Tras concluir la reunión del Consejo Ejecutivo Nacional del Poder Judicial, Rodríguez hizo el anuncio acompañado de 35 presidentes de Cortes superiores del país. “Formalmente se ha tomado el acuerdo de declarar en emergencia todo el Poder Judicial que comprende desde la Corte Suprema hasta los Juzgados de Paz Letrados”, señaló.

No obstante, dejó en claro que el organismo que administra justicia no está muerto, sino herido. “El Poder Judicial, es verdad, está herido, pero no está herido de muerte. El Poder Judicial no está muerto. El Poder Judicial es capaz de enfrentar la grave crisis que tenemos, trabajando”, aseguró.

En otro momento, afirmó que solicitarán la intervención de la Contraloría General de la República “para que pueda revisar cualquier tema que pudiera tener un contenido sospechoso”.

Precisó que una de las medidas principales que se adoptarán será la de revisar de inmediato el mecanismo de selección de los jueces supernumerarios. “”No son jueces titulares, nunca dieron un examen, no pasaron un concurso y sin embargo son jueces y por allí muchas veces se abren las puertas de la corrupción”, aseveró.

Además, manifestó que las decisiones tomadas se implementarán de forma gradual.

Foto: Poder Judicial.

Video: TV PERÚ Nacional.

Luis Miguel Guerrero Dávila.

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La detención de Ríos, ejecutada por la Policía Nacional, se dio luego que este renunció ayer viernes y fue ordenada ese mismo día por el juez instructor de la Corte Suprema de Justicia de Perú Luis Cevallos, a petición del fiscal adjunto de la Fiscalía Suprema de Control Interno, Jaime Velarde, a cargo de las investigaciones.

Ríos es uno de los principales protagonistas de la serie de grabaciones telefónicas, difundidas por IDL-Reporteros, que desvelan una amplia red de corrupción judicial formada por importantes jueces, empresarios y políticos que incurrían en presunto tráfico de influencias.

10 verdecitos

En las escuchas difundidas hasta ahora se aprecia a Ríos solicitar 10.000 dólares a un aspirante a juez, a fin de interceder a favor de este en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), órgano que nombra a fiscales y magistrados.

También intentar hablar con el ministro de Justicia para que favorezca a su esposa, Maritza Sánchez, así como tratar de favorecer al prófugo ex gerente de administración de la Municipalidad del Callao Salvador Castañeda, en un proceso en su contra por corrupción.

Horas antes de su detención, en declaraciones a la prensa, Ríos afirmó que se someterá a las autoridad «como un ciudadano común y corriente». «No me estoy corriendo. Estoy en mi país, no he salido a ninguna provincia. Yo no temo», agregó.

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Según la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, a cargo del referido juzgado, la prescripción del delito de tráfico de influencias imputado al exmandatario sería de 8 años, así el plazo no estaría vencido debido a que su cómputo empezó el 2010.

Es en aquel año (3 de junio del 2010) cuando la mencionada compañía brasileña habría realizado, según la Fiscalía, el último pago a Toledo Manrique a través de la cuentas de Josef Maiman Rapaport, tras verse favorecida irregularmente en la licitación de ciertos tramos de la Carretera Interoceánica.

El magistrado rechazó que el delito por tráfico de influencias sea de tipo instantáneo (como alegó la defensa del exjefe de Estado) y que el mismo fue consumado cuando hubo el supuesto acuerdo entre Toledo y Odebrecht, para favorecer a esta firma, el 2004.

Asimismo desestimó la solicitud toda vez que la prescripción del referido delito no puede considerarse de manera independiente al de lavado de activos, por el que también es acusado Toledo Manrique. Esto debido a la “transversalidad de los referidos ilícitos”.

Previamente, Concepción Carhuancho rechazó además el pedido de su inhibición en este proceso presentado también por la defensa de Toledo Manrique dado que este acto procesal, según dijo, es una actuación personalísima del juez.

Alegó que ello solo procede cuando como magistrado tuviera interés en el proceso o enemistad con el imputado, hechos que no han sido acreditados de manera conveniente.

Alejandro Toledo habría recibido más de 20 millones de dólares de Odebrecht según la declaraciones del colaborador eficaz Jorge Barata, aunque habría exigido 35 millones vía un intermediario.

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Por la tarde el procurador anticorrupción Julio Arbizú informó que la Fiscalía encontró indicios de delito en Pastor por ofrecer sus “buenos oficios” con autoridades electorales y judiciales para librar a la alcaldesa Corina de la Cruz de un proceso de vacancia.

Sin embargo Pastor señaló luego que el Fiscal amplió la investigación en su contra porque se le venció plazo preliminar sin culminar diligencias.

“No cumplió (el Fiscal) con peritaje del audio solicitado por mí y amplió para eso. Es todo, no celebren”, dijo Pastor vía Twitter.

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