Ahora serán las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales y locales las que se encargarán del proceso de recuperación de las zonas devastadas por el terremoto del 15 de agosto del 2007.
La norma fue sancionada en primera votación por 55 votos a favor, 29 en contra y cuatro abstenciones. El terremoto del 2007 dejó 434 mil damnificados, 48 mil viviendas destruidas y más de 45 mil inhabitables.
Tras el desastre se sucedieron una serie de denuncias por el mal uso de fondos para la reconstrucción, en especial en la región Ica, con el dinero destinado para la remoción de escombros.
