Según la Fiscalía, las voces de Nadine Heredia y Ollanta Humala son parte de las escuchas porque llamaron o recibieron llamadas de las personas cuyas comunicaciones eran el objetivo de la interceptación.

«Las autorizaciones judiciales se dieron en dos momentos, primero cuando se requirieron y realizaron (2011) y, posteriormente el fiscal Germán Juárez pidió una reevaluación de dichas escuchas para luego, por intermedio de la Cuarta Fiscalía de Terrorismo y DDHH, solicitar la autorización judicial que permitiera incorporarlas en la carpeta fiscal. La autorización judicial fue concedida el 27 de enero de este año», precisa el pronunciamiento del fiscal.

Para el fiscal Germán Juárez es relevante la incorporación de las escuchas pues son de interés para su investigación, dado que revelan el funcionamiento y estructura interna del partido nacionalista; asimismo permite conocer quiénes tenían el manejo del dinero que ingresaba al partido y evidencian la molestia de algunos aportantes que reclamaban la no coincidencia entre la cifra aportada con la cifra declarada.

▶️Audios fueron realizados legalmente y el mandato judicial no incluía los números telefónicos ni de Ollanta Humala ni de Nadine Heredia pic.twitter.com/HerirR94fB

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 28, 2017

Además, se informó que el expresidente Ollanta Humala y sus abogados tenían conocimiento de las transcripciones desde hace casi dos meses, así como todas las partes, dado que fueron notificadas al momento de recibir autorización judicial para incorporar dichos audios a la investigación. En ese momento ninguna de las partes cuestionó ni impugnó la incorporación de dicho material.

Con respecto a la presunta compra de testigos que revelan algunos audios, Vela informó que el fiscal Juárez Atoche ha cumplido con cursar el oficio respectivo, adjuntando copias certificadas de las actas de transcripción de los audios pertinentes sobre una presunta compra de testigo, al magistrado de la Cuarta Fiscalía de Terrorismo y Derechos Humanos «para que tome las determinaciones correspondientes ante la evaluación del contenido de este extremo de los audios», señaló.

También se indicó que los audios fueron recibidos en cadena de custodia y debidamente lacrados, cumpliéndose con realizar el deslacrado delante de las partes involucradas durante la diligencia del 26 de abril, sobre la cual no se formularon observaciones por los investigados. Sin embargo, la defensa de Ollanta Humala afirma que los audios han sido difundidos por un medio de comunicación televisivo, pero debe anotarse que lo transmitido por un canal de noticias ha sido una RECREACIÓN.

En tal sentido, ningún audio ni acta de transcripción de los audios ha salido de la fiscalía que despacha Germán Juárez. La Fiscalía agrega que el doctor Pablo Sánchez Velarde ha solicitado un informe respecto a las razones por las cuales estos audios en el 2011 no fueron puestos a disposición del Fiscal de la Nación de esa época o si se tuvo información que no se remitió a la fiscalía correspondiente; esto deberá ser evaluado e investigado por la Fiscalía de Control Interno y determinar si evidentemente alguien omitió cumplir con su función.

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En declaraciones a la prensa, Ollanta Humala recordó que este tema aparece cuando coincidentemente las iniciales de un expresidente del Apra aparecen vinculadas al caso Odebrecht en clara alusión a Alan García.

«De pronto entra el tema de los audios cuando se hablaba de este señor, cuando esto lo tenía la fiscalía y la policía. Están sacando audios donde hay temas morbidos donde insinuaría pero no me voy a referir a lo que dice esa gente…pero aquí no hay delito», indicó Ollanta Humala.

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El líder del Partido Nacionalista pidió además recordar que el caso Madre Mía nació en la época de campaña electoral y duró hasta el 2008. «Filtran audios y buscan otro tipo de delitos, ustedes me ven como caserito del Congreso y el PJ», dijo Ollanta Humala.

Asimismo Ollanta Humala aclaró que no hicieron «interceptaciones telefónicas» en su gobierno como ahora o en el régimen del Apra. «Se aprovecho maliciosamente el mandato de un juez para interceptar las comunicaciones de un dirigente en el Partido Nacionalista. Quiero expresar mi extrañeza porque llama la atención algunos opinólogos que dicen que el fin justifica los medios», indicó.

En ese sentido Ollanta Humala dijo que a estas personas no les interesa sino el escándalo o tapar algo. «Nosotros vamos a soliictar que se acceda a todos los audios para demostrar que hubo un reglaje, una interceptación y una labor ilegal contra un candidato a la presidencia, que los audios se publiciten», insistió.

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Sostuvo que, a su juicio, esta condena «elimina toda posibilidad de investigar la corrupción».

En una nota remitida a los medios de comunicación, Garzón asegura que la sentencia no está sustentada en pruebas ni razones jurídicas y que «elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España» .

Garzon denuncia que la sentencia no se ajusta a derecho, que le condena de forma injusta y predeterminada y subraya que a lo largo de toda su carrera ha cumplido siempre con rigor las normas y ha defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas.

«He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho siempre con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía» , asegura.

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