Aunque autoridades militares y el propio ministro de Defensa Rafael Rey lo negaron, documentos oficiales confirman que el helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea, abatido por narcoterroristas la semana pasada, no estaba blindado pese a existir un proyecto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAAA) que alcanzaba a dos aeronaves del Ejército y a otras dos de la FAP que operan en el Valle de los ríos Apurímac y Ene (Vrae).
Aunque autoridades militares y el propio ministro de Defensa Rafael Rey lo negaron, documentos oficiales confirman que el helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea, abatido por narcoterroristas la semana pasada, no estaba blindado pese a existir un proyecto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAAA) que alcanzaba a dos aeronaves del Ejército y a otras dos de la FAP que operan en el Valle de los ríos Apurímac y Ene (Vrae).
Según revela el diario La República, el miércoles 2 de setiembre, cuando el CCFFAA resolvió ejecutar una operación para rescate a tres heridos y a una patrulla en Sinaycocha, solo estaban disponibles los helicópteros Mi-17 de la FAP con las matrículas 640 y 614. El primero descendería para recoger al personal y el segundo se encargaría de la cobertura defensiva. Ninguna de las dos aeronaves contaba con el blindaje que contrató el CCFFAA por US$ 709,240.
El 12 de marzo de este año, el jefe de la Cuarta División de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, mayor general FAP Antonio Karacic Leigh, informó de que en el Vrae “operan cuatro helicópteros Mi-17 proporcionados por la FAP y el Ejército”, aeronaves que “han sido impactadas por proyectiles de arma de fuego provenientes de los delincuentes terroristas”.
Karacic precisó que “las aeronaves que vienen apoyando las operaciones en el Vrae son helicópteros de transporte y no de combate, por lo que no cuentan con ningún blindaje”, por lo que requirió, en consecuencia, la “adquisición e instalación para cuatro helicópteros Mi-17 (…) de un blindaje contra munición 7.62 X54R con núcleo de acero”, el proyectil de las dos ametralladoras PKM que los senderistas robaron a un helicóptero Mi-17 que derribaron el 2 de octubre de 1999.
El 8 de abril, el entonces ministro de Defensa Ántero Flores Aráoz suscribió la resolución ministerial autorizando la compra del servicio de blindaje. El 27 de mayo el CCFFAA escogió la propuesta de la empresa Protemax, de propiedad de Ricardo Newton Nieto. El titular del CCFFAA, general EP Francisco Contreras Rivas, suscribió el respectivo contrato.
Sin embargo, luego de evaluar los resultados del blindaje a un Mi-17 del Ejército, los especialistas de la institución aérea emitieron un informe técnico que rechazaba el trabajo de Protemax por tres razones básicas: a) la empresa no cuenta con la licencia de la fábrica o del diseñador del helicóptero para efectuar las modificaciones a la máquina, b) por su excesivo peso, el blindaje cambia el centro de gravedad de la aeronave, y c) el helicóptero no puede efectuar maniobras en situaciones extremas, por ejemplo, una inmediata reacción ante un repentino ataque. Al final, el CCFFAA blindó únicamente los Mi-17 del Ejército. Los helicópteros de la FAP se quedaron desprotegidos, entre ellos el que pilotaban los mayores FAP Ángel Vejarano Pacheco y Jorge Sánchez Pérez, emboscados por los narcoterroristas el 2 de setiembre. Por este hecho, hasta el momento no hay responsables.
“No necesitamos el permiso de nadie”
El dueño de Protemax, Ricardo Newton Nieto, dijo que no estaba autorizado a informar si blindó a 4 helicópteros Mi-17 que cumplen misión en el Vrae.
Respecto a si contaba con la autorización de la empresa fabricante o diseñadora del Mi-17, Newton respondió: “Nosotros no requerimos de ningún permiso del fabricante, porque durante el concurso, ninguna de las siete empresas tenía autorización, ni muchos menos estaba señalado ese requisito en el contrato”. El empresario es hijo de Ricardo Newton Vásquez, involucrado en adquisiciones militares en las que se le pagó sobornos a Vladimiro Montesinos.
