Se trata de un diálogo protagonizado por Marcio Chumacero dueño de una empresa que estaría implicado en una investigación fiscal.

«Justo tengo dos compras…dos emergencias por el tema de remediación, una por 10 millones, otra por 14 millones. Si la empresa tiene experiencia o puede importar experiencia o puede hacer esa gestión, lo podemos mover, podemos manejar el proceso ¿ya? Pero simplemente quiero saber si es que pueden hacerlo para poder involucrar… total ya le sacaste ya el registro de proveedor ahí, en Petro», se escucha en el mensaje de voz enviado WhatsApp y remitido entre fines de enero y comienzos de febrero pasado.

De acuerdo con el informe periodístico, la voz en el audio sería de Marcio Chumacero, gerente general y dueño del 95 % de las acciones AVP y Seguridad SAC, empresa que actualmente tiene una relación contractual con Petroperú y que se encuentra comprendida en una investigación de la Fiscalía anticorrupción por la presunta desaparición de información del registro de visitas de la sede principal de la empresa en el caso Karelim López y Samir Abudayeh.

«Sí parece que es mi voz, pero no trato temas que no sean los de seguridad, no entiendo ese audio de dónde proviene», señaló. «No reconozco eso, yo nunca tuve ninguna conversación, porque no veo temas de Petroperú, veo netamente temas de seguridad de la empresa», indicó Marcio Chumacero sobre al audio.

Servicio de seguridad

La empresa de Marcio Chumacero brinda el servicio de protección personal para la alta dirección de Petroperú desde el 9 de diciembre del 2021 por un costo de más de S/ 560 000. Es decir, para el entonces gerente general Hugo Chávez y para el presidente del directorio de la empresa, Mario Contreras.

«Esto es un servicio especial de cuidado de dignatarios, son gente muy preparada. En cambio, los otros servicios son de vigilantes, control de puertas. Y la verdad se tomó en un momento de emergencia, porque tuvimos que botar a una empresa que cuidaba y a otra más, porque encontrarmos una serie de debilidades», dijo Hugo Chávez a Punto Final.

Según el informe técnico de la contratación de servicio, la única empresa que remitió cotización fue AVP y Seguridad SAC e inmediatamente fue contratada. Marcio Chumacero afirmó que el servicio les llegó por correo electrónico de Petroperú bajo un proceso formal.

El otro accionista de AVP y Seguridad SAC es Hans Heysen Arévalo, quien admitió tener una relación amical con Hugo Chávez desde años. Sin embargo, Hugo Chávez sostuvo que solo es un conocido. Heysen registra visitas a Petroperú el 24 de noviembre y el 1 de diciembre del 2021, días antes que AVP y Seguridad SAC presentara su cotización y fuera contratada. Chumacero, por su parte, ingresó a Petroperú el 9, 10, 13 y 22 de diciembre del 2021.

Contratos de remediación

En relación con los contratos nombrados en el audio, Punto Final halló dos únicos contratos de remediación suscritos durante la gestión de Hugo Chávez en Petroperú para atender derrame de petróleo del oleoducto Norperuano. Uno producido el 31 de diciembre del 2021 en la zona de Tuyunza y el otro ocurrido el 21 de enero del 2022 en la zona de Nueva Alianza.

La Contraloría General de la República observó el contrato firmado en marzo por el Consorcio Hermes (conformado por Hermes Organización EIRL y Global Services Villacrez SRL) para la remediación de la zona de Nueva Alianza, con un monto de casi 13 millones de soles, debido a que no cumplía la experiencia exigida. Monto y tema nombrados en el audio.

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En comunicado del Ministerio Público se informó que se realizarán una serie de diligencias preliminares en un plazo de 30 días y que incluyen recoger los descargos del parlamentario, debidamente documentados, así como testimonios de trabajadores y su personal.

La Fiscalía pedirá además a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos información sobre las empresas Copy Depot S.A.; Maquinarias Jaam S.A.; Representaciones Jaam S.A; Digital Copier Solution E.I.R.L; Nuevo Mundo Alternativo E.I.R.L; Margen Discrecional E.I.R.L y Editorial Gráfica Gagó S.R.L; así como de otras empresas que se encuentren registradas a nombre del congresista, de sus hermanos y de Amancio Virgilio Armas Vílchez.
 
Por último, se tiene previsto recibir las declaraciones de Armancio Virgilio Armas Vílchez; gerente general de Copy Depot S.A. y de Adrián y Carmen Gagó Pérez, respectivamente. El primero se desempeña como gerente general de Maquinarias Jaam S.A. y la segunda, como  apoderada de Representaciones Jaam S.A.

Como se recuerda, recientemente varios programas dominicales revelaron que Gagó sería dueño encubierto de una empresa supuestamente que seguiría contratando con el Estado pese a su condición de legislador.

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Ante la comisión de Fiscalización, Humala inició su presentación disculpándose con los miembros de dicho grupo de trabajo por abandonar abruptamente el Parlamento en una anterior sesión.

Alexis acude a declarar por su viaje a Rusia donde ofreció negocios a dicho país en nombre del gobierno de su hermano, así como por la empresa Krasny del Perú que contrató con el Estado.

«Aquí hay congresistas que dicen que yo he hecho negocios (con el Estado). Que lo demuestren», dijo notoriamente incómodo.

El legislador fujimorista Héctor Becerril, le respondió y le recordó que este firma un documento en donde manifiesta que viaja (a Rusia) para explorar nuevas posibilidades de explorar oportunidades económicas y de inversiones. Minería, pesquera, aerocivil, etc.

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Como se recuerda se indagan presuntas irregularidades en las contrataciones que hizo con el Estado y en las que estaría implicado Humala, hermano del presidente de la República.

El titular del Ministerio Público indicó que la indagación está avanzada y que “la fiscalía ya viene trabajando las conclusiones para emitir el pronunciamiento final”.

El plazo inicial de la investigación preliminar vencía ayer,por eso Peláez mencionó el tema de la prórroga.

El caso está en manos del fiscal supraprovincial especializado en corrupción de funcionarios Óscar Miranda Orrillo, quien investiga a Alexis Humala por haber contratado con organismos públicos a pesar de que la Ley de Contrataciones del Estado lo prohíbe.

Sobre este caso, el hermano del mandatario ha sostenido en su descargo que vendió sus acciones en Krasny del Perú antes de que su hermano fuera presidente. Sin embargo, Humala necesita mostrar la escritura pública para demostrar que transfirió su participación.

En el Congreso de la República también se está investigando a Alexis Humala. Justamente la Comisión de Fiscalización lo ha citado para que preste su declaración el 7 de setiembre.

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Jiménez Mayor ratificó la voluntad de lucha contra la corrupción del gobierno y advirtió sanciones a quienes se hicieron de la vista gorda.

«Yo no se que tiene en la cabeza el señor Alexis Humala, lo que le puedo decir es que la norma es clara y no permite a estas personas (familiares del presidente) tener contratos con el Estado, vamos a defender las normas. Quienes se hayan hecho de la vista gorda serán sancionados«, indicó Jiménez al programa Panorama. 

Añadió que ninguna persona, por más pariente del presidente que sea, no tendrá privilegios con el Estado.

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Ahora resulta que la citada empresa arequipeña logró contratos con el Estado por un monto S/. 12’967.416, según el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.

La cifra representa un incremento, aproximadamente, del 130% con respecto al 2011, ya que la compañía ganó ese año licitaciones por un monto de S/. 4’844.620. Las adjudicaciones del año pasado fueron logradas antes de que Ollanta Humala asumiera el poder.

La buena estrella de Apoyo Total se vio reflejada hace poco con una licitación realizada por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía (SUTRAN), adscrita y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Apoyo Total tiene vinculación con José Paredes Rodríguez, hermano del ministro del sector, Carlos Paredes Rodríguez.

José Paredes es accionista principal de la empresa Peruana de Vigilancia y Protección S.A., que ha formado parte del consorcio Apoyo Total.

El 8 de junio pasado, SUTRAN otorgó a dedo la buena pro a Apoyo Total para que brinde un servicio de monitoreo y control de unidades de transporte interprovincial, según informó el semanario Hildebrandt en sus Trece.

Apoyo Total brinda servicios de monitoreo satelital GPS, mensajería, desarrollo de software, publicidad y marketing. Tiene como presidenta del directorio a Gloria Sobenes Vizcarra y como vicepresidente a Eduardo Sobenes Vizcarra. 

Sobenes contrató a Nadine Heredia, el 2 de junio del 2008, pagándole US$5.555 mensuales por una misteriosa consultoría de marketing. El contrato duró un año y nunca se supo explicar en qué consistió la asesoría, según el semanario.

Sobenes, quien había aportado S/.33.120 para la campaña de Humala del 2006, está casado con Mariela Indacochea Ballón, hermana del exgeneral montesinista Carlos Indacochea. Mariela Indacochea es directora de Apoyo Total.

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Como se recuerda Cuarto Poder informó ayer que Pimentel pasó de ser un pequeño constructor a facturarle millones al Estado.

En nota de prensa, el organismo de control informó que «inició la verificación de la legalidad y transparencia» en el proceso de selección y adjudicaciones de obras a favor de la empresa Consultora y Constructora San Martín (Consultsam) de Pimentel. 

La acción de control abarcará las tres obras que se adjudicó la citada empresa desde enero del presente año, en las regiones de Huánuco, Junín y San Martín, que en conjunto representan 14 millones de soles. 

Las obras que se adjudicó la referida empresa, son las siguientes:

–   Con la Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares (Huánuco): Ampliación y Mejoramiento de agua potable y alcantarillado en la localidad de Chupam, por 6 millones 872 mil soles.

–   Con la Municipalidad Distrital de Río Tambo (Satipo -Junín): Instalación del sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad de Puerto Prado, por 3 millones 937 mil soles.

–   Con la Municipalidad Distrital de El Porvenir (San Martín): Mejoramiento del sistema de agua potable en la localidad de Pelejo, Nuevo San Juan-Papa Playa, por 3 millones 298 mil soles.

En una primera etapa, la Contraloría realiza la revisión de los documentos sustentatorios, para luego pasar a la etapa del trabajo de campo, visitando a las entidades enunciadas anteriormente.

La presente acción de control se realiza en el marco del sistema de atención de denuncias  periodísticas.

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