El Pleno del Congreso aprobó anoche en su última sesión plenaria, el informe final de mayoría de la Comisión Investigadora de los hechos relacionados con la supuesta existencia de una red de interceptación telefónica y señaló como principales responsables a las empresas Bussines Track (BTR) y Andrick Service.
El Pleno del Congreso aprobó anoche en su última sesión plenaria, el informe final de mayoría de la Comisión Investigadora de los hechos relacionados con la supuesta existencia de una red de interceptación telefónica y señaló como principales responsables a las empresas Bussines Track (BTR) y Andrick Service.
El documento señala que ambas habrían actuado de manera organizada, planificada y sistematizada para obtener información clasificada a través de las interceptaciones telefónicas y electrónicas.
También determina responsabilidad en las personas de Elías Ponce Feijó (ex Gerente General de Bussines Track), Carlos Alberto Tomasio, Giselle Gianotti, Martín Alberto Fernández Vírhuez, entre otros, quienes serían miembros de una organización delictiva sobre ‘chuponeo’ telefónico y electrónico.
La comisión, que fue presidida por el parlamentario Oswaldo Luízar (BP), también encontró evidencias de que los equipos de interceptación telefónica del ex Servicio Nacional de Inteligencia se encontrarían en poder de dichas empresas denunciadas, las cuales habrían triangulado información.
INCLUYE A KOURI Otra de las conclusiones refiere que la Unidad de Inteligencia de la Marina conocía de las operaciones delictivas investigadas por el Congreso. Asimismo, se señala que existen elementos razonables de que el ex presidente regional del Callao, Alexander Kouri, contrató a BTR para ‘chuponear’ a
Rogelio Canches, de los cuales habrían tenido conocimiento o participado otro grupo de sus funcionarios de entonces. Se determinó que BTR ha brindado servicios a una serie de gobiernos locales, señalándose también que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Osiptel tienen responsabilidad política y administrativa por cuanto las interceptaciones vendrían siendo delitos permanentes, por lo que advierte que las empresas de telefonía no están en la posibilidad de garantizar la inviolabilidad de las interceptaciones telefónicas.
De igual manera se contempla que BTR se encontraría inmerso en lavado de activos y que en el caso del ex alcalde y ex ministro de Vivienda, Francis Allison, éste estaría inmerso en operaciones de lavados de activos a través de la sindicada empresa.
DENUNCIAN A VILLA STEIN El informe en mayoría también propone que se denuncie constitucionalmente al presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, por permitir la permanente obstrucción de las investigaciones de parte de la Jueza María Elena Martínez Gutiérrez de quien se recomienda sea denunciada por su cuestionada labor jurisdiccional.
El informe final en mayoría, suscrito por los congresistas Luízar Obregón y Cayo Galindo Sandoval, tuvo adhesión final de los parlamentarios José Vargas (PAP) y Walter Menchola (AN), miembros de la referida comisión investigadora.
Oswaldo Luízar reconoció, antes de la votación, que hubo errores y que procedía a corregirlos dejando en claro que su grupo de trabajo cumplió a cabalidad con la labor encomendada por el pleno del Congreso. El resultado final de la votación del informe final, excepto los puntos 17 y 20 de las conclusiones, fue 44 votos a favor, 32 en contra y no hubo abstenciones.
Al someterse por separado la votación del punto 17 no votado en primera instancia, 41 legisladores votaron a favor, 34 en contra y ningún parlamentario se abstuvo. Al votarse el punto 20 de las conclusiones, 41 parlamentarios votaron a favor, 33 en contra y ninguno parlamentario se abstuvo.
De acuerdo a lo aprobado, se emite una serie de recomendaciones para que todo lo actuado lo vea y procese el Ministerio Público y al Poder Judicial, así como a la Contraloría General de la República para que también actúe dentro de su competencia.
