Muy enfático, el magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Fernando Calle, aseveró que los presidentes regionales no pueden exceder sus competencias establecidas en la Constitución, y añadió que la política relacionada con el cultivo de coca pertenece al Estado.
Muy enfático, el magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Fernando Calle, aseveró que los presidentes regionales no pueden exceder sus competencias establecidas en la Constitución, y añadió que la política relacionada con el cultivo de coca pertenece al Estado.
“Lo que puedo decir, sin adelantar opinión, es que cualquier política relacionada al cultivo de la hoja de coca pertenece al Estado, sin perjuicio de la sentencia emitida el año 2005 por el TC”, dijo en declaraciones a la Agencia de Noticias Andina.
Calle explicó que en esa sentencia -que declaró inconstitucional la pretensión de legalizar el cultivo de hoja de coca en Cusco y Huanuco- el TC estableció que los presidentes regionales podían solicitar al gobierno nacional algunas competencias que consideren necesarias.
“Pero dependía del Estado si lo admitía o no”, subrayó.
Asimismo, sostuvo que las regiones tienen la libertad de dictar normas de carácter regional, pero sin ir contra el Gobierno Central.
El jurista precisó que el artículo 192 de la Carta Magna determina las funciones y prerrogativas de los gobiernos regionales.
Añadió que en el artículo 8 se define claramente que el Estado, no las regiones, combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas, agregó.
“Son aspectos textuales que están en la Constitución, según la cual la política relacionada a la hoja de coca es de carácter nacional y precisa las competencias de los gobiernos regionales, las mismas que no pueden ser excedidas”, manifestó.
El magistrado evitó pronunciarse sobre el fondo de la ordenanza emitida por el Gobierno Regional de Puno que suspende la erradicación forzosa en esa jurisdicción, ya que –dijo- puede presentarse una demanda de inconstitucionalidad sobre la misma.
En ese sentido, invocó a quienes están en contra de dicha disposición regional, y tienen la facultad de presentar recursos de inconstitucional, a elevar dicho pedido ante el TC para resolverlo con celeridad.
Sin embargo, indicó que debido a la nueva composición del pleno del TC, la ordenanza de Puno sería estudiada a profundidad.
