Descartó que se trate de una persecución política contra dichos magistrados, o una interferencia en sus resoluciones jurisdiccionales, pero sí dijo que es necesario investigar la conducta de estos magistrados, para determinar si cometieron actos dolosos.

En declaraciones a ATV+, explicó que Orellana tenía tres cooperativas, la famosa Coopex, Fianzas y Garantías y Construye, ni una de ellas contaba con autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) para dar cartas fianza, pero perjudicaron al Estado con 80 millones de soles en obras.

Refirió que este monto incluye no solo al gobierno de Áncash, sino a otros gobiernos regionales, alcaldías provinciales y distritales.

Aclaró que las conclusiones de su comisión sobre estos ocho magistrados, no necesariamente van a terminar en una denuncia, sino que dichos informes podrían derivarse a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), que ya ha realizado sus propias indagaciones.

De otro lado, Mesías Guevara señaló que el 15 de diciembre se cumple el plazo de la comisión, y recién entonces se debatirá prorrogar el trabajo del grupo con la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano.

El parlamentario se mostró a favor de esta ampliación, pues dijo se trata de una investigación compleja, que ya lleva de 15 a 20 cuadernos, y que implica pesquisas a instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura.

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