Algo huele mal en el contrato que firmó el Congreso de la República con la empresa Business Track (BTR) -hoy acusada de espionaje telefónico- para realizar el año 2006 un barrido electrónico en el despacho de la presidencia del Legislativo.
Algo huele mal en el contrato que firmó el Congreso de la República con la empresa Business Track (BTR) -hoy acusada de espionaje telefónico- para realizar el año 2006 un barrido electrónico en el despacho de la presidencia del Legislativo.
Según publica hoy el diario Correo, documentos oficiales revelan que BTR prestó dicho servicio el 19 de agosto del 2006, pero recién el 22 de setiembre del mismo año remitió su cotización y, sobre la marcha, el contrato se suscribió sin titubeos.
Se estila que antes de prestar un servicio, la empresa remita un presupuesto de lo que demandará su labor. Una carta enviada por Elías Ponce Feijóo -dueño de BTR e implicado en el escándalo del "chuponeo"- al Jefe de Abastecimiento del Congreso, Samuel Morales, señala lo siguiente: "A través de la presente tenemos el agrado de remitirles la cotización de nuestro Servicio de Barrido Electrónico, que se realizó en sus oficinas el 19 de agosto".
El 22 de setiembre la jefa del área de compras del Parlamento, María Vera, expidió el documento de "adjudicación directa" número 1253-2006, confirmando el costo que el propio Ponce Feijóo fijó para el barrido.
Piden auditoría. Enterados de esta situación, los legisladores Fredy Otárola y Víctor Andrés García Belaunde exigieron una auditoría en el Congreso.
