La situación se complica para el primer vicepresidente de la República, Luis Giampietri Rojas luego que el Ministerio Público lo denunció ante el Poder Judicial por su presunta participación ilícita en la compra de armamento y equipos para la Marina de Guerra entre 1995 y 1997.

La situación se complica para el primer vicepresidente de la República, Luis Giampietri Rojas luego que el Ministerio Público lo denunció ante el Poder Judicial por su presunta participación ilícita en la compra de armamento y equipos para la Marina de Guerra entre 1995 y 1997.

Según revela hoy el diario "La República", La fiscal Marlene Berrú lo denunció ante los jueces penales especiales de Lima por delitos de colusión desleal y asociación ilícita para delinquir. Junto a él fueron denunciados otros 27 altos oficiales de la Mariana y un civil que integraron las   juntas, comités y subcomités encargados de las compras.

La denuncia es evaluada por la jueza Magaly Báscones. Se investigaron 46 contratos  suscritos por la Marina entre 1995 y 1997, por  $45’990,183.28 dólares, habiéndose encontrado irregularidades en 14 adjudicaciones directas dirigidas por Giampietri, en su calidad de jefe de Estado Mayor de la Marina.

“(Los denunciados) en calidad de miembros responsables del informe de evaluación técnica, económica y logística de la Marina, aprovechando su capacidad de decisión sobre los procesos de evaluación (…), habrían favorecido a un grupo determinado de empresas con la finalidad de procurarse de “comisiones”, que eran otorgadas por las empresas beneficiadas”, acusa la fiscalía.

Las empresas beneficiadas pertenecían al grupo de confianza del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres.   “Se aprecia un interés ilegítimo en considerar como proveedores a empresas abiertamente simuladas, constituidas por testaferros con capitales insignificantes que vendieron bienes por millones de dólares al Estado peruano”, dice.


Beneficio directo La fiscalía enumera varias irregularidades en las licitaciones directas OPERNAV Nº 61-95 para  “Adquisición de baterías primarias para torpedos” por 1’008,000 dólares” y Nº 71-95 de “Adquisición de repuestos para motores principales de las corbetas misileras por $1’027,040”.

Igualmente, en la adjudicación  Nº 83-95 “repotenciación de misiles Aspide” por  4’080,000.00 dólares y Nº 98-95  “para adquisición de repuestos, modificaciones y prestación de servicios de asistencia técnica para unidades tipo fragata”, por 4’000.000.00 de dólares, entre otras.

Los documentos encontrados por la fiscal, precisa la denuncia, establecen que se invitaba a una serie de proveedores de armas, luego se  descalificaba a todos por no cumplir las especificaciones técnicas del armamento a adquirir, y, por último, se elegía a dedo a proveedores como Alberto Venero, vinculados a Montesinos.

Además, se determinó que se adquirió armamento usado o que no cumplía con los requerimientos técnicos previstos inicialmente. Por ejemplo, se planificó la compra de misiles exocet del año 1996 en adelante, pero se compraron exocet usados y revisados por 1’990.000 de dólares; o se eliminó proveedores por no tener municiones de 12 milímetros, pero se compró de ocho milímetros.

El vicealmirante en retiro y actual primer vicepresidente de la República Luis Giampietri Rojas declaró ante la fiscalía que presidió los comités ad hoc de adjudicación por ser el jefe del Estado Mayor General de la Marina, y no por interés propio.

Giampietri especificó que su función como presidente del Comité Ad Hoc era la evaluación técnica de todas las propuestas de las empresas postoras, y que en una oportunidad recomendó a la Atlas Trade, lo que fue beneficioso porque el subcomité técnico dio su conformidad. (La República)

Administrador de contenidos de Grupo Periodismo en Línea

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