El presidente del Congreso, Javier Velásquez, cuestionó hoy que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) aún no diga qué aspectos de los decretos legislativos que piden derogar, supuestamente afectan sus intereses.
El presidente del Congreso, Javier Velásquez, cuestionó hoy que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) aún no diga qué aspectos de los decretos legislativos que piden derogar, supuestamente afectan sus intereses.
“Debemos hacer esfuerzos más intensos de diálogo para lograr una solución (…) El Congreso nunca rompió el diálogo con los nativos, pero ellos no han alcanzado ni una propuesta técnica para determinar qué aspecto de las normas cuestionadas los afecta”, manifestó.
Sostuvo que las protestas impulsadas por la dirigencia de la Aidesep son “formas poco democráticas” de poner en agenda temas en mérito “a posiciones irreductibles” y que pueden ser solucionados con el diálogo.
En tal sentido, recordó en CPN Radio que el todo Estado democrático tiene herramientas para evitar que una movilización atente contra la propiedad pública y privada, tal como lo anunció días atrás, Alberto Pizango, presidente de la Aidesep, al anunciar una insurgencia.
Velásquez dijo que ese sector de comunidades levantó una plataforma sobre la inconstitucionalidad de los decretos legislativos 1020, 1064, 1089 y 1090, por considerarlos lesivos a sus derechos de posesión de tierra en la amazonia peruana.
Debido a ese cuestionamiento, mencionó que el Congreso y la dirigencia de la Aidesep acordaron excluir a las comunidades amazónicas del alcance de esos dispositivos legales porque el grupo de normas tiene un alcance nacional que debía preservarse.
Incluso refirió que la bancada parlamentaria del Partido Nacionalista se comprometió a elaborar un proyecto de ley para fijar legalmente la exclusión de las comunidades selváticas.
“Pero cuando se presentó la iniciativa legal, ello optaron por exigir la derogatoria de los decretos (…) También le pedimos a Aidesep que nos alcanzaran en qué aspecto las normas generaba un perjuicio a las comunidades indígenas, pero hasta el momento no lo hace”, acotó.
