El legislador José Anaya Oropeza, quien saltó a la fama luego de que un programa periodístico lo denunciara por fraguar boletas para inflar sus gastos operativos en el Congreso, despierta más sospechas más aun ahora que sus tres hijos ingresaron a laborar al Estado desde que fue electo como congresista.
El legislador José Anaya Oropeza, quien saltó a la fama luego de que un programa periodístico lo denunciara por fraguar boletas para inflar sus gastos operativos en el Congreso, despierta más sospechas más aun ahora que sus tres hijos ingresaron a laborar al Estado desde que fue electo como congresista.
Pero según revela el diario Correo los vástagos de Anaya fueron favorecidos con puestos estratégicos en el Estado entre el 2007 y 2008 y de acuerdo con registros oficiales del Sistema de Contrataciones del Estado (SEACE), José Antonio, William Lyndon y ahora Isabel Magaly Anaya Hilario le costaron al Estado cerca de S/.80 mil.
La última en engrosar la lista fue la hija del legislador, quien en febrero del 2007 ingresó a laborar en el Ministerio de Energía y Minas con un sueldo promedio inicial de S/.2 mil mensuales, según el pliego 016, aunque luego súbitamente se le incrementó a S/.4 mil.
Magaly Anaya, al igual que sus dos hermanos, encontró trabajo coincidentemente cuando su padre ya era congresista.
Los suertudos
Sin embargo, William Lyndon parece ser el engreído de papá, ya que nunca antes fue contratado en el Estado; pero el 8 de febrero del 2007 ingresó a laborar –como ingeniero ambiental– en el Ministerio de Vivienda para elaborar expedientes técnicos de los proyectos del Programa Protección Ambiental y Ecología Urbana en Lima y Callao.
Luego, el 25 de octubre del año pasado fue derivado al Ministerio del Interior como especialista en impacto ambiental para una sede policial, aunque el 30 de abril pasado retornó al sector Vivienda ganando S/.6,400. Este personaje le costó al Estado sólo en ese período nada menos que S/.22,700.
El caso de José Antonio Anaya es ya conocido. Ingresó en marzo del 2007 a laborar como asistente de supervisión de Agua Para Todos en la sede de Piura, recibiendo en total S/.18 mil por los seis meses que estuvo en dicho puesto. Como se le vencía su contrato y no podían ni querían sacarlo se cesó injustificadamente a un ingeniero sanitario del Ministerio de Vivienda para colocarlo en el puesto y seguir laborando con un ingreso mensual de S/.4 mil de sueldo.
