En prisión preventiva quedaron ayer el peruano Jean Louis Alache León (21) y el ecuatoriano Luis Antonio Faría Obando (24), imputados por el Ministerio Público de participar en el asesinato del japonés Kazuhiko Misuguchi (56), quien fue encontrado el martes, con 18 puñaladas y amarrado de pies y manos, en su restaurante de sushi, en San Joaquín.

 

 

En prisión preventiva quedaron ayer el peruano Jean Louis Alache León (21) y el ecuatoriano Luis Antonio Faría Obando (24), imputados por el Ministerio Público de participar en el asesinato del japonés Kazuhiko Misuguchi (56), quien fue encontrado el martes, con 18 puñaladas y amarrado de pies y manos, en su restaurante de sushi, en San Joaquín.

 

 

En la audiencia en que ambos fueron formalizados por el delito de robo con homicidio, el fiscal Marco Núñez relató que Misuguchi era homosexual y que le pagaba a Alache para obtener favores sexuales.

 

Fue esa relación la que permitió que ambos extranjeros -junto a dos colombianos que ahora son buscados por la Brigada de Homicidios Metropolitana de Investigaciones- llegaran hasta la casa de Misuguchi, en avenida Vicuña Mackenna 5343, donde también funcionaba su restaurante.

 

En su declaración, Alache dijo que fueron los colombianos los que asesinaron a Musuguchi, mientras él estaba en el baño, y que Faría se quedó en la entrada. Agregó que los mismos prófugos robaron dinero de la caja y un televisor plasma.

 

El fiscal relató que un primo de Alache denunció lo ocurrido a los detectives, luego que él mismo le relatara lo ocurrido y que deseaba volver a Perú. Así, el imputado fue detenido junto a Faría, pero en el caso de los colombianos, que están identificados, uno de ellos huyó del país.

 

El fiscal pidió la prisión preventiva, a lo que el defensor penal público Gustavo Peñailillo se opuso señalando que sólo los colombianos son los autores materiales del asesinato.

 

Pero la jueza Paula Brito, del 10º Juzgado de Garantía, los dejó en prisión preventiva aduciendo que la actitud de ambos da a entender que, a pesar de que dicen no haber tenido participación directa, sí sabían del homicidio y no lo denunciaron. Ambos arriesgan como mínimo cinco años de cárcel.

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