Esta decisión fue adoptada en base a un pedido expreso que formuló el legislador Pedro Santos Carpio, del Partido Nacionalista, quien indicó que existirían una serie de presuntos indicios que justificarían la investigación.
Castañeda, quien la semana pasada se presentó ante dicha comisión, dijo entonces que el pago a Comunicore, que había adquirido el cobro de la deuda con Relima, fue legal y en cumplimiento de un laudo arbitral.
En esa oportunidad, señaló que tanto la cancelación de esa deuda, así como la renovación del contrato de concesión con Relima, le habían generado a la comuna capitalina un ahorro de 70 millones de soles.
Asimismo, que el pago de esa deuda permitió que el municipio capitalino pudiera ingresar al mercado de capitales, y que se evitara un eventual embargo de sus cuentas, además de obtener 500 millones en créditos para el financiamiento de obras.
No obstante, legisladores del Partido Nacionalista consideraron que las respuestas de Castañeda fueron insuficientes y plantearon, inicialmente, la necesidad de conformar una comisión investigadora de esa operación.
De otro lado la Comisión de Fiscalización acordó también iniciar una investigación al Ministerio del Ambiente, por el equipamiento de su nueva sede.