Ante un posible riesgo de fuga la Corte Superior de Justicia de Puno resolvió admitir el pedido de detención preliminar y la correspondiente orden de captura de los presuntos autores contra la seguridad Pública y los actos de violencia como Walter Aduviri Calizaya, Patricio Illacutipa y otros 08 dirigentes más por los hechos violentos del pasado 26 de mayo "jueves negro" en la ciudad lacustre.
Ante un posible riesgo de fuga la Corte Superior de Justicia de Puno resolvió admitir el pedido de detención preliminar y la correspondiente orden de captura de los presuntos autores contra la seguridad Pública y los actos de violencia como Walter Aduviri Calizaya, Patricio Illacutipa y otros 08 dirigentes más por los hechos violentos del pasado 26 de mayo "jueves negro" en la ciudad lacustre.
Según la Resolución Nº 001, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo de la Juez María Candelaria Morales Segura, se atendió el requerimiento de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa que solicitó por segunda vez la orden de captura inmediata de los presuntos responsables de los hechos de violencia acaecidos en la ciudad del lago en la huelga antiminera del sur.
En su parte resolutiva declara fundado el requerimiento fiscal de detención preliminar solicitado por el Ministerio público en contra de los imputados Walter Aduviri Calizaya, Edwin Condori Chipana, Gilver Chura Yupanqui, Patricio Illacutipa Illacutipa, José Chambilla Musaja, Carmelo Machaca Loza, Héctor Gabriel Luna Tapia y Rufino Machaca Quinto.
Según la resolución judicial, a los antes mencionados, se les atribuye ser presuntos autores del ilícito penal contra la seguridad pública, en su modalidad de delito contra los medios de transporte, comunicaciones y otros servicios públicos en su forma de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos; todos estos delitos están tipificados en el artículo 283 del Código Penal.
Finalmente los imputados deberán responder por los ilícitos de hurto agravado que afectó a la colectividad, al Estado Peruano, al Ministerio Público, Gobernación de Puno, Contraloría General de la República, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), ONG Solaris; entidades financieras como Mi Banco, Caja Municipal de Arequipa, Bancos Interbank y Continental, Capitanía del Puerto de Puno y el Centro Comercial La Curacao.
