De acuerdo con el informe, un hombre, identificado como Mario, acudió el 4 de abril de este año a la Procuraduría Anticorrupción para revelar que gracias a un contacto privado y a uno en la propia OSCE conseguía acceder como usuario interno a la administración del SEACE y obtener de ahí las propuestas de postores ante del cierre de un concurso público.

La información extraída por el servicio denomiado Tarot era enviada a representantes de constructoras, quienes en base a los datos ajustaban sus ofertas económicas para aparecer con el precio más bajo y ganar los concursos públicos.

Mario, quien podía cobrar hasta 30 000 dólares por consulta, no solo relató al procurador anticorrupción Javier Pacheco la lista de empresas beneficiarias de su servicio desde hace dos años, los nombres de operadores de Tarot y un conjunto de imágenes y chats de las comunicaciones donde se compartía la información de propuestas de postores.

Presuntos beneficiarios de Tarot

El programa Punto Final citó como ejemplo el concurso para la obra del Hospital del Altiplano de Puno, obra convocada por EsSalud con un precio referencial de 280.9 millones de soles. Y tenía como plazo máximo de presentación de propuesta el 28 de junio del 2021.

Ese día, China CAM Engineering registra su propuesta a las 18:42, el Consorcio Andes del Sur registra la suya a las 21:22. Las propuestas de los postores son secretas hasta su apertura en conjunto. Pero minutos antes del cierre entra a intervenir Tarot. Y a las 23:08 entrega información de las ofertas económicas secretas. De acuerdo con el informe periodístico, alimentado por esa data, el Consorcio Hospital del Altiplano oferta a las 23.17.

Cerrado el plazo se abren las propuestas. China CAM Engineering ofertó 277.4 millones de soles, Consorcio Andes del Sur, 280 millones de soles y Consorcio Hospital del Altiplano 275.2 millones, que ganó el concurso. El citado consorcio estaba conformado por dos empresas chinas.

Punto Final precisa que el contacto entre el proveedor del servicio Tarot y las empresas chinas beneficiarias con la información es Felipe Aguilar Quispe, quien pertenece a una familia de empresarios vinculados a empresas chinas que han obtenido contratos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y son investigadas por la Fiscalía.

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Además, el premier resaltó que el Ejecutivo tiene el firme compromiso de apoyar y colaborar con todas las investigaciones sobre el caso Odebrecht. “En la sesión del Consejo de Ministros (de hoy) revisamos este tema y siendo consecuentes con nuestra lucha contra la corrupción, hemos acordado reiterar que como Poder Ejecutivo tenemos el compromiso absoluto de apoyar y colaborar con todas las investigaciones que sean necesarias para que quienes resulten responsables sean identificados y sancionados, remarcó.

En tal sentido, Zavala expresó que se ha acordado asignar un presupuesto adicional para la Procuraduría  Anticorrupción y al Ministerio Público (para que puedan conducir de manera adecuada y exhaustiva las investigaciones) y también fortalecer a la Fiscalía y a la Procuraduría, (dotándoles de los recursos que requieran para este fin, lo que permitirá avanzar con mayor celeridad en las investigaciones, para identificar y sancionar a las personas que participaron en este red de corrupción).

Como segundo punto, manifestó que “hemos acordado implementar mecanismos en la nueva ley de contrataciones del Estado para impedir que empresas que hayan sido sancionadas por actos de corrupción participen en nuevas licitaciones o concursos convocados por el Estado, ya que es importante evitar que una situación como esta se vuelva a producir”, precisó

Del mismo modo, el jefe del Gabinete Ministerial pidió al Ministerio Público y al Poder Judicial que lleven a cabo todas las investigaciones y diligencias que  correspondan en el plazo más breve, para sancionar a quienes resulten responsables.

Foto: Prensa de la PCM.

Por Luis Miguel Guerrero.

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«Contraloría tomará acción inmediata sobre este tema», adelantó el órgano de control en su cuenta oficial en Twitter. Como se recuerda el ministro del Interior, Walter Albán, informó que su sector no realizó ningún pago por la supuesta adquisición, como lo señaló un diario local, dado que el proceso de licitación se anuló debido a razones técnicas.

No obstante todo indica que esta adquisición se anuló apenas el diario hizo la denuncia periodística públicamente. El Comercio reveló en su edición de ayer que la Dirección General de Gestión en Administración del Ministerio del Interior había pagado un sobreprecio de S/.2’665.410 por la compra de 591 binoculares chinos al consorcio Nise TCH Corporation & US Tronix.

Asimismo, refería que en una licitación conjunta se incluyó 463 visores nocturnos, cuya adquisición a la empresa True North Tactical LLC, de Joan Alva Meneses, también estaba cuestionada.

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“En lo inmediato debemos superar este ‘impasse’ con Motorola que nos tomará unos 60 días e inmediatamente luego haremos la convocatoria para contratar empresas para que nos desarrollen la tecnología”, dijo el ministro. Recordó que el equipamiento de comunicación fue declarado en emergencia.

En diálogo con el programa “Sin medias tintas” de Frecuencia Latina, dijo que el sistema de comunicaciones “no se trata de una compra absurda” y recalcó que se resolvió el contrato con Motorola por incumplimiento.

“Nos entregó equipos que no correspondían a las especificaciones técnicas precisadas en la base de licitación”, dijo Pedraza, y añadió que la voluntad del Gobierno de adquirir el sistema de comunicaciones Tetra Release 2.

Explicó que la plataforma de comunicación permite una capacidad de 18 mil radios, y que, de haber prosperado la adquisición, 6 mil iban a corresponder al Tetra Release 2. “Por tanto, hay una planificación, haremos la compra de Tetra 1 y en su momento convocaremos la licitación para el Tetra Release 2”, dijo Pedraza.

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