Según fiscal no hay indicios para acusarla.
Según fiscal no hay indicios para acusarla.
La denuncia por lavado de activos contra Nadine Heredia, esposa del líder nacionalista, Ollanta Humala, fue archivada por el fiscal Mateo Castañeda, al determinar que no existen indicios para acusarla.
Según informa el diario ‘La Primera’, Castañeda declaró infundada la denuncia de la Procuraduría al no encontrar “indicio ni evidencia objetiva concreta que sirva para formalizar la correspondiente acción penal, ni causa probable para continuar la investigación preliminar”.
Asimismo, se reveló que la fiscal de la Nación, Gladys Echíz, formalizó una denuncia contra Ramón Saldívar, el ex superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera, que habría filtrado la información confidencial sobre Heredia y que fue usada por los medios periodísticos.
Echaíz señaló en su resolución del 14 de junio de este año que se aprecian notables coincidencias entre la información contenida en una tabla (Excel) comparativa elaborada por Saldívar con información confidencial de las cuentas de Nadine Heredia, y la publicada en una revista que hizo eco de la denuncia.
En su descargo ante la fiscal de la Nación, Saldívar argumentó que las tablas de información sobre las cuentas de Nadine Heredia fueron elaboradas para presentarlas ante el superintendente de Banca y Seguros, Felipe Tam, porque tenían una “especial significación” para las investigaciones de esa entidad supervisora, pero otros funcionarios y analistas de Inteligencia Financiera lo han desmentido, porque el expediente en cuestión “no era uno que merecía un tratamiento especial o una dedicación diferenciada”. Según la investigación de la fiscal Echaíz, Saldívar habría tratado de ocultar su participación en este caso, cuando “ordenó a los funcionarios vinculados al trámite del ROS de la señora Heredia, eliminar todos los correos electrónicos que él pudiera haber remitido y que guardasen relación con el caso de la persona antes citada”.
Como se recuerda, Heredia había sido cuestionada por unos supuestos ingresos irregulares de empresas extranjeras y peruanas, por trabajos que no se habrían realizado en realidad.
