Según el portal Peru.com, citando fuentes de EFE, un documento oficial ya está en tramitación y la Fiscalía responderá así a una nueva solicitud hecha por las autoridades peruanas para indagar acerca de los supuestos vínculos que el uniformado peruano tenía en Chile.
El escándalo se desató a mediados de noviembre de 2009, cuando la prensa denunció que Ariza Mendoza supuestamente entregó a Chile secretos de Estado que implican las adquisiciones militares programadas hasta 2021.
Lima solicitó a Santiago conocer la identidad de dos supuestos miembros de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que habrían ejercido como los nexos de Ariza Mendoza, quien se encuentra detenido desde el 30 de octubre de 2009.
Según la prensa peruana, los enlaces chilenos son el oficial Adrián Bravo Carrasco y el suboficial Jaime López Ruiz, aunque Ariza Mendoza los conocía con los nombres de Víctor Vergara Rojas y Daniel Márquez Torrealba, respectivamente.
Según el suboficial peruano, los uniformados chilenos lo contactaron cuando trabajó en la agregaduría militar en la embajada de Perú en Santiago.
A fines de diciembre de 2009, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, determinó que no correspondía abrir una investigación en Chile porque no existen en los registros de ciudadanía las personas que Ariza Mendoza afirma que le pagaron importantes sumas de dinero por información militar secreta.
Ahora, la Fiscalía Nacional decidió de nuevo desestimar la apertura de una investigación judicial relacionada con el caso.
En tanto, Ariza Mendoza será procesado por los delitos de revelación de secretos nacionales (traición a la patria), espionaje y lavado de activos en agravio del Estado. Por el primer ilícito, el más grave de los que se le imputan, puede recibir entre 25 y 35 años de cárcel.
