No sólo desde el Ejecutivo sino también en el Congreso se cocinan una serie de propuestas para recortar las competencias del Tribunal Constitucional.
No sólo desde el Ejecutivo sino también en el Congreso se cocinan una serie de propuestas para recortar las competencias del Tribunal Constitucional.
Fue el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Rolando Sousa, quien informó que ha presentado un proyecto de ley que plantea modificar algunos artículos de la Ley Orgánica del vapuleado Tribunal Constitucional.
En la víspera el titular de dicho colegiado, Juan Vergara, señaló que el Congreso no estaba en capacidad de recortar la competencias del TC. Sin embargo, Sousa, quien dice tener apoyo del resto de bancadas, con excepción del humalismo, propone “eliminar la competencia de ser supremo intérprete de la Constitución Política” que tiene el TC.
“Eso le ha valido a ellos (los magistrados del TC) para desarrollar teorías extranjeras en la aplicación de ser el supremo intérprete y por lo tanto ir más allá de sus competencias”, dijo Sousa.
“El tribunal debe pronunciarse exclusivamente sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes y que cuando determine alguna laguna legislativa tendrá la obligación de remitir el tema al Congreso”, consideró el parlamentario fujimorista.
Este y otros aspectos serán discutidos en este grupo de trabajo al que también serán invitados los propios miembros del TC, según anunció Sousa.
Este proyecto se presenta luego de que el mandatario, Alan García, pidiera públicamente al Congreso que revise las funciones del órgano máximo intérprete de la Constitución. Ello por no estar de acuerdo con un fallo que manda al Ejecutivo reponer el arancel del 12% a la importación el cemento.
Precisamente hoy el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, adelantó que en los próximos días el Ejecutivo también presentará un proyecto de ley para reformar las atribuciones del TC.
En conferencia de prensa, señaló que existe confusión entre los miembros del TC, pues creen que pueden regular la política económica del país. “Se creen oráculos constitucionales infalibles y no es así”, acusó. (El Comercio – Periodismo en Línea)
