La decisión fue adoptada después del debate en el que el congresista Rolando Souza (GPF) sostuvo que no podía sujetarse una deuda civil a casos de pena privativa de la libertad porque es contrario al derecho penal que tiene como objetivo resocializar y no contiene carácter pecuaniario.
Dijo, además, que no existe en el derecho comparado internacional propuestas de esa naturaleza que permitan justificar modificaciones, en ese sentido, al Código Penal.
Por su lado, el congresista Aldo Estrada ( UPP), señaló que la ley vigente ya cuenta con mecanismos que incorporan mecanismos que aseguran el cumplimiento de la obligación alimentaria en los delitos de omisión de asistencia familiar, como es el caso del embargo a quienes no cumplan con sus obligaciones.
En forma similar el congresista José Carrasco Távara (PAP) señaló que el tema ya cuenta con legislación respectiva y que algún tipo de modificación sobre el particular significaría sobre-legislar.
Lágrimas de una congresista
Quienes rechazaron la actitud de sus colegas fueron las congresistas Rosario Sasieta (AP) y Olga Cribilleros (PAP), co-autoras de los proyectos 391 y 2800, respectivamente, defendieron las propuestas señalando que existe necesidad de ampliar los mecanismos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones en los delitos señalados, porque en la mayoría de casos los omisos se burlan de la justicia y se registra impunidad.
La congresista Sasieta rompió en llanto y lamentó la poca voluntad de sus colegas varones de no apoyar una norma que hacía justicia a los niños y niñas en contra de la irresponsabilidad del padre o la madre que, a pesar de contar con recursos económicos y tener una pena condenatoria en su contra por abandono, se olvidan de sus hijos.