El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Santiago Fujimori, consideró que el Perú no cederá a la presión de sectores radicales que pretenden, con protestas y amenazas, revocar el asilo y refugio otorgado a tres ex ministros de ese país.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Santiago Fujimori, consideró que el Perú no cederá a la presión de sectores radicales que pretenden, con protestas y amenazas, revocar el asilo y refugio otorgado a tres ex ministros de ese país.

Sostuvo que la reciente protesta realizada frente al Consulado peruano en el Alto, por parte de sindicatos afines al gobierno de Evo Morales, que amenazaron incluso con expulsar a ciudadanos peruanos, es una especie de “chantaje político”.

Esa actitud –dijo- es inaceptable, repudiable y demuestra un “terrible” desconocimiento de la legislación internacional que ampara a un país a conceder, de manera soberana, asilo y refugio a quienes se sienten amenazados y perseguidos en otros países.

“Esas protestas y amenazas son evidentemente una cuestión de chantaje político que linda con lo delictivo y el Perú no cederá, no dará marcha atrás, ya concedió el asilo y eso es irreversible”, opinó.

En diálogo con la Agencia Andina, respaldó la postura adoptada por la Cancillería peruana de demandar a su par de Bolivia que proteja al Consulado peruano en El Alto y a sus funcionarios; y de estar atento a la situación de los compatriotas que residen en esa ciudad.

Fujimori adelantó que, si se producen nuevas protestas o actos hostiles contra el consulado peruano, la Comisión de Relaciones Exteriores que preside gestionará con su similar del Senado de Bolivia para que intervenga.

Instó al presidente de ese país, Evo Morales, a llamar al orden y hacer los esfuerzos para acabar con esta situación que puede tensar las relaciones peruano bolivianas.

Recientemente, el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que estudiaba demandar a Lima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para revertir el asilo y refugio otorgado a los ex ministros Mirtha Quevedo (Participación Popular), Jorge Torres (Desarrollo Económico) y Javier Torres (Salud). Sánchez de Lozada y sus ex ministros son acusados de las muertes que ocasionó una revuelta social en octubre del 2003.

Fujimori aseveró que Morales tiene el deber de proteger a los peruanos residentes en su país y evitar cualquier acto hostil contra ellos. Informaciones cablegráficas informaron que el último viernes miembros de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), provistos de pancartas, protestaron frente al consulado exigiendo la expulsión de los tres ex ministros bolivianos asilados en Lima.


Incluso, amenazaron con expulsar a los peruanos residentes en El Alto, si es que el gobierno peruano no se rectificaba y daba marcha atrás al asilo político concedidos a dichas personas.

Administrador de contenidos de Grupo Periodismo en Línea

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