No le pagaron sus honorarios y no dudó en echar a los que integrarían una mafia de chuponeadores que operaban en el país. Según informan hoy diversos diarios limeños, el colaborador eficaz con la clave 000917 -cuya identidad se mantiene en reserva- fue quien delató a los representantes de la empresa de seguridad "Business Track" (BTR).
No le pagaron sus honorarios y no dudó en echar a los que integrarían una mafia de chuponeadores que operaban en el país. Según informan hoy diversos diarios limeños, el colaborador eficaz con la clave 000917 -cuya identidad se mantiene en reserva- fue quien delató a los representantes de la empresa de seguridad "Business Track" (BTR).
Según los diarios La República y el Comercio este personaje sería un ex agente de la Dirección de Inteligencia de la Marina y reveló al Ministerio Público que un equipo de la citada empresa de propiedad del vicealmirante (r) Manuel Ponce Feijóo “chuponeó” el teléfono de Rómulo León Alegría y grabó sus conversaciones sobre las negociaciones ilegales para obtener concesiones petroleras en beneficio de la firma noruega Discover Petroleum.
Los dueños de la citada firma acusaron además al agente de haber filtrado información al diario La República que relacionaba a BTR con los “petroaudios” y con la empresa Petro Tech Peruana (PTP), competidora de Discover Petroleum.
Cuando el citado matutino hizo la investigación sobre el origen de los “petroaudios”, una funcionaria de Business Track (BTR), Giselle Giannotti Grados, negó cualquier vínculo con el “chuponeo” a Rómulo León y dijo que su empresa más bien se dedicaba especialmente a la seguridad de información.
El ex agente de "Business Track" que se presentó al Ministerio Público dijo que se le pretendía responsabilizar por el caso de los “petroaudios”, y que en salvaguarda de su integridad resolvió informar a las autoridades sobre las presuntas actividades ilícitas de la compañía.
Convertido en colaborador eficaz, señaló que el dueño y gerente general de BTR, el contralmirante (r) Elías Ponce Feijóo, más conocido como “Chito Ponce”, el capitán de fragata (r) Carlos Tomasio De Lambarri y el técnico en retiro Jesús Tirado Seguín, así como los técnicos en actividad que laboran en la Dirección de Inteligencia de la Marina, Jesús Ojeda Angles y Martín Fernández Vírhuez, eran parte de una organización dedicada al espionaje telefónico y que usaban como fachada la empresa BTR.
Detalles de su testimonio
De acuerdo con el relato del ex agente, en marzo de 2008, en las instalaciones de "Business Track", Ponce entregó al técnico Jesús Tirado “seis páginas donde figuraban diferentes números telefónicos celulares y fijos con la finalidad de elaborar un flujograma de comunicaciones, tarea que debería ser entregada al día siguiente, siendo el teléfono principal el número que correspondía al hoy procesado Rómulo León Alegría”, según consta en la resolución del juez Edwin Yalico Contreras, quien ordenó la detención de los seis integrantes de la compañía BTR.
El colaborador eficaz detalló que luego, en mayo y junio, pudo verificar que el técnico en actividad Jesús Ojeda suministró al técnico en retiro Jesús Tirado un dispositivo de almacenamiento portátil conocido como USB que contenía grabaciones, para que procediera a transcribir los diálogos que habían sido captados.
“Ojeda seguía órdenes de Ponce”, precisó el ex agente a las autoridades: “Los audios transcritos fueron entregados a este” (Ponce), quien presionaba a Ojeda y Tirado para que terminaran el trabajo. Giselle Giannotti, encargada de ventas de “Business Track”, según el colaborador eficaz, también se sumaba a Ponce para que se culminara rápidamente la tarea de transcripción.
El juez Edwin Yalico Contreras ordenó la detención solo por diez días de las seis personas que trabajan en “Business Track” y dispuso el levantamiento del secreto de las comunicaciones de sus respectivos teléfonos.
“Los audios se referían específicamente a las conversaciones sostenidas entre Rómulo León Alegría con (el ex ministro) Abel Salinas, Alberto Químper, (el empresario dominicano) Fortunato Canaán y otras personas, y que dichas conversaciones estaban relacio-nadas con la venta de lotes petroleros y de concesiones para la construcción de hospitales”, declaró el agente de BTR.
Fuentes de BTR consultadas por La República desestimaron la versión del ex agente y reiteraron que no se dedicaban a ninguna actividad ilícita y que, por el contrario, ofrecían servicios a empresas privadas y organismos públicos contra actividades de espionaje del crimen organizado.
El contralmirante en retiro Elías Ponce Feijóo, a quien se atribuye estrecha cercanía con el primer vicepresidente de la República, vicealmirante (r) Luis Giampietri Rojas, es un especialista en inteligencia que afronta una denuncia por la desaparición de dos estudiantes de la Universidad Nacional del Callao.
No obstante sus antecedentes, consiguió su reincorporación a la Marina –según fuentes navales, con el apoyo de Giampietri– y el ascenso al grado de contralmirante, pero inmediatamente fue pasado al retiro.
Ponce también era un visitante frecuente del despacho de congresista de Giampietri. En junio de 2003, fundó “Business Track” en sociedad con el experto en espionaje electrónico, el capitán de fragata (r) Carlos Tomasio De Lambarri y Pedro Rosell Grijalba. Giampietri sólo reconoció a Radioprogramas que Ponce era su amigo y que no era responsable de las actividades de este.
Conseguía información telefónica
De acuerdo con la información proporcionada por el colaborador eficaz, el técnico en actividad de la Dirección de Inteligencia de la Marina Martín Fernández Vírhuez, “conseguía los listados o récords telefónicos de las diferentes compañías (Telefónica, Claro y Nextel) que operan en el país”.
El otro técnico en actividad, Jesús Ojeda Angles, “se desempeñaba como asesor en informática de Carlos Tomasio y lo acompañaba en los trabajos informáticos (encontrar las vulnerabilidades de los sistemas informáticos)”.
Respecto a Giselle Giannotti Grado, el colaborador eficaz señaló que “sería la encargada de negociar los audios a las personas interesadas”, pero no sabía quiénes eran sus clientes. Pero sí fue preciso cuando dijo que “Tomasio solicitaba a (los agentes) Ojeda y Fernández los requerimientos para la obtención de audios y listados o récords telefónicos”.
El ex agente de "Business Track" proporcionó los teléfonos de las seis personas señaladas como integrantes de una organización dedicada al espionaje telefónico.
Con el apoyo de un equipo especial de inteligencia “Orión” creado dentro de la Dirección Antidrogas, fiscales especiales en criminalidad organizada asignados al caso, mantuvieron un reglaje a cada uno de los indicados por el ex agente de BTR.
Los agentes antidrogas filmaron por varios días a cada uno de los implicados cuando se movilizaban desde la oficina de Business Track en Lince hasta el local de contrainteligencia ubicado en la avenida Santa Cruz en San Isidro.
Imágenes captadas por los agentes antidrogas muestran uno los vehículos a nombre de la empresa BTR Hyundai azul de placa CGG-904, estacionado en dos ocasiones en el frontis del inmueble perteneciente a la Dirección de Inteligencia Naval.
Incautaciones, scanner
Ante la posibilidad de que los implicados pudieran detectar el seguimiento, la Policía y el Ministerio Público optaron por pedir autorización para su captura la tarde del miércoles 7 de enero. El juez Elmer Yalico emitió recién la orden de captura y allanamiento de las viviendas en la madrugada del jueves 8 de enero. En la casa del ex oficial de la Marina de Guerra Carlos Tomasio de Lambarri se halló un escáner AOR 8600 tipo receptor y en la de Giselle Giannotti Grados supuestamente copias de los “petroaudios”.
También se incursionó el inmueble de la avenida Santa Cruz 254, San Isidro, un local que usaba la Dirección de Inteligencia Naval para actividades de contrainteligencia. Según las autoridades del Ministerio Público, “en ese lugar Ojeda y Fernández habrían realizado las interceptaciones ilegales, haciendo uso indebido de los instrumentos y equipos asignados para sus labores, obteniendo de esta manera los audios dados a conocer a través de los medios de comunicación y que luego llevaron a las instalaciones de la empresa Business Track, donde sus directivos Ponce y Tomasio ordenaron su transcripción a Jesús Tirado.
Posteriormente dispusieron su comercialización, siendo la encargada de esta tarea Giselle Giannotti”. Hasta el momento, las autoridades que participan en la operación todavía no han encontrado equipos de interceptación telefónica.
El ex agente de BTR tampoco ha señalado si Giselle Giannotti u otro directivo de la compañía filtró a los medios de comunicación los “petroaudios” que se trajeron abajo al gabinete del premier Jorge del Castillo Gálvez.
Mal uso de equipos
Para los investigadores del Ministerio Público no queda duda de que los ex oficiales de la Marina implicados en el chuponeo hicieron uso indebido de los propios equipos de interceptación de su institución así como aprovecharon las conexiones de sus colegas aún en el área de inteligencia.
Por su parte, la Marina de Guerra confirmó que en el caso de los técnicos en actividad, Jesús Ojeda y Martín Fernández, trabajan en la Dirección de Inteligencia y que en contra de disposiciones internas paralelamente ofrecían sus servicios a BTR.
Ahora el equipo “Orión” debe determinar a quiénes vendieron los “petroaudios” los directivos de “Business Track”. Entre los clientes de esta empresa se encuentra Petro Tech Peruana, que confirmó a La República que solicitó los servicios de BTR para un trabajo muy puntual, en 2006, pero no relacionado con el espionaje, dijo su representante Alberto Varillas Cueto.
Entre otras diligencias, el juez Edwin Yalico declaró procedente el pedido del Ministerio Público para que se levante el secreto de las comunicaciones de siete celulares y seis teléfonos fijos utilizados por los implicados de BTR.
Sin embargo, el magistrado declaró no procedente el levantamiento de las comunicaciones de dos números telefónicos solicitados por los investigadores del Ministerio Público. Es el número 4727204, registrado a nombre de Asesores en Finanzas y Negocios Empresariales SAC, cuyo gerente general es el empresario y miembro de la Bolsa de Valores, Charles Fyfe Alvarado.
De acuerdo con registros de la Sunat, esta empresa tiene asignada como dirección la misma donde funcionaba BTR, la avenida Salaverry 2007, en Lince, por lo que llamó la atención de los sabuesos de la Dirandro. El segundo teléfono, 2215081, estaba a nombre del técnico Martín Fernández Vírhuez, y consignaba como dirección el local de la Dirección de Inteligencia de la Marina.
El magistrado Edwin Yalico Contreras consideró que el levantamiento no era viable por estar frente a una dependencia de la dirección de Inteligencia de la Marina y, consecuentemente, ante a una potencial vulneración de bienes, documentos actos oficiales, etc.
