Así lo confirmó al diario ‘Correo’ el procurador antiterrorista Julio Galindo, quien detalló que Morote presentó su solicitud hace 15 días ante las autoridades del penal de Piedras Gordas de Ancón, donde cumple carcelería por diversas matanzas, entre ellas la de Lucanamarca en Ayacucho, en 1983.
Morote se acogió así al Decreto Legislativo 927 que señala que los condenados por terrorismo pueden acogerse a los beneficios de la “redención” de la pena (a razón de un día de pena por siete días de trabajo o estudio) o la “liberación condicional” (tras cumplirse las tres cuartas partes de la pena impuesta y con la opinión favorable del Consejo Técnico Penitenciario).
Como se recuerda el DL 927 fue rubricado por el ex presidente Alejandro Toledo junto al entonces premier Luis Solari y el ministro de Justicia, Fausto Alvarado.
“El pedido de Morote ya está en la vía administrativa, y luego el INPE evacúe un informe sobre su caso, pasará a manos de un juez supraprovincial, que definirá si le corresponde o no recibir los beneficios”, dijo Galindo.
Sin embargo, el procurador Galindo señaló que su despacho se va a negar a que se le concedan beneficios penitenciarios a Morote para que pueda salir en libertad, pues exigirá que se cumpla primero con pagar la reparación civil de S/. 3.7 millones que se impuso.
