La designación del décimo séptimo Contralor General de la República desató revuelo en el escenario político. Cuando todos daban por segura la elección de Ingrid Soraya Suárez Velarde, en ese importante cargo, se encontraron diversos elementos falsos en el currículo de la postulante Ingrid Soraya Suárez Velarde.

 

 

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La designación del décimo séptimo Contralor General de la República desató revuelo en el escenario político. Cuando todos daban por segura la elección de Ingrid Soraya Suárez Velarde, en ese importante cargo, se encontraron diversos elementos falsos en el currículo de la postulante Ingrid Soraya Suárez Velarde.

 

 

Ella aseguró tenía el título de Ingeniera Industrial, pero luego cambió de versión y aseguró que solo asistió como alumna libre a los cursos dictados en la Universidad Politécnica de Gijón.

Desde entonces la elección del nuevo contralor se detuvo y las diversas fuerzas políticas de oposición presionaron al presidente Alan García para nombrar al contralor, de una terna de candidatos propuesto por ellos; hecho sin precedentes en la historia de nuestro país.

Como se recuerda, todos los designados a este cargo han tenido filiaciones políticas con el gobierno de turno, como fue el caso del ingeniero Miguel Ángel Cussianovich que pertenecía a las filas de Acción Popular, y asumió este cargo durante el segundo mandato del presidente Fernando Belaunde Terry.

Gobiernos actuales

Pero remontándonos a épocas actuales, en el primer gobierno de Alan García Pérez, Luz Áurea Sáenz Arana fue designada en 1987 y destituida del cargo en 1992, debido al autogolpe del entonces presidente Alberto Fujimori Fujimori, pues Sáenz debía concluir su gestión en 1994.

En la actualidad, Sáenz Arana podría ser una de las candidatas para la contraloría pues no concluyó su gestión, pero la Comisión evaluadora de la primera terna de candidatos que presidió el economista Richard Webb, descartó su postulación, aunque algunos integrantes del partido de gobierno como Mauricio Mulder han mostrado actitudes a favor del reingreso de  Sáenz.

Sin embargo durante el periodo de Sáenz no se destaparon actos de corrupción, ni de malversación de fondos, a pesar que en esa época diversos medios de comunicación y personajes políticos indicaron en su momento que se estaba produciendo desfalcos en el aparato estatal.

Época Fujimori

Luego de la destitución de Sáenz, toma la posta de esta institución, María Herminia Drago Correa quien renunció al cargo al año 1993, aduciendo que no tenía autoridad ni autonomía en la realización para realizar sus funciones. Drago denunció que el Banco Central de Reserva del Perú tenía irregularmente 57 mil onzas de oro equivalente a US$ 17 millones.

Ante la renuncia de Drago, el 25 de julio 1993, Víctor Caso Lay fue elegido por el Congreso como contralor general de la República, luego de ser propuesto por el presidente Alberto Fujimori dos meses antes, y se quedó en el cargo hasta el año 2000.

Durante la gestión de Caso Lay no se ejerció ningún control sobre las actividades del estado, de acuerdo a investigaciones realizadas por el congreso y por tales acciones el ex funcionario es acusado de delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión ilegal, malversación de fondos, abuso de autoridad y omisión de denuncia.

También es acusado por no fiscalizar 7 decretos de urgencia (DU) emitidos durante el gobierno de Fujimori, entre ellos el DU 028-1996 que autorizó el desembolso de US$ 252 millones de los fondos de la privatización para la compra de 18 aviones MIG-29 de segundo uso a la República de Bielorrusia, y estaría involucrado en la adquisición de estos aviones junto con el ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, y con los ministros de ese entonces, Alberto Pandolfi, Víctor Joy Way y Carlos Bergamino.

Durante su gestión Caso Lay tampoco ejerció ningún control sobre el patrimonio ilegal del entonces asesor Vladimiro Montesinos y los millonarios desembolsos que hicieran diversos ministerios para el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y los que efectuara esta última entidad.

En su defensa, el ex contralor dijo en 1999 que no estaba facultado para investigar a Vladimiro Montesinos, porque no era un funcionario público. Sin embargo Montesinos recibió su compensación por tiempo de servicios (CTS), pues desde el 1° de agosto de 1996 es nombrado asesor Nº 2 del gabinete de asesores de la Alta Dirección del SIN lo cual consta en la Resolución Suprema 279-1996-PCM.

Asimismo Caso Lay nombró al contador de la banda de narcotraficantes Los Camellos, Edwin Antón Cabajada para que trabaje en la contraloría entre 1993 y 1996, primero como jefe de Auditoria Interna y luego subgerente de Auditoria de Presupuesto, además formó con él una empresa.

Ante estas acusaciones, el ex contralor fugó del país en el 2001 hacia Estados Unidos y después a El Salvador, donde fue ubicado y detenido el sábado 24 de mayo del 2008, y se está a la espera de su extradición a nuestro país para que responda a las acusaciones.

En el 2000 es elegida como nueva contralora Carmen Higaonna de Guerra, quien duró 11 meses en el cargo, debido a que fue denunciada por contratar en agosto del 2000 a Javier Dulanto Casanova (trabajador de ADUANAS), quien de acuerdo a informes de la contraloría, había sido acusado de responsabilidad judicial y administrativa. Esta institución no permite que sus trabajadores tengan denuncias en su contra.

Época de Toledo

En el año 2001 es elegido contralor Genaro Matute Mejía quien concluyó sus funciones el 28 de octubre 2008, y se marchó de este organismo sin culminar la investigación de las irregularidades contractuales y de construcción de la Interoceánica Sur, así como los gastos operativos que por S/ 2 mil millones que utilizaron en total los 120 congresistas durante los dos primeros años de esta legislatura que culmina en julio del 2011.

En su momento, el contralor aseguró que no podría terminar las investigaciones de dicha carretera por falta de equipo técnico y presupuesto, y en el caso de los gastos operativos de los legisladores, porque al Órgano de Control Institucional (OCI) del Congreso le tomaría unos dos meses determinar si existen más casos de adulteración de facturas, como el detectado al legislador José Anaya (UPP).

Además en octubre del 2007, se denunció que la esposa del contralor general, Genaro Matute Mejía, utiliza los automóviles de la institución que él encabeza, debido a que los suyos se encontraban con orden de captura por multas que no habían sido pagadas.

Con todos estos antecedentes se puede decir que los contralores elegidos a la medida de los gobiernos de turno, no han realizado grandes destapes, debido a las filiaciones políticas y amicales que tienen con el gobierno de turno, aunque es posible que esta situación cambie con la elección del nuevo contralor, o quizá el nuevo contralor renuncié al ver que no tiene autónoma para realizar su labor, o es posible que sea conquistado por algún favor estatal. Habrá que esperar como termina este nuevo capítulo.

 

Por Sara Ortiz Aguilar
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En Línea

Administrador de contenidos de Grupo Periodismo en Línea

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