Han pasado doce meses desde que Católicas por el Derecho a Decidir – Perú (CDD Perú) iniciaron sus acciones públicas, y en todo este tiempo –refieren- el Estado no ha garantizado el acceso a la información, recursos y políticas públicas sostenidas e incluyentes para que las mujeres, sobre todo para que las que menos recursos tienen, puedan decidir sobre sus vidas, cuerpos y sexualidad.
Han pasado doce meses desde que Católicas por el Derecho a Decidir – Perú (CDD Perú) iniciaron sus acciones públicas, y en todo este tiempo –refieren- el Estado no ha garantizado el acceso a la información, recursos y políticas públicas sostenidas e incluyentes para que las mujeres, sobre todo para que las que menos recursos tienen, puedan decidir sobre sus vidas, cuerpos y sexualidad.
“Nos preocupa la inacción política y operativa respecto a la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos para los y las peruanas. Hechos que desalientan y nos hacen sentir que el Estado no es democrático ni plural”, sostuvo Eliana Cano, coordinadora de CDD Perú, tras demandar el abastecimiento variado y sostenido de métodos anticonceptivos en todos los establecimientos de salud del país, incluida la distribución de la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE), pues su ausencia –señala- afecta la vida y salud sexual y reproductiva de miles de mujeres.
Es más, indicó que el acceso a la prevención y tratamiento para el VIH y SIDA deben llegar a todos y todas por igual y ser de calidad. “Si bien, existen grandes esfuerzos en los últimos años, hay realidades específicas, como el incremento de mujeres con VIH y SIDA, que aún resultan muy complejas y no están siendo atendidas oportunamente”.
Protocolo de aborto terapéutico Asimismo, solicitó la aprobación formal y urgente del protocolo para la atención del aborto terapéutico (legal en el país desde 1924), un asunto urgente pero estancado en discusiones politizadas y satanizadas, pues este documento permitiría al personal de salud contar con recursos técnicos para brindar una atención especializada, mucho más humanizada y de calidad a las mujeres. Del mismo modo, instó a las autoridades a aprobar la despenalización del aborto eugenésico y cuando el embarazo es producto de una violación sexual.
La coordinadora de esta organización de defensa de los derechos de las mujeres exhortó además a las autoridades educativas y de salud implementar una educación sexual integral como política pública laica y no teñida de preceptos religiosos; además de despenalizarse toda relación sexual voluntaria y consentida entre adolescentes y jóvenes, para lo cual urge la modificación del artículo 173 del actual Código Penal. “Hay que protegerlos y acompañarlos, pero también hay que generar condiciones para que evalúen y decidan sobre sus vidas”, indicó.
Política y gestión sin injerencia religiosa De otro lado, Cano pidió a las candidatas y candidatos de este nuevo proceso electoral, que realicen una planificación seria de políticas estables e inclusivas y que no prevalezca la presión ni injerencia de grupos religiosos sobre las agendas políticas, sobre todo, cuando de derechos sexuales y derechos reproductivos se trata. “Libertad de conciencia y derecho a decidir en nuestras vidas son los ejes centrales que dan sentido a nuestra existencia, requisitos fundamentales para ejercer derechos en condiciones de igualdad y respeto, tanto en la esfera privada como pública. Así deben ser las políticas públicas”, dijo.
Finalmente, expresó que “como mujeres católicas estamos convencidas de que es posible cuestionar desde nuestra fe, dogmas y decisiones arbitrarias, e incidir y exigir el cumplimiento de derechos. Y, aunque se nos haya hecho creer que la Iglesia católica es homogénea y que solo existe una voz, nos alienta comprobar la pluralidad en su interior, la riqueza de pensamiento y obra de mujeres y hombres más humanizados que, de distintas formas, tejen saberes”.
