Según el organismo, esta decisión agrava el aislamiento informativo de la población y limita gravemente el derecho a la libertad de expresión.

La medida fue anunciada por el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz y puesta en vigencia desde el 30 de mayo por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), único proveedor de servicios de internet en la isla.

Establece un tope de 360 pesos cubanos (alrededor de 1 dólar en el mercado informal) como máximo de recarga mensual para acceder a planes de datos móviles.

Con ese límite, los usuarios solo podrán adquirir un paquete básico de 6 GB. Si desean más datos, deberán pagar tarifas desproporcionadas: por ejemplo, 3 GB adicionales cuestan 3.360 CUP, equivalentes a unos 9 dólares, monto que supera ampliamente el salario mínimo mensual en Cuba, fijado en 2.100 CUP (unos 5,5 dólares).

ETECSA justificó el aumento como parte de un esfuerzo para captar divisas que permitan mantener operativa la red de telecomunicaciones. Sin embargo, la SIP alertó que esta política no solo encarece el acceso, sino que también restringe el uso pleno de internet como canal de expresión y fuente de información independiente.

“El acceso a internet es esencial para los derechos digitales, la libertad de prensa y la participación ciudadana. Estas nuevas restricciones ahogan aún más el espacio digital cubano”, afirmó José Roberto Dutriz, presidente de la SIP.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, agregó: “Este tarifazo no solo es una barrera económica, sino también una herramienta de silenciamiento. Se suma al control estatal y a la vigilancia permanente que genera autocensura entre los usuarios”.

Pese a las limitaciones históricas, internet ha sido una herramienta crucial para periodistas independientes, activistas y ciudadanos en Cuba. La SIP teme que estas nuevas disposiciones consoliden aún más el control del gobierno sobre el flujo de información, debilitando el acceso a contenidos críticos y la conexión con el mundo exterior.

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En ese sentido, el Indecopi, en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, lanza la guía “Ruta del Peaje”, que contiene información relevante sobre los atributos de los servicios de 97 estaciones de peajes de las concesionarias del norte, centro y sur del país; así como las administradas por Provías Nacional. 

Este documento fue presentado por el Indecopi en la Centésima Vigésima Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección del Consumidor y ha sido elaborado con el propósito de empoderar a los ciudadanos para que tomen decisiones informadas en el marco de la campaña #CiudadanosAlCentro, presentando información sobre las tarifas, métodos de pago, servicios habilitados y otros datos de utilidad. 

Para acceder a la guía digital, ingresa al siguiente enlace: https://bit.ly/3Mwsugs.  

Según el INEI, el Índice Nacional del Flujo Vehicular, que reporta el movimiento de vehículos ligeros y pesados por las unidades de peaje, en 2020 cayó en 18%. Sin embargo, durante el 2021, y parte del 2022, el tránsito se está restableciendo progresivamente.  

Si bien el Indecopi no tiene facultades para regular o controlar los precios de los productos o servicios ofrecidos en el mercado, en su rol de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, monitorea, vigila y brinda información relevante para la toma de decisiones de los consumidores y usuarios, buscando evitar conflictos en las relaciones de consumo.  

El Indecopi recuerda a la ciudadanía que, en caso se vean afectados por la conducta de algún proveedor pueden exigir el Libro de Reclamaciones. Asimismo, pueden contactarse con Ositran, si se trata de una vía nacional, y con el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), si es una vía local en Lima Metropolitana. Ambas instituciones supervisan el cumplimiento de contratos de las empresas concesionarias. 

Por otro lado, pueden dejar su reclamo a Provías Nacional, en caso se presente algún conflicto relacionado con alguna estación administrada por esta institución. 

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En un comunicado emitido hoy, Osiptel también ordena a la empresa de capitales españoles a devolver el incremento aplicado a los usuarios en su último recibo y que generó varias quejas en las redes sociales.

La disposición se adoptó como consecuencia del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) que el regulador ha iniciado al detectar que la empresa habría incumplido el artículo 9 de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, al aplicar modificaciones contractuales (aumentos tarifarios y otras condiciones), que requerían la aprobación del Osiptel.

Revisión de tarifas

En tanto, el Consejo Directivo del Osiptel también dispuso hoy, la revisión (en un plazo de tres meses) del régimen tarifario aplicable al servicio de internet fijo prestado por Telefónica.

En el marco de dicha revisión, se dispuso que la empresa no podrá aplicar nuevas alzas a las tarifas de internet fijo ni de las tarifas totales de los paquetes de los cuales forme parte dicho servicio.

La referida empresa tampoco podrá cesar o suspender la comercialización de los planes de dicho servicio. De no cumplir estas disposiciones, la empresa podría incurrir en una infracción muy grave.

Según la resolución del Consejo Directivo, los aumentos de tarifas aplicados por Telefónica responderían principalmente “a un ejercicio excesivo del poder de mercado que ostenta” dicha empresa, frente a lo cual debe evaluarse las medidas más idóneas para salvaguardar los derechos de los usuarios y asegurar las condiciones de competencia.

De acuerdo con el análisis efectuado por el organismo regulador, el incremento tarifario aplicado por la empresa Telefónica, que entró en vigencia en enero de 2020, es el mayor registrado en los últimos años, con un incremento promedio de S/13.00 por recibo, y afectó a 1.71 millones de abonados según lo que la empresa informó al Osiptel.

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El ingreso a la ciudadela de Machu Picchu tiene nuevas tarifas tanto para visitantes nacionales y extranjeros residentes en el Perú, así como de la Comunidad Andina (CAN).

La resolución con las tarifas de ingreso a Machu Picchu fue publicada por el diario oficial El Peruano, las cuales estarán vigentes hasta el 31 de diciembre del año 2019.

Según el documento, el ingreso para los adultos en general costará S/ 64.00, mientras que los estudiantes de educación superior universitaria y no universitaria pagarán S/ 32.00.

Este mismo precio pagarán los estudiantes de educación escolar (inicial, primaria y secundaria) y niños hasta los doce 12 años de edad.

En Machu Picchu, menores de edad con sus padres

Pero la norma precisa además que los menores de edad deberán estar acompañados por una persona mayor de edad, quien se responsabilizará por el cuidado y acciones del menor, para lo cual deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias.

Está demás señalar que los requisitos para el ingreso a la ciudadela se encuentran establecidos en el numeral 17.1 del artículo 17 del “Reglamento de uso sostenible y visita turística para la conservación de la Llaqta o Ciudad Inka de Machupicchu”.

Ese reglamento establece que la permanencia del visitante en la Llaqta o Ciudad Inka de Machu Picchu será de máximo cuatro horas desde su ingreso hasta su salida, entre las 6:00 y las 16:00 horas.

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Según las nomas legales del diario El Peruano, la tarifa de ingreso al Parque Arqueológico de Machu Picchu será de S/. 64 para adultos y S/. 32 para estudiantes.

El ingreso al Parque Arqueológico de Machu Picchu – Huayna Picchu – Templo de la Luna será de S/.90 y S/ 45 estudiantes.

En cuanto a los ingresos a los Andenes Orientales, Intipunku-50 Gradas y la montaña Machu Picchu será de S/. 80 adultos y estudiantes S/. 40.

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La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) autorizó dicho incremento y explicó que esta decisión se tomó luego de evaluar el cumplimiento de las metas de gestión vinculadas a proyectos de ampliación de cobertura y mejoramiento del servicio en Huachipa, Villa El Salvador, Manchay, San Martín de Porres, Callao, Santa Rosa y Ancón.

Recordó que, según una resolución de la Sunass, se estableció un incremento condicionado de hasta 4,1% vinculado al cumplimiento de metas de gestión del Portafolio Condicionado de Proyectos de Ampliación de la Cobertura de Agua y Alcantarillado y de Rehabilitación de Redes.

Estas metas están asociadas a conexiones de agua potable, conexiones de alcantarillado y nuevos micromedidores.

Sin embargo, el presente año se registraron una serie de contingencias y perjuicios a grupos poblacionales en Lima, como roturas de redes de alcantarillado, así como falta frecuente del líquido elemento. 

LO PIDIÓ SEDAPAL. Se informó que Sedapal solicitó a la Sunass la autorización de incremento tarifario en referencia, informando al organismo regulador sobre los proyectos culminados y conexiones que se encuentran bajo su administración.

La Sunass indicó que en una inspección realizada se pudo comprobar que las obras recepcionadas se encuentran bajo la administración de Sedapal, verificándose las conexiones domiciliarias de agua potable, alcantarillado y medidores instalados.

Asimismo, se obtuvo información de las conexiones activas y totales, así como de los medidores instalados que está operando la empresa prestadora.

La verificación de las metas condicionadas de conexiones de agua potable, conexiones de alcantarillado y nuevos medidores, corresponden a la Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema Santa María de Huachipa.

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