La solicitud original de la Fiscalía reclamaba los datos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y del sospechoso de haber filtrado los datos, el soldado Bradley Manning, así como del holandés Rop Gonggrijp, la parlamentaria islandesa Birgitta Jonsdottir y el estadounidense Jacob Appelbaum.
La jueza Theresa Carroll Buchanan rechazaba así el argumento de la defensa que pedía no facilitar las direcciones IP de los usuarios con las que se podría lograr la localización de los afectados. Según la jueza, «una vez que el usuario acepta dar voluntariamente su dirección IP a la página Twitter, y por tanto exponer su información a un administrador, no puede confiar en tener una expectativa de privacidad».
Buchanan también había autorizado previamente a la Fiscalía estadounidense a recopilar información de los últimos siete meses de actividad en Twitter de los usuarios, incluyendo los mensajes intercambiados, los seguidores de los tres investigados y la lista de seguidores que tenían. También recibieron permiso para investigar sobre el momento de su registro en la red de microblogs, pudiendo así saber el lugar en el que estaban en ese momento.
Según la Fiscalía, los datos son necesarios para determinar si Assange violó alguna ley estadounidense al difundir a través de Wikileaks los cables diplomáticos de las embajadas de EEUU.
