Para ese fin, se autorizó al embajador en Washington que contrate los servicios especializados de asesoría legal, para que lo represente y defienda sus intereses, pues se presume que bienes hallados en dicho galeón, entre ellas 17 toneladas de monedas de oro y plata, fueron elaborados en el entonces Virreynato del Perú.
La nave fue rescatada de las profundidades del océano Atlántico por la empresa norteamericana Odyssev Marine Exploration, y eso ha merecido que España inicie un juicio de propiedad de los bienes hallados en sus bodegas ante la Corte Distrital de Tampa, Florida.
Lima considera que en tanto se presume que dichos bienes han sido elaborados y producidos en el Virreynato del Perú, se encuentra legitimado para intervenir en el referido proceso judicial para velar por su patrimonio cultural.
El18 de mayo del 2007 Odyssey Marine Exploración anunció el hallazgo de un tesoro de 500.000 monedas de oro y plata (17 toneladas) procedente un buque de época colonial encontrado en un lugar indeterminado del Atlántico.
Desde el primer momento el gobierno español sostiene que el navío encontrado es el ‘Nuestra Señora de las Mercedes’, y que el tesoro valorado en 400 millones de euros es propiedad de España.
Se inicia así un juicio de características internacionales y el juez Mark Pizzo, de la Corte Federal de Tampa en Florida, decide embargar el tesoro hasta confirmar la identidad del barco, el lugar del hallazgo y estudiar las particularidades del caso.
La resolución suprema de la Cancillería peruana indica que la contratación de asesoría legal, peritos y demás profesionales necesarios durante el proceso, se efectuará mediante el sistema de honorarios de éxito.
La referida norma se basa en la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación que establece que la identificación, registro, inventario, protección, restauración y restitución del patrimonio cultural es declarado de interés nacional y de necesidad pública.
La resolución es rubricada por el presidente de la República, Alan García Pérez, el canciller José Antonio García Belaunde y la ministra de Justicia, Rosario Fernández.
