Los departamentos con mayor número de funcionarios y servidores con sanción vigente son: Lima (171), debido a que concentra el mayor número de entidades públicas; Cajamarca (90), Lambayeque (76), Tumbes (63), Arequipa (57) y Ayacucho (52).

De acuerdo a la gravedad de la infracción administrativa, los sancionados fueron suspendidos temporalmente para trabajar en el Estado durante 30 hasta 360 días o inhabilitados para ejercer la función pública de uno a cinco años.

Las entidades con mayor número de sancionados son: Gobierno Regional de Tumbes (28), Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría – JAMO, Tumbes (25), Gobierno Regional de Pasco (21) y Municipalidad Provincial de Chiclayo – Lambayeque (20).

La Contraloría General ha oficiado a los titulares de las entidades públicas del país a fin de que ejecuten de manera inmediata las resoluciones emitidas como resultado del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) contra los funcionarios y servidores públicos que han incurrido en inconducta funcional.

Sanciones vigentes

Al 31 de julio del 2018, existen 1,031 sanciones vigentes inscritas que comprenden a 967 funcionarios y servidores públicos a nivel nacional. Algunos de ellos (49) cuentan con dos o más sanciones administrativas vigentes.

Las sanciones de suspensión e inhabilitación son inscritas en el registro de sancionados de la Autoridad del Servicio Civil (Servir) y publicadas en el portal institucional www.contraloria.gob.pe, como parte de la política de transparencia y acceso a la información de la Contraloría General.

Para acceder al listado de funcionarios o servidores con sanción vigente, ingresar al portal web, dirigirse al botón “Participación ciudadana”, sección “Conoce nuestra facultad sancionadora” y en el lado izquierdo ubicará el “Registro de sancionados”. La información es de acceso público para todos los ciudadanos.

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De acuerdo a la gravedad de las infracciones, los funcionarios o servidores públicos fueron suspendidos de 30 a 360 días o inhabilitados para ejercer la función pública de 1 a 5 años.

Del total de sancionados administrativamente, 153 sanciones quedaron consentidas en primera instancia, es decir, no fueron apeladas por los sancionados; y 315 fueron confirmadas en segunda instancia por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA).

Las regiones que concentran el mayor número de funcionarios y servidores sanciones son Lima (85), Cajamarca (50), Lambayeque (46), Tumbes (30) y La Libertad (25).

Cabe precisar que la responsabilidad administrativa funcional es independiente de las responsabilidades penales o civiles que pudieran establecerse contra los funcionarios o servidores por los mismos hechos.

Es importante resaltar que los titulares de las entidades públicas del país deben ejecutar de manera inmediata las resoluciones que emita la Contraloría General y el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, contra los funcionarios y servidores públicos que hayan sido sancionados administrativamente.

Transparencia

Las sanciones de suspensión e inhabilitación son inscritas en el registro de sancionados de SERVIR y publicadas en el renovado portal web de la Contraloría www.contraloria.gob.pe, como parte de su política de transparencia y acceso a la información. Para acceder a la lista debe dar click al botón “Participación Ciudadana”, luego dirigir el cursor a la sección “Conoce nuestra facultad sancionadora” y ubicar en el lado izquierdo “Registro de sancionados”.

También puede hacer consultas sobre sanciones inscritas y cumplidas en el año 2017

Autoridades electas por voto popular

Con la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General y del Sistema Nacional de Control, vigente desde el 29 de marzo de 2018, las autoridades electas que incurran en alguna acción u omisión considerada como infracción grave o muy grave podrán ser procesados en el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) y ser pasibles de sanciones de suspensión y/o inhabilitación, según corresponda.

Procedimiento sancionador

El procedimiento sancionador tiene dos instancias que cuentan con autonomía técnica:

La primera instancia está a cargo de la Contraloría e integrada por el Órgano Instructor que realiza las investigaciones, propone las infracciones y sanciones; y un Órgano Sancionador que impone o desestima las sanciones propuestas.

La segunda instancia a cargo del TSRA, órgano colegiado adscrito a la Contraloría General, resuelve en última instancia las apelaciones presentadas por los servidores y funcionarios públicos.

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