La bancada aprista no se quedó con los brazos cruzados y formuló una acusación constitucional contra la parlamentaria nacionalista Yaneth Cajahuanca por los contratos que habría suscrito su empresa YACAR EIRL con el Estado.
Como es público, la referida empresa, dedicada a la venta de autopartes y lubricantes, prestó servicios durante el 2009 y 2010 a un proyecto del Ministerio de Agricultura y la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado en el Alto Huallaga.
Según la denuncia, Cajahuanca vulneró el artículo 92 de la Constitución, que señala que el cargo de congresista es «incompatible» con la condición de gerente, apoderado o representante de empresas que tienen contratos con el Estado.
«Dada la gravedad de la infracción cometida, solicitamos se sancione a la denunciada con la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años», señala el texto de la acusación constitucional.
La denuncia precisa que tras ser electa congresista, Cajahuanca nombró gerente de su empresa a su madre Emiliana Rosales Ortega. Sin embargo, mantuvo la titularidad o propiedad de YACAR y no regularizó su renuncia vía escritura pública.