Según «El Comercio», el jefe de prensa del Instituto Nacional Penitenciario, Bruno Guzmán, precisó que al término del horario de visitas en el centro penitenciario, personal policial trasladó a Gilvonio a su vivienda, a la luz de la disposición judicial que ordenó su libertad condicional.
Gilvonio, según el fallo judicial que le otorgó al libertad condicional, vivirá en una vivienda ubicada en La Victoria. Rosario Fernández, titular de Justicia, rechazó justamente esta tarde el fallo y ratificó que la Procuraduría contra el terrorismo y la Fiscalía han presentado sendas apelaciones: “Estamos seguros de que se revocará la resolución”. Sin embargo, no dio cuenta a la prensa sobre la liberación de Gilvonio.
Fernández señaló que hay un total de 37 sentenciados por terrorismo que buscan acogerse a los beneficios del decreto 927, ya derogado, pero solo 4 casos han sido judicializados: el de Gilvonio y los de Osmán Morote Barrionuevo, Victoria Trujillo Agurto, Margot Liendo Gil.
La ministra añadió que el Poder Judicial se apoya en informes del INPE para otorgar libertades, “pero estos no son vinculantes, sino meramente informativos”. Además, acusó una errónea aplicación normativa de parte del titular del Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial, Segismundo León: “Ha sumado la redención de pena por trabajo con la liberación condicional, cuando para el fenecido 927, para efectos de la libertad condicional, lo que hay que tener cumplidos son tres cuartos de la pena efectiva. Gilvonio tiene condena por 20 años, los tres cuartos son 15 años, no 14 años 3 meses”.
Confiada en que la sentencia será revocada, por la trascendencia social del tema, Fernández aseguró a la prensa que la posición del Ejecutivo —confirmada por el Presidente Alan García esta mañana?? no constituye una intromisión en la independencia del Poder Judicial, sino una defensa de los intereses del Estado.