Aunque sólo es un borrador que deberá debatir hoy la Megacomisión que investiga al régimen aprista, un proyecto de informe final recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Alan García.
El documento también recomienda acusar al exministro de Educación José Antonio Chang, a quien, además, se le atribuye la presunta comisión de ilícitos penales (negociación incompatible).
El voluminoso expediente –de 240 páginas–, sugiere también denunciar penalmente a otros ocho exfuncionarios del sector Educación –entre ellos, el exviceministro de Gestión Institucional Víctor Raúl Díaz Chávez–, a quienes se acusa de no haber cumplido cabalmente sus funciones, de haber beneficiado presuntamente a las empresas ejecutoras de obras con incrementos injustificados en los montos presupuestados y de haber provocado millonarias pérdidas al Estado.
Salvo algunas modificaciones de forma, el documento –elaborado por el equipo de asesores de Tejada– no difiere mucho del “borrador” que a fines de mayo pasado se filtró a la prensa y que hallaba responsabilidad penal en el expremier Yehude Simon, el extitular de Economía Luis Carranza y el exministro de Energía y Minas Pedro Sánchez, quienes, en esta ocasión, han sido excluidos.
A lo largo de sus 21 conclusiones, la ‘megacomisión’ hace hincapié en que el Decreto de Urgencia Nº 004-2009, a cuyo amparo se remodelaron 52 colegios emblemáticos, fue emitido “sin sustento técnico ni legal” y permitió la evasión de controles y el incremento considerable de montos, por lo que se aconseja su derogación.
Igualmente, sostiene que hay un “probado vínculo” entre el exministro Chang y algunas de las empresas que ejecutaron las obras, subraya que se ha detectado la existencia de medios de pago (cheques) a nombre de funcionarios de Educación que participaron en los hechos materia de investigación y/o sus familiares directos, y advierte supuestas contradicciones en el testimonio que, en su oportunidad, dio el expresidente García a la comisión.