Según reveló a Correo, Feria Tinta exige esa suma luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) fallara a su favor por sus gastos como abogada de los familiares de las víctimas del debelamiento del motín del penal Castro Castro, en 1992.
Como se sabe, Feria se encargó de demandar al Perú ante la Corte IDH en 1997 y se convirtió en la interviniente común (abogada) de los familiares de los 41 fallecidos. En su sentencia del 2006, la entidad supranacional ordenó el jugoso pago a Feria, acusada en nuestro país de apología del terrorismo.
La información fue confirmada a Correo por el agente del Estado peruano ante la Corte IDH, Julio Galindo, quien se mostró reacio a cumplir con dicho pago.
Exigiré que primero Feria venga al Perú y se apersone al proceso por terrorismo que tiene pendiente. Cuando se establezca su situación legal y la reparación económica que debe abonar, recién definiremos el tema del pago, dijo Galindo.
El funcionario adelantó que no le será fácil a Feria sacarle un centavo al Estado. Tras la sentencia de interpretación que la Corte emitió y que flexibiliza la forma de pago de indemnizaciones y otros montos al Perú, se procurará entregar el monto ordenado a favor de Feria mediante bienes (becas) y servicios (salud, educación), precisó.
