“La sexualidad no es pecado. Profesar una religión y ejercer mis derechos sexuales y reproductivos no me hacen una pecadora”, así lo proclama Eliana Cano, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), organización sin fines de lucro que acaba de iniciar sus actividades en nuestro país, cuyo objetivo es ser una voz diferente que desea una Iglesia más justa y acorde al contexto actual.
“La sexualidad no es pecado. Profesar una religión y ejercer mis derechos sexuales y reproductivos no me hacen una pecadora”, así lo proclama Eliana Cano, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), organización sin fines de lucro que acaba de iniciar sus actividades en nuestro país, cuyo objetivo es ser una voz diferente que desea una Iglesia más justa y acorde al contexto actual.
Según dijo, en la actualidad algunos de los dogmas que pretende imponer la jerarquía eclesial de la Iglesia Católica, a través de los discursos autoritarios que imparten a los feligreses, hacen sentir culpa y temores a los hombres y mujeres que desean vivir su sexualidad, atropellando así su libertad de conciencia, valor fundamental en el ejercicio de nuestros derechos.
“Todos y todas están en la capacidad de decidir qué hacer, cómo, cuándo y con quién. Respetándose y respetando, cuidándose y cuidando al otro. Por ello, como católicas cuestionamos algunos dogmas de la jerarquía eclesial en este terreno y creemos en un Dios más justo, más conciliador, más humano y respetuoso de la diversidad”, sostuvo.
Asimismo, hizo referencia a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES Continua 2004 -2006) que indica que el 70% de las mujeres en edad fértil ha usado alguna vez métodos anticonceptivos. Comentó que ello refleja que “la mayoría de mujeres en el país hacen o han hecho uso de su derecho a decidir sobre su cuerpo y sexualidad, lo cual es una conducta ética”.
Cabe indicar que CDD Perú también pide cambios al Estado, sus instituciones, autoridades y funcionarios, quienes tienen la obligación de legislar y construir políticas públicas que respeten y garanticen los derechos de todos y todas por igual. Igualmente demandan un Estado laico autónomo y que no privilegie ni promueva religiones. Sobre todo, cuando se trata de formular, implementar y sostener políticas públicas en el campo de la salud sexual y reproductiva.
