Como se recuerda en dicha acción subversiva murieron varios policías a manos de hordas etnocaceristas, sin embargo uno de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) propondría absolverlo. 

Al respecto Peláez remarcó que el hermano del presidente mereció que la Fiscalía solicite para el 35 años de prisión.

«Había un concurso de delitos, secuestro agravado, homicidio calificado, sedición, arrebato de armas, etc. Esto determinó que la pena solicitada fuera la máxima por homicidio agravado, nosotros defendimos esa posición», indicó.

Agregó que hasta el momento, no hubo ningún elemento nuevo que modifique la opinión de la Fiscalía en torno a Antauro Humala. «Son delitos perpretrados en ese momento y se probaron», sostuvo a RPP Noticias.

Añadió que la tesis de la sedición (delito menor) que hoy impulsan los abogados de Antauro Humala, «es una especulación» y dijo no creer en un cambio de posición. «No habría sustento para decir que no existen los otros delitos», finalizó. 

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«Hasta donde tenemos conocimiento no hubo coordinación previa, pero los fiscales de prevención están inmediatamente prevenidos de estos acontecimientos y acudieron inmediatamente para llevar a cabo una labor de prevención de orden y acciones de esta natualeza», dijo a ATV + y RPP Noticias.

El magistrado indicó que en todo momento están tratando que los fiscales participen «pero por lo menos no tenemos conocimiento que haya habido una contestación previa, los fiscales están presentes allí tratando de pacificar y llevar a cabo labores de prevención para que no sigan produciéndose hechos violentos», indicó.

Dijo que al lugar llegaron 20 fiscales, y que van a incrementar el número a 10 más para ubicarlos en los lugares estratégicos.

«Acá tienen que haber acciones coordinadas concertadas para que haya un mejor trabajo, vamos a averiguar cómo se ha inciado».

Peláez llamó a calma a los jóvenes que participan de estos actos y que reflexionen para evitar más violencia.

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Como se recuerda el Jefe de Estado le había pedido hace unos días la exhaustiva investigación de la muerte de una niña de ocho años tras el operativo que fuerzas combinadas del Ejército y la Policía Nacional realizaron en el centro poblado de Ranrapata, distrito de Santo Domingo de Acombamba, Junín.

Peláez Bardales explicó que el hecho viene siendo investigado por una fiscal y la Dirincri. Aclaró que se ha puesto un plazo de 15 días para realizar las averiguaciones. “Hay que tomar en cuenta que es una zona de difícil acceso, solo en helicóptero son dos horas”, declaró en RPP.

Hace unos días, Humala Tasso indicó que hace falta un Ministerio Público“que se ponga bien los pantalones”.

Como se recuerda, el sábado 8 de setiembre una niña murió en medio de un enfrentamiento entre las fuerzas combinadas del Ejército y la PNP con narcoterroristas. Las circunstancias aún no han sido esclarecidas. Sin embargo, según testimonio de los familiares de la menor, el disparo fue hecho por agentes oficiales.

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Indicó a Canal N que la Policía Nacional del Perú dio un listado de los últimos números con que se comunicó Palma con su teléfono celular y tras ello “se procedió a interceptar estas líneas” sin saber quiénes eran sus titulares.

Ello, a pesar de que las líneas de teléfonos celulares están registradas con nombres y apellidos por sus usuarios.

“Al ver que ninguna de estas líneas era relevante para la investigación, se cancelaron a las 48 horas las interceptaciones. Así se comunicó al juez y este las desactivó”, aseguró Peláez. La interceptación se dio entre el 28 y 30 de abril, dijo.

“Mal se puede decir que ha habido una actuación irregular”, aseguró, porque la interceptación es un recurso en investigaciones criminales. Aseguró que el tema no tiene relación con que por esos días se venía discutiendo en el Congreso la dación de facultades especiales al Ejecutivo.

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El magistrado sostuvo que la sentencia del TC sienta una jurisprudencia que podrá ser aplicada ante normas similares a la que adoptó en su momento el gobierno regional de Cajamarca.

Peláez Bardales, quien presentó la demanda contra la citada ordenanza, ratificó que los gobiernos regionales no tienen facultades para tomar decisiones sobre la gran minería, toda vez que solo al Gobierno central le corresponde ejecutar la política general de minería en el país.

“En un Estado de Derecho todas las instituciones tienen funciones específicas y no se puede estar invadiendo los fueros que la Constitución confiere (…) la ordenanza del gobierno de Cajamarca rebasaba sus facultades y violaba las del Gobierno central”, dijo en el programa de radio Los Fiscales.

CASO SANTOS De otro lado, Peláez Bardales, indicó que los fiscales trabajan para esclarecer algunas investigaciones que ha llevado a cabo la Contraloría sobre la supuesta utilización de dinero del Gobierno Regional de Cajamarca para las marchas de protesta en contra el proyecto Conga.

“De encontrarse indicios se procederá a la denuncia correspondiente”, expresó.

El Ministerio Público formalizó investigación preparatoria contra el presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, Gregorio Santos, y contra seis funcionarios de esa entidad, por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso, peculado de uso y malversación de fondos en agravio del Estado.

La medida se adoptó al encontrarse indicios del uso de recursos del Gobierno Regional de Cajamarca para financiar actividades políticas vinculadas al paro regional del 9 de noviembre de 2011.

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