Del conjunto de conflictos verificados, 36 se encuentran activos (41%) y 52 en estado latente (59%). Asimismo se registraron 16 casos de movilizaciones de protesta y una acción de violencia subversiva. Por otro lado, el 48% de los conflictos reportados corresponde a asuntos socioambientales, el 26% se vincula a cuestionamientos al desempeño de alcaldes Provinciales y Distritales, en tanto que el 6% se relaciona con disputas en comunidades y otro 6% con demandas gremiales, entre otros.
Asimismo, la novedad con relación a reportes anteriores es que en el curso de este mes se registraron siete nuevos casos: tres de ellos corresponden a conflictos gremiales (Loreto, Moquegua y Pasco), dos involucran conflictos con temática socioambiental (Áncash y Tacna), uno se refiere a un conflicto por delimitación territorial entre comunidades (Huancavelica), y el último es un caso registrado, en el ámbito nacional, concerniente a las protestas sociales organizadas por organizaciones amazónicas en rechazo de la Ley N º 28852, la llamada “Ley de la selva”.
Respecto de la situación socioeconómica de las zonas de conflicto, en el reporte correspondiente al mes de marzo se señala que 75 conflictos (81%) se han desarrollado en lugares donde la mayoría de la población vive bajo la línea de la pobreza, mientras que el 61% de los conflictos ha ocurrido en áreas rurales (57 casos).
Finalmente, en el documento defensorial se detalla que en 56 casos (60%) se han producido enfrentamientos, agresiones e, inclusive, la retención de personas. En 34 conflictos (37%), la población tomó el local de la institución cuestionada que, en su gran mayoría, resultó ser la Municipalidad de la zona. Asimismo, en 27 conflictos (29%) se reportaron bloqueos de vías de comunicación.