Una reunión con todos los partidos políticos de Chile pretende convocar en los próximos días La Moneda, para informar lo que será la primera decisión jurídica frente a la demanda marítima peruana ante el Tribunal de La Haya.
Una reunión con todos los partidos políticos de Chile pretende convocar en los próximos días La Moneda, para informar lo que será la primera decisión jurídica frente a la demanda marítima peruana ante el Tribunal de La Haya.
Aunque aún falta una reunión entre Michelle Bachelet y su canciller Mariano Fernández para zanjar la medida, en el gobierno señalan que el camino es claro: no se impugnará por ahora la competencia de la corte, a través de la presentación de excepciones preliminares.
Según el diario La Tercera, en el Ejecutivo explican que se apostará por colocar todas las fichas en la preparación de los argumentos que contendrá la contramemoria chilena en marzo de 2010, a pocos días de que Bachelet deje el mando.
La decisión comenzó a cobrar fuerza la semana pasada, con el análisis jurídico que hizo llegar a Cancillería el equipo de abogados externos que asesora al Estado chileno.
El informe, elaborado por Pierre-Marie Dupuy, James Crawford, David Colson y Jan Paulsson, contenía beneficios y desventajas de impugnar la competencia del tribunal. El plazo para presentar excepciones a la memoria limeña vence el 19 de junio.
A juicio de personeros del Ejecutivo que conocieron el documento, "la argumentación es tan abrumadora y la posición de los abogados externos es unánime que el camino es claro".
Uno de los temores que había en el Edificio Carrera era que el tribunal rechazara una eventual impugnación chilena y diera la sensación de que el gobierno de Bachelet había perdido la primera batalla en La Haya. Altos personeros de gobierno comentan que era correr un riesgo innecesario.
A eso se sumaba la conclusión jurídica de que era posible que Chile igualmente presentara sus reparos a la competencia de la corte en marzo próximo dentro de su contramemoria.
Esto, además, era compatible con la idea de preservar la postura oficial de que no existen controversias de límites con Perú al estar definidos en los tratados de 1952 y 1954, que Lima considera acuerdos de explotación de recursos marinos.
Con ese análisis sobre la mesa, Bachelet pidió a Cancillería iniciar consultas con todos los sectores para evitar torpedeos internos al camino judicial que se seguirá en la corte.
La idea era evitar que la decisión de esperar se convirtiera en factor de división y diera paso a críticas, acusando al gobierno de no hacer todo lo necesario en La Haya.
En la oposición, Hernán Larraín y Sergio Romero fueron los principales interlocutores, quienes según fuentes de la Alianza, se mostraron de acuerdo con la condición de ser incluidos en todas las decisiones que se avecinen.
La postura que asumirá Chile, también fue el tema central que expuso el canciller Mariano Fernández en la sesión secreta de la Cámara de Diputados realizada el martes en el Congreso.
