Según La República, desde junio de 1999, las víctimas se vieron obligadas a acudir a dicha instancia internacional. El primer caso que se presentó fue el de la señora María Mamérita Mestanza Chávez, quien fue sometida de manera forzada a un procedimiento quirúrgico de esterilización, en un centro médico de Cajamarca en 1998, que finalmente ocasionó su muerte. Luego se sumaron otros dos mil casos de víctimas de esterilización forzada.
Ante esta situación, y tras la caída de la dictadura fujimorista, en octubre del 2003, el Estado peruano aceptó que la señora Mestanza fue víctima de un caso de violación de derechos humanos, y se comprometió a investigar y sancionar a los responsables.
“El Estado Peruano se compromete a realizar exhaustiva investigación de los hechos y aplicar las sanciones legales contra toda persona que se determine como participante de los hechos, sea como autor intelectual, material, mediato u otra condición, aun en el caso de que se trate de funcionarios o servidores públicos, sean civiles o militares”, precisa el acuerdo.
En virtud de ese acuerdo, el 2003, la Fiscalía de Derechos Humanos inició una investigación que a comienzos del 2010 fue archivado con dos argumentos: 1) que las esterilizaciones eran homicidio involuntario y por lo tanto estaban prescritos, y 2) que las esterilizaciones no están tipificadas como violación de derechos humanos.
El acuerdo de solución amistosa también establece que el Estado peruano debe informar a la CIDH cada tres meses del avance de las investigaciones.
Ante la decisión de la Fiscalía peruana, el 5 de noviembre del 2010, la CIDH emitió un comunicado en el que exige al Perú cumplir con la solución amistosa.
“La CIDH recibió información sobre la prescripción de la acción penal para la investigación de la esterilización forzada de la que fueron víctimas más de 2.000 mujeres durante el gobierno de Alberto Fujimori en Perú. La CIDH condena esta situación de impunidad y recuerda que en el acuerdo de solución amistosa firmado el 10 de octubre de 2003, el Estado se había comprometido a individualizar y sancionar debidamente a los responsables”, dijo la CIDH.
Si el Perú sigue incumpliendo el acuerdo, la Comisión se vería obligada a denunciar a nuestro país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ser sancionado por no dar justicia al caso de Marita Mestanza e incumplir el Acuerdo de Solución Amistosa.
En tanto, la Comisión ya ha recibido otras dos demandas de esterilización forzada de una víctima de Piura y otro de La Molina, en Lima. Un proyecto de ley para que las esterilizaciones forzadas sean consideradas delito en la legislación peruana está entrampado en la Comisión de Justicia, que preside Rolando Sousa.