A través de estos acuerdos, ambas personas reconocen graves delitos de corrupción y se comprometen a colaborar con la justicia peruana entregando valiosa información, documentos y testimonios respecto a seis carpetas fiscales: el caso “Club de la Construcción” y los procesos vinculados a los proyectos Gasoducto Sur Peruano, IIRSA Norte, Vía Expresa Sur, Línea 1 del Metro de Lima e IIRSA Sur Tramos 2 y 3.

Los convenios establecen además que tanto Graña Miró Quesada como Graña Acuña pagarán al Estado montos de reparación civil de S/ 39.9 millones y S/ 17.7 millones, respectivamente.

Así, el monto total que recibirá el Estado como indemnización será de S/ 57.6 millones, por los daños que causaron ambas personas a través de los delitos que cometieron.

Conforme a las cláusulas fijadas en los acuerdos, la cancelación total de los pagos de reparación civil se realizará entre los 60 y 120 días después de que sean aprobados judicialmente. Los acuerdos fueron presentados al Poder Judicial el pasado 27 de enero.

“Estos convenios permitirán la entrega de información clave para que las investigaciones en seis procesos penales lleguen a juicio, donde esperamos que el resto de investigados reciban todo el peso de la ley y sean condenados”, señaló la procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, Silvana Carrión Ordinola.

La abogada del Estado indicó que estos acuerdos también son importantes porque permitirán el cobro efectivo de la reparación civil en un plazo corto de tiempo. “Es un logro para la Procuraduría ad hoc. Hemos diseñado cláusulas que permiten asegurar los pagos acordados, los cuales están respaldados por los embargos que hemos realizado contra ambas personas al inicio de los procesos”, resaltó.

Carrión concluyó que hasta el momento “estamos ante las reparaciones civiles más altas de la historia del país que serán pagadas por personas naturales, en lo que se refiere a casos de corrupción”.

Cabe señalar que los pagos que realizarán ambas personas son adicionales a los S/ 480 millones que pagará la compañía Aenza (antes Graña y Montero), según el pre- acuerdo de colaboración eficaz que firmó esta empresa con la Procuraduría ad hoc y el Equipo Especial en mayo de 2021.

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Vela respondió así al comunicado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada en el que respaldan a los jueces superiores que dispusieron la liberación de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular y denuncian “que han venido siendo pasibles de menoscabo en su honorabilidad”.

“Si el propósito era de buscar mandar algún mensaje, yo creo que se equivocan completamente. Nosotros vamos a seguir en la misma línea, no de ser pusilánimes ni tampoco de tener una actitud irrespetuosa. Por el contrario, nosotros actuamos dentro de la ley, y vamos a seguir analizando y criticando todas las decisiones en orden de las pretensiones materiales del Ministerio Público, que es una institución constitucionalmente autónoma”, dijo en diálogo con el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Vela recordó que todos los que litigan activamente saben que los jueces, cuando toman una decisión, hablan con sus motivaciones en las resoluciones judiciales, las cuales pueden ser objeto de crítica.

“Es decir, la motivación de la resolución judicial es la que tiene que ser objeto de crítica, porque de otra manera estaríamos más bien en un campo dentro del cual hablamos no de justicia de seres humanos, sino de deidades y de soberbia y eso es inadmisible dentro de un sistema de administración de justicia”, apuntó.

Derecho a analizar

Rafael Vela Barba aseguró que la crítica a las decisiones judiciales siempre ha sido de manera alturada y desde el punto de vista formal, legal e institucional. El magistrado dijo estar sorprendido por el tenor del comunicado de la Corte ya que la Constitución señala que, en el marco del ejercicio de la función pública, existe el derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las decisiones judiciales.

“[¿Qué opina sobre este comunicado de la sala?] Realmente sorprendidos. En principio, no sabemos si es una comunicación de parte de la Presidencia de la Corte Penal Nacional o [se trata] de más bien de una expresión de incomodidad respecto de los integrantes de la sala, que están dentro de las circunstancias de un caso de muy alto perfil, y el derecho de análisis y crítica de las resoluciones judiciales de los ciudadanos, de los periodistas, de los abogados, de todos quienes tienen algún tipo de declaración a lo que se ha resuelto, eventualmente puedan ellos con muy poca tolerancia incluso hasta amenazar en algún sentido a quienes tienen una posibilidad de criticar y analizar estas resoluciones, de acuerdo a lo que dice la Constitución, porque el artículo 139 de la Constitución Política es bastante claro”, señaló.

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En el documento, firmado por el procurador general del Estado Daniel Soria Luján, se detalla que la decisión de apartar a Jorge Ramírez Ramírez del cargo fue tomada ayer en sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado.

Sin embargo, en la resolución no se especifican las razones de esta separación, limitándose a agradecerle “por los servicios prestados”. No obstante la decisión se toma días después que Odebrecht demanda al Estado ante el CIADI por un monto de 1,200 millones de dólares.

Fue Ramírez quien se encargó de negociar con Odebrecht el proceso de delaciones y negociación para que se revelen los nombres de los principales implicados en la corrupción y entregas de dinero.

Jorge Ramírez fue duramente criticado en los últimos días tras conocerse que solicitó al exministro de Energía y Minas Juan Carlos Liu atender a representantes de Odebrecht, que tenía la intención de recuperar la concesión del Gasoducto Sur Peruano.

“Este tipo de conductas nunca se ha visto en un procurador. (…) Definitivamente él ha utilizado su cargo de procurador para patrocinar intereses, en este caso de Odebrecht, ante el ministro”, dijo la exprocuradora Katherine Ampuero.

También investigado

Cabe recordar que Ramírez también está siendo investigado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Funcionarios Públicos por el monto de reparación civil que deberá pagar la empresa Odebrecht al Estado Peruano.

Dicha investigación contra Ramírez se dio tras la denuncia del procurador anticorrupción, Amado Enco, ante el Ministerio Público, por presuntamente haber favorecido Odebrecht en el acuerdo de colaboración eficaz por cuatro proyectos en los cuales han admitido actos ilícitos.

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Fue al comentar la denuncia hechas por el fiscal José Domingo Pérez, respecto a «actos de infiltración» en el trabajo que realizan y donde, además, solicitan una evaluación continúa del personal del equipo especial.

«Inmediatamente pedimos un informe de seguridad sobre los procedimientos internos, porque el edificio donde operamos es compartido y no es exclusivo del Ministerio Público y hay ingresos de muchas personas que no se registran dentro de los procedimientos regulares. Y, además, estamos tratando de ajustar al máximo las respuestas inmediatas para poder detectar cualquier tipo de infiltración o menoscabo de seguridad interna para el resguardo de la información que tenemos», manifestó en Canal N.

En ese sentido, refirió que el equipo especial Lava Jato estará atento a cualquier tipo de infiltración de información, porque se maneja documentación bastante sensible que está bajo procedimientos reservados, por lo que es necesario «estar siempre vigilantes».

«Venimos recibiendo información sensible y se tiene que ajustar los procedimientos de resguardo de información y confidencialidad y nunca se peca de excesos cuando se trata de este tipo de casos y también sirven para poner alerta hacia adentro y hacia afuera también donde eventualmente se realizan estas prácticas de reglaje», aseguró.

La denuncia de Domingo Pérez

José Domingo Pérez, fiscal del equipo especial para el caso Lava Jato, denunció «actos de infiltración de informantes» en dicho grupo, cuyo propósito -dijo- sería «entorpecer y obstruir» las investigaciones de los casos de corrupción y lavado de activos vinculados a Odebrecht.

Con ese objetivo, Pérez presentó el informe 64-2019 al fiscal coordinador Rafael Vela. El documento está fechado el 12 de setiembre y consta de cinco páginas.

Como «recomendación», el fiscal le plantea a Vela la «evaluación continúa del personal del equipo especial» y «adoptar procedimientos de identificación y control de usuarios y abogados litigantes en sus oficinas».

Al sustentar su posición, José Domingo Pérez menciona mensajes de las cuentas de Twitter LaResistenciaR2, entre otros, sobre la presencia, en las oficinas del equipo especial, de la abogada Lourdes Carreño. Según el fiscal, los tuits buscan «intimidar».

Añadió que Carreño «sostiene entrevistas indistintamente» con los fiscales del equipo especial como apoderada de la empresa Odebrecht.

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En declaraciones a Peru 21, Rafael Vela recordó que se trata de una decisión judicial y por ello el mandatario Martín Vizcarra debe acatar sino habría una clara intromisión.

“Se trata del presidente constitucional de la República, que es el primer funcionario que debe acatar las decisiones de carácter judicial sin entrometerse, sin intromisiones. En esa medida hemos contestado (también) que las opiniones del presidente del Poder Judicial deberían guardar prudencia y no entrometerse en asuntos que son de carácter estrictamente técnico”, comentó el fiscal.

“Lo que pensamos es que no debería existir ningún nivel de opinión como sí puede existir en cualquier ciudadano. No estamos hablando de cualquier ciudadano, estamos hablando del presidente del Poder Judicial, del presidente de la República o de cualquier otro órgano que puede ejercer jurisdiccionalidad”, remarcó.

Al ser consultado por el reciente interrogatorio a Jorge Barata y a Ricardo Boleira, en Brasil, el coordinador del equipo especial Lava Jato evitó hacer algún comentario específico, pero resaltó la “relevancia” de los expresado por los representantes de Odebrecht.

“Se sigue presentando información relevante, no solo de carácter testimonial sino también documental, que demuestra todas las operaciones financieras ilegales vinculadas a graves casos de lavado de activos y de corrupción en el país”, dijo Rafael Vela.

Adelantó, además, que hay cincuenta aspirantes a colaboradores eficaces nacionales, personas naturales, y cinco personas jurídicas nacionales y extranjeras. “Lo que se necesita es que toda esta información sea corroborada, se culminen los procesos de colaboración eficaz y esa prueba sea oponible también a los abogados de los investigados”, sentenció.

Rechaza denuncia de Amado Enco

En otro momento el fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, se pronunció sobre la denuncia del procurador anticorrupción, Amado Enco, contra Jorge Ramírez, procurador ad hoc para el caso Odebrecht y otros, que consideró debe ser “rechazada de plano”.

“Nos sorprende este tipo de discordancias. Nosotros hemos sometido un acuerdo de colaboración eficaz a la legalidad del Poder Judicial. (…) En el plano técnico rechazamos que se haya podido cometer algún tipo de irregularidad porque la jueza no lo habría permitido. El procurador público ha estado integrado en ese esfuerzo colectivo; (…) desde esa perspectiva nos resulta sospechosa e incómoda esta denuncia que, nos parece, debe ser rechazada de plano”, dijo en entrevista con Perú.21.

“Lo que el procurador Enco estima seguramente es que se pudieron haber obtenido mejores condiciones, pero es una aseveración carente de conocimiento de las circunstancias en que se llevó a cabo esta negociación”, sentenció.

Amado Enco denunció ante el Ministerio Público a Jorge Ramírez por supuestamente haber favorecido a la constructora brasileña Odebrecht en el acuerdo de colaboración eficaz por los cuatro proyectos en los que han admitido actos ilícitos.

“Las coincidencias son parte del análisis también porque estamos hablando de un caso que tiene ramificaciones y consecuencias colaterales. Nosotros estamos vigilantes ante un acontecimiento de esa naturaleza y, por supuesto, también mostramos nuestra preocupación por lo inconveniente que resulta”, sostuvo Vela.

El fiscal superior consideró que declaraciones políticas sobre el caso, como las del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, quien dijo que estas acusaciones están en el marco de la legalidad, “nos preocupan y nos parecen imprudentes, porque no se trata de la opinión de cualquier ciudadano”.

“Se trata de la opinión de un ministro, de un presidente constitucional, del presidente del Poder Judicial y todo eso es, evidentemente, un mecanismo dentro del cual se puede interpretar cierta presión sobre quienes tienen que decidir de forma autónoma. (…) Estas declaraciones no contribuyen a tener un clima estrictamente técnico y nosotros interpretamos que son inadecuadas e imprudentes respecto al momento en que vivimos”, se quejó Vela.

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Así señala la acusación fiscal que formuló el jefe del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, la cual además incluye un nuevo pedido de extradición contra Alejandro Toledo por el caso Ecoteva.

Días atrás, el fiscal superior destacó que el interrogatorio del fiscal José Domingo Pérez al empresario Josef Maiman fue «fundamental» para poder acusar al exmandatario.

Como se recuerda, Toledo concretó la adquisción de costosas propiedades en la capital a nombre de su suegra Eva Fernenbug a través de la empresa Ecoteva Consulting Group.

Eliane Karp y Avi Dan On

El magistrado lo acusó por el presunto delito de lavado de activos y solicitó similar penal para su esposa, Elian Karp, y Abraham Dan On, quien se encargo de la seguridad del ex jefe de estado. Ambos están implicados en el caso Ecoteva.

También pidió 10 años de cárcel para Eva Fernenbug. En tanto, solicitó 13 años y 4 meses de cárcel para su exapoderado legal David Esquenazi, así como para Shai Dan On, hijo de Abraham Dan On, también implicados en el caso.

Reparación civil

El fiscal coordinador del Equipo Especial para el caso Lava Jato pidió que cada una de estas personas pague la suma de 6 millones 370 mil soles por concepto de reparación civil a favor del Estado.

Esta acusación fiscal fue presentada ante la Cuarta Sala Penal de Reos Libres de Lima para el inicio del correspondiente juicio oral. Vela Barba pidió a esta instancia judicial que se inicien los trámites para requerir la extradiccion de Alejandro Toledo, Elian Karp, Abraham Dan On y su hijo por el caso Ecoteva.

«Ya está culminada la acusación en el caso Ecoteva (…) Eso es parte de los procedimientos estratégicos que el equipo especial se ha decantado. No han sido fáciles, son bastante complicados: se han tenido que dar viajes muy largos como a Israel, donde hemos tenido que realizar una serie de actividades propias de la colaboración eficaz», señaló el pasado sábado.

Durante un foro sobre las investigaciones del caso Lava Jato y la reforma judicial organizado por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, el fiscal consideró que estos pedidos de extradición representan «una herramienta sumamente utilitaria». En ese sentido, señaló que resulta «una necesidad urgente» que sea atendida por la justicia norteamericana.

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Como se recuerda en las redes sociales fue evidente la crítica por un supuesto trato diferenciado, entre Keiko Fujimori -quien debe permanecer con prisión preventiva por 36 meses- y Susana Villarán a quien sólo se le impuso 18 meses en cárcel.

Al respecto, José Domingo Pérez respondió en entrevista al diario El Trome, que la Policía es quien decide que procedimiento seguir en cuanto a las detenciones y traslados a un penal.

«Respecto al porqué le pusieron el chaleco o no a una determinada persona, eso corresponde al tema policial, porque finalmente son ellos los que detienen y son los que ponen a disposición del juzgado», indicó.

No obstante dijo que entiende que «se ha tratado de mejorar el procedimiento para poner a estas personas a disposición judicial«, es decir que ahora hay un procedimiento menos duro.

Respecto al por qué para Keiko Fujimori le dieron 36 meses de prisión y por qué para otra persona 18 meses remarcó que «esa ya es una decisión judicial».

«En el caso de la señora Fujimori y los otros coinvestigados con ella, yo había solicitado 36 meses porque estábamos iniciando el proceso. Tengo entendido que en el caso de Susana Villarán, el proceso ya estaba en curso o ya iban algunos meses que se había cumplido del plazo», remarcó Domingo Pérez.

La ley es para todos

Al ser consultado si se está midiendo a todos con la misma vara, en relaciones a estas diferencias entre Keiko Fujimori y Susana Villarán, José Domingo Pérez dijo que se está aplicando la ley para todos. «La ley se aplica para todos los ciudadanos por igual.», anotó.

Respecto a la acusación de ‘jugar en pared’ y brindar información privilegiada al Instituto de Defensa Legal (IDL)- Reporteros, que dirige el periodista Gustavo Gorriti, José Domingo Pérez lo negó.

«No, no es cierto, creo que todos los medios pueden tener acceso a la información entrevistándonos, como usted lo está realizando en este momento o como el doctor Rafael Vela cuando va a los distintos canales de televisión o a las distintas entrevistas a las cuales nos invitan«, remarcó.

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En sus declaraciones en el tercer día de diligencias ante fiscales del grupo especial Lava Jato, Jorge Barata detalló este grupo de empresas se coludieron para adjudicarse obras de Provías Nacional en aquella época según reveló El Comercio.

Barata recuerda que las empresas que conformaron «Club de la Construcción», fueron GyM (Graña & Montero), Obrainsa, Cosapi, ICCGSA, Construcción y Administración (CASA), Hidalgo e Hidalgo, así como las brasileñas: Andrade Gutiérrez, OAS y Queiroz Galvao.

Según Barata, Ricardo Bortoletti y Raymundo Trindade Serra participaron en las reuniones del ‘Club’, en representación de Odebrecht. En esos encuentros las constructoras peruanas y brasileñas definían los turnos para la obtención de las obras.

Este grupo operó en conjunto hasta el 2012 coludiéndose para adjudicarse obras de Provias Nacional, y es probable que más adelante actuaron en pequeños grupos.

Barata añadió que las empresas del ‘Club’ pagaban sobornos a funcionarios del MTC, pero dijo no recordar sus nombres. Señaló que esos detalles los conocían Trindade Serra y Renato Bortoletti

El interrogatorio de hoy estuvo a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche sobre los pagos a Jorge Acurio Tito, exgobernador regional del Cusco, y la formación y operatividad del ‘Club de la Construcción’.

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En declaraciones a BluRadio de Colombia, Alan García dijo que por ello las autoridades actuaron con prudencia, pero lamentablemente el expresidente ingresó a su habitación, se encerró con llave y luego disparó.

«El video demuestra que el Ministerio Público actuó con apego a la ley, se había solicitado la detención de Alan García y a la vez hacer el registro del inmueble y se estaba haciendo todo de forma prudente», aseguró Domingo Pérez.

Añadió que las autoridades tenían conocimiento que Alan García tenía armas de fuego en su poder pues así «aparece en el registro nacional de Perú, pero nadie podía adelantar lo que iba a suceder».

Hubo prudencia con Alan García

José Domingo Pérez agregó que, si bien se sabía de la posesión de armas, es «solo con el video que se ve que en el momento de una corta conversación con las autoridades tenía un revolver en su mano».

El fiscal reveló que Alan García cruzó unas cortas palabras con los policías en las que les preguntó si se trataba de un operativo de detención ante lo cual se le solicitó que bajara para poder hablar “y es en ese momento que él decide dar la vuelta y encerrarse en su habitación y pues ya después es que se escucha el disparo y ellos se ven forzados a entrar”.

Añadió que las autoridades fueron prudentes durante el operativo pues las circunstancias podían cambiar en cualquier momento y resultar afectados quienes estaban en el lugar.

Informó que la Fiscalía sigue la investigación reuniendo testimonios y pruebas para poder entregar resultados sobre el caso Odebrecht. “Ya tenemos varias sindicaciones directas y seguiremos avanzando en el tema”, dijo.

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De esta manera, el equipo liderado por el fiscal José Domingo Pérez entregó los folios y elementos probatorios para el control de legalidad respectivo.

El documento fue entregado por el fiscal adjunto Henry Amenábar y será revisado por la jueza María de los Ángeles Álvarez, titular del Primer Juzgado Nacional del Sistema Nacional Especializado en Delitos de corrupción de Funcionarios.

El acuerdo, firmado el pasado 15 de febrero en Brasil, consta de 739 tomos que contienen un total de 147,801 folios.

Según destacó el fiscal Rafael Vela, jefe del Equipo Especial lava Jato, el acuerdo permitirá la entrega de pruebas y testimonios para las investigaciones en cuatro casos en los cuales Odebrecht admite actos de corrupción.

Con esa opinión coincidió José Domingo Pérez, fiscal principal del caso quien está fuera del país.

Comprende los proyectos Línea 1 del Metro de Lima, tramos 2 y 3; carretera Interoceánica, tramos 2 y 3; vía de Evitamiento en Cusco y la Costa Verde del Callao

La empresa brasileña, según el acuerdo, se compromete al pago de una reparación civil de 610 millones de soles y a brindar testimonio, pruebas e información contenida en los servidores My Web Day y Drousys, usados para encubrir el pago de coimas a través de la Caja 2.

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Como se recuerda recientemente altos funcionarios de Odebrecht revelaron responsabilidades en la entrega de dinero que implican a varios políticos, empresarios y otras personalidades del Perú.

Por ello Carlos Morán consideró que permitir a un investigado por corrupción, sobre quien pesan fuertes indicios de culpabilidad, transitar libremente por todo el territorio nacional es prácticamente darle “carta abierta” para fugar y, por tanto, urge tomar acciones para impedir que ello ocurra.

Morán Soto afirmó que las revelaciones surgidas en torno al caso Odebrecht, tras los testimonios de los directivos de la empresa brasileña, complicarán la situación de muchos políticos, por lo cual se debe evitar que evadan a la justicia.

“No podemos tener una actitud contemplativa. No pido que se adopte una medida tan extrema como la prisión preventiva, pero considero que la Fiscalía, con todos los elementos que está reuniendo, debería solicitar arresto domiciliario para los políticos investigados por corrupción”, recalcó.

Para el titular del Interior, el arresto domiciliario de los investigados permitiría a la Policía Nacional del Perú (PNP) ejercer un control efectivo sobre estas personas, pues sería ilegal hacerles seguimiento o intervenir sus comunicaciones.

Casos de prófugos

Sobre la información publicada en un medio escrito, según la cual el exgobernador regional del Callao, Félix Moreno, estaría quintuplicando el monto de recompensa ofrecido por su captura, a fin de no ser delatado, comentó que ello está en el terreno de la especulación.

En ese sentido, se mostró contrario a aumentar el monto ofrecido por información sobre el paradero de Moreno.

“Si quintuplicamos el monto de su recompensa y luego sale que él (Moreno) ofrece 10 veces más, entonces ¿qué hacemos? ¿lo volvemos a subir? Esto no es una subasta”, enfatizó.

Explicó que las recompensas son una ayuda adicional al trabajo de la PNP, pero de ninguna manera pueden reemplazarlo. Por ello, agregó, los agentes del orden continúan trabajando para dar con el paradero de Moreno.

Según recordó, el exgobernador chalaco se encontraba detenido, pero una decisión judicial le otorgó comparecencia, pese a que su situación era complicada, lo cual terminó facilitando su fuga.

“Me parece importante impedir que esto vuelva a pasar. Félix Moreno debe ser capturado con trabajo policial y estoy seguro vamos a tener resultados positivos”, acotó.

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Detalló que los interrogatorios que se realizarán en la ciudad de Curitiba permitirán obtener más información valiosa sobre las investigaciones sobre corrupción tras la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht.

Una de las declaraciones que la fiscalía considera claves, es la del representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata.

“De lunes a viernes vamos a tener importantes declaraciones que se realizarán en Curitiba y luego en marzo es la declaración de Jorge Barata”, señaló en Canal N.

Rafael Vela, destacó además que tras el acuerdo de colaboración eficaz, la Fiscalía tendrá acceso a las informaciones de los sistemas «My Web Day» y «Drousys», a través de los cuales Odebrecht solicitaba, procesaba y controlaba las operaciones para el pago de sobornos.

Acuerdo clave

En la víspera el equipo especial del caso Lava Jato firmó en Brasil el acuerdo de colaboración eficaz con representantes de Odebrecht y exfuncionarios de esa empresa, que permitirá la entrega de pruebas y testimonios para las investigaciones en los graves casos de corrupción en el Perú.

Vela subrayó que con la firma de este acuerdo se avanzará de manera más rápida con las investigaciones del caso Lava Jato porque se podrá acceder a las pruebas de forma más directa.

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