El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, señaló de manera tajante que su gestión no realizará pago alguno por concepto de reintegro sobre remuneraciones homologadas en virtud a una demanda presentada por la Asociación Nacional de Magistrados del Perú.

“No se ha pagado ni se ha dispuesto ni se dispondrá pagar ningún reintegro por homologación, pues no hay ni habrá presupuesto para ello”, enfatizó la autoridad judicial.

Al respecto, sostuvo que, en la víspera, mediante oficio su despacho respondió a la solicitud presentada por la Federación Nacional de Trabajadores de este poder del Estado (FNTPJ).

Cabe señalar que la resolución emitida por un juzgado de primera instancia, en noviembre del 2017, sobre una demanda interpuesta por la Asociación Nacional de Magistrados, nunca se ejecutó ni ejecutará.

“Con nuestro presupuesto no pagaremos eso y menos mi despacho”, reiteró, tras señalar que todo pago demanda de una partida del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la cual no existe en el Presupuesto General de la República.

ESCALA PARA TRABAJADORES

Prado Saldarriaga anunció, empero, que su despacho sí ha logrado que, en el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2019, esté incluido el pago del primer tramo de la nueva escala salarial para la homologación de las remuneraciones de los trabajadores judiciales, después de varios años.

“Esto es prioridad para la institución”, remarcó el presidente de la Corte Suprema de la República.

El magistrado reconoció la disposición del Ejecutivo por el apoyo que beneficiará a los servidores judiciales y mostró su confianza en que el Congreso de la República respaldará la medida.

Respecto a los proyectos aprobados en el Parlamento sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), señaló que los legisladores no tomaron en cuenta sus recomendaciones para darle un mayor protagonismo a la Academia de la Magistratura (Amag).

“Acabo de ver los dictámenes de las comisiones de Constitución y de Justicia en donde expuse por cuatro y dos horas, respectivamente, y a la Amag se le menciona solo en una línea”, remarcó.

El titular del Poder Judicial dijo que se trata de “documentos bastante básicos en línea de aportes y concreción de ideas” a tal punto que se corre el riesgo de generar los mismos defectos que hemos visto en la elección que realiza el CNM.

De otro lado, anunció que contempla la reorganización de las diferentes gerencias del Poder Judicial para que, en adelante, “toda plaza sea cubierta por concurso público”.

Esa labor, explicó, estará a cargo de las instituciones oficiales competentes a fin de garantizar que el proceso sea llevado a cabo con total transparencia.

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La situación se complica para el congresista Edwin Donayre Gotzch y es que el Poder Judicial (PJ) notificó hoy al Congreso de la República la decisión de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema.

De esta manera el Poder Judicial solicitó autorización para hacer efectiva la condena impuesta al congresista Edwin Donayre Gotzch el pasado 27 de agosto.

El pedido está referido a la sentencia emitida por la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima, que condenó al legislador a cinco años y seis meses prisión efectiva al encontrarlo culpable del delito de peculado en agravio del Estado.

De este modo, el titular de la institución judicial Víctor Prado Saldarriaga, remitió la Resolución 03-2018 expedida por la citada comisión presidida por el juez supremo Francisco Távara e integrada por los magistrados Janet Tello Gilardi y Jorge Salas Arenas.

Este pronunciamiento adjunta las copias certificadas de la sentencia judicial contra el parlamentario de Alianza Para el Progreso.

Entre los fundamentos de su decisión, la comisión precisa que la ejecución de la condena debe hacerse efectiva en los términos del artículo 293 del Código de Procedimientos Penales “aún cuando se hubiera planteado recurso de nulidad como también señala el artículo 330 del citado código”.

Poder Judicial pide que se ejecute

Asimismo, considera que la sentencia debe ejecutarse cumpliendo lo que dispone la ley, “sobre el carácter vinculante de las decisiones judiciales, que deben acatarse y cumplirse por todos sin interferencia”.

Esta resolución incluye los fundamentos adicionales del juez supremo Francisco Távara, quien fue ponente en este caso.

“La efectividad de esta condena por ahora, es sin prejuicio de lo que decida la Sala Penal competente al resolver el recurso de nulidad que se hubiere planteado”, precisa su acotación singular.

Asimismo, la decisión judicial resaltó la diferencia entre trámite de autorizaciones para el procesamiento penal de un parlamentario, el arresto y, de otro lado, la ejecución de una sentencia condenatoria privativa de libertad.

Señala que ante la falta de norma expresa que establezca trámite distinto, corresponde únicamente pedir en estos casos la autorización al Congreso de la República para ejecutar la sanción impuesta.

“Es decir, ante la presunción razonable de un delito flagrante cabe arrestar con la autorización congresal, ante la condena a prisión efectiva con mayor razón corresponde hacer cumplir la decisión judicial”, subraya el fallo.

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En breves palabras, Prado Saldarriaga pidió perdón al país “por lo difíciles momentos que hemos transitado en las últimas semanas” y señaló que toda crisis representa siempre una oportunidad de cambio, proceso en el cual encaminará su gestión en los próximos cinco meses.

Anunció el desplazamiento de los jueces supremos para visitar todas las cortes superiores del interior del país, a fin de comprobar in situ la situación por la que atraviesan cada uno de los distritos judiciales.

Señaló que esta decisión fue adoptada ante la declaratoria de emergencia de este poder del Estado y como parte del proceso de reforma en que está encaminada la institución.

“Quiero dejar en claro que se trata de una Presidencia y un gabinete de emergencia, pedirle al Perú una nueva oportunidad y a la juventud que vuelva a creer en sus autoridades”, señaló.

PROPUESTA DE REFORMA

En ese sentido, Prado Saldarriaga señaló que mañana la Sala Plena debatirá y aprobará la propuesta de la Comisión Encargada de Elaborar un Planteamiento Estratégico para la Mejora del Poder Judicial, la misma que será presentada al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República.

Dijo que se trata de un documento de más de quince páginas y que plantea diferentes acciones en el plano estructural, organizacional y operativo.

Explicó que estos planteamientos están basados en mayor transparencia y adelantó que una de las propuestas es que la próxima elección de las autoridades judiciales “sean por voto directo e individual de todos los magistrados del país, con la supervisión de los órganos electorales pertinentes”.

Adelantó que buscarán fortalecer las capacidades de la Sala Plena para que –ante situaciones como la ocurrida en la actualidad– cuente “con plenos poderes para intervenir con las acciones que la gravedad del suceso lo requiera”.

COMPROMISO

Expresó que a partir de hoy el Poder Judicial empieza a caminar hacia un nuevo momento. “Atacaremos los problemas generados por la corrupción y el maltrato que muchas veces se dan con decisiones a la población vulnerable de nuestra patria”, indicó.

“Confíen porque ese es el compromiso de todo el Poder Judicial”, dijo Prado Saldarriaga en presencia de la totalidad de los jueces supremos reunidos en la Sala de Juramentos del Palacio Nacional de Justicia.

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