El ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, adelantó hoy que pedirá a Inspectoría de su sector que verifique si en junio del año 2000, la Marina de Guerra adquirió equipos para la interceptación telefónica.
El ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, adelantó hoy que pedirá a Inspectoría de su sector que verifique si en junio del año 2000, la Marina de Guerra adquirió equipos para la interceptación telefónica.
Dijo que la posición oficial de la Marina es que no existen estos equipos en la institución, y tras asegurar que no duda de ella, pedirá que se haga un estudio contable, ya no a cargo de la Marina, sino de su sector, para descartar esa posibilidad.
“No tengo por qué tener dudas, pero sin embargo, habiendo esta información, lo lógico es ratificar, reiterar o confirmar lo que he recibido como información para que todos estemos tranquilos”, declaró a RPP.
Según versiones periodísticas, el ex capitán de navío y copropietario de Business Track, Carlos Tomasio, habría declarado que en el 2000, cuando se desempeñaba como agradado naval en Washington, compró equipos Triggerfish 4080, usados en la interceptación telefónica, para la Marina de Guerra del Perú.
Flores-Aráoz pidió tener en cuenta que esos hechos habrían ocurrido durante el gobierno del ex mandatario Alberto Fujimorista, cuando no había mucho respeto por las normas de transparencia, y además imperaba la tecnología analógica.
De otro lado, reiteró que la seguridad nacional no ha sido puesta en riesgo a consecuencia de las interceptaciones, ni tampoco tendría sentido que esta ilícita actividad haya sido utilizada para el espionaje en el país, a cargo de países vecinos.
Esto, a raíz de las informaciones que tanto él, como Ministro de Defensa, y el embajador Allan Wagner, como delegado peruano ante la corte de La Haya para el diferendo limítrofe con Chile, habrían sido víctimas de las escuchas de sus conversaciones.
Para el titular de Defensa, ésta práctica fue utilizada con motivaciones comerciales y empresariales, antes que políticas.
Asimismo, Flores-Aráoz consideró necesario que se evalúen las diferentes propuestas para incrementar las penas a los "chuponeadores", sin emargo, dijo que en principio el incremento no es la solución más adecuada.
Por último, adelantó que se investigará la denuncia contra el general Juan Urbano Revilla, en torno al uso personal de materiales de construcción de un conjunto habitacional para subalternos del Ejército, que se lleva adelante con recursos del Fondo de Vivienda Militar del Ejército (Fovime).
El general Juan Urbano Revilla, al formular sus descargos ante un medio televisivo, indicó que él adquirió los referidos materiales de construcción y que fue la empresa contratista, la misma que desarrolla el conjunto habitacional para suboficiales, la que los guardó en el depósito de los materiales utilizados para referido proyecto habitacional.
El titular de Defensa refirió que, de ser válida esa afirmación, el citado oficial también habría cometido delito al guardar material de uso particular en un depósito militar.
