Según el Wikicable el 5 de noviembre de dicho año, la directora ejecutiva de Pro Ética, Cecilia Blondet, el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Pablo Rojas, el director ejecutivo del Instituto de Defensa Legal (IDL), Hans Landolt, y el coordinador del área de Derechos Humanos para la Comisión Andina de Juristas (CAJ), Rodolfo Albán, se reunieron con el embajador Michael McKinley, a quien le expresaron sus dudas sobre el real compromiso del gobierno de Alan García de liderar una reforma que permitiera combatir la corrupción reinante en las instituciones públicas.
“Al igual que otros críticos del gobierno, los representantes de las ONG prodemocráticas permanecen escépticos sobre si el presidente García es el tipo de líder que transformará al Perú en una robusta y próspera democracia cuyo desarrollo económico funcione bien para una clara mayoría de su gente”, comentó el embajador de EE.UU. en el cable.
Blondet fue la primera en dar su punto de vista. La presidenta de Pro Ética destacó que la corrupción seguía siendo un grave problema que debilitaba la confianza en las instituciones públicas. Resaltó, como ejemplo, que, según los últimos sondeos de opinión, el 90% de los peruanos creía que la Policía Nacional padecía de este flagelo. “Dijo que la mayoría de peruanos esperaban pocos cambios durante los cuatro años restantes de García. Sus colegas estuvieron de acuerdo, enfatizando que la corrupción era el obstáculo central para que el Perú alcance el próximo nivel de desarrollo”.
Landolt, entonces titular de IDL, fue más allá y aseguró que aun si se aplicara una reforma, el Apra no podría liderarla porque se encontraba “enferma”. Explicó que la composición del partido de gobierno, “como una coalición de operadores políticos, limitaba su interés en una reforma genuina y socavaba su habilidad de articular una visión positiva de gobierno”.
Mencionó que la gestión de García (con el Apra como núcleo) había archivado un decoroso plan de desarrollo que buscaba fortalecer la protección de los derechos humanos –que había sido elaborado por el ex presidente Alejandro Toledo– no porque fuese malo sino porque venía de un rival político. Landolt acusó a la actual gestión gubernamental de tener un oportunismo corto de vista que pintaba a un gobierno que “oscila con la opinión pública y carece del empuje ideológico para liderar una reforma”.
CONTRA FUJIMORI Otro tema de interés para los presentes fue el inminente juicio del ex mandatario Alberto Fujimori. Pablo Rojas consideró poco probable que el proceso llegara a producir un descontento social entre la población dado el grado de división al interior del fujimorismo y “porque ya no son populares como antes”. Asimismo, precisó que los fiscales a cargo del caso eran “talentosos y honestos y podían depender de una montaña de evidencia que virtualmente sellaba el proceso de cualquier manipulación política”.
Sin embargo, advirtió que el Apra podría buscar intervenir en el proceso debido a que algunos de sus líderes, incluyendo a García, tenían denuncias por abusos contra los derechos humanos. En ese sentido, Rojas consideró que el partido podía usar su influencia en el sistema judicial y determinar el desenlace final del juicio, limitando, de esta forma, el impacto que podría tener en futuros procesos similares. Por ello, esperaba que la comunidad internacional cumpliera un rol de monitoreo activo para asegurar la transparencia del proceso.
