publicada hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Según esta norma, se sancionará con la referida multa –equivalente al 2.5% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

El tiempo de la suspensión del servicio telefónico a los infractores se especificará en el reglamento de esta ley, y en la evaluación del procedimiento sancionador correspondiente.

Estas sanciones se aplican sin perjuicio de la reparación de los daños que ocasione y de la responsabilidad penal o civil que corresponda.

El dispositivo precisa que cuando la llamada se realiza desde un teléfono que pertenece a una persona jurídica, esta es responsable del pago de la multa. Si la llamada es realizada por un menor de edad, sus padres o representantes legales son los responsables.

Aclara también que el infractor asume los costos administrativos que genera la imposición de la sanción respectiva.

El monto que se recaude por las multas impuestas en aplicación de esta ley se distribuirá en partes iguales entre la PNP y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, debiendo ser destinado a la mejora de los servicios de emergencias y urgencias.

El monto que se recaude por las multas impuestas relativas a llamadas malintencionadas efectuadas a otros servicios especiales básicos será destinado al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (Fitel).

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Según una ley aprobada anoche por el pleno del Congreso, aquellos que solventen actividades terroristas o faciliten recursos a la subversión serán dúramente castigados. 

“Este proyecto permitirá al Estado castigar drásticamente el financiamiento al terrorismo”, expresó el parlamentario Octavio Salazar, autor de esta iniciativa.

Según explicó, con esta medida legislativa el Estado Peruano cuenta con una herramienta legal para combatir este delito, tanto a nivel nacional e internacional.

“Aquellas personas que operan en el país o en el extranjero, recaudando fondos para  trasladarlos a los terroristas serán sancionados”, manifestó el legislador por Fuerza 2011.

Detalló que este proyecto establece dos categorías: el primero, denominado leve, será castigado con pena privativa de la libertad no menor de 20 ni mayor de 25 años, mientras que la modalidad agravada, la sanción se eleva de 25 como mínimo hasta 35 años.

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