Durante su entrevista con Milagros Leiva, Keiko Fujimori se pronunció sobre el caso «Cócteles» y criticó a los fiscales que la investigaron. Además, señaló al fiscal José Domingo Pérez indicando que enfrentará posibles dificultades por el impacto que generó este caso.

“Bueno, yo creo que él va a pasar momentos de mucha dificultad después de todo lo que ha hecho. Y no por mí, sino por las decenas de familias, no solo en Fuerza Popular, sino en otros partidos políticos”, mencionó.

Comentó que no impulsará acciones legales contra Domingo Pérez, pero anticipó posibles procesos en su contra por parte de miembros de su agrupación. Además, expresó su confianza en la «justicia divina» para referirse al cierre del caso.

“(¿Pero usted cree que el fiscal Pérez va a terminar preso?) No solamente preso. Yo creo en la justicia divina. Y será arriba, quien se encargará de él», sentenció.

El caso «Cócteles»

“Después de toda la persecución absolutamente injusta por la que hemos atravesado, 40 personas vinculadas a Fuerza Popular, pues ahora entiendo el temor de los empresarios. Puede… Sí, ha habido un error administrativo, pero jamás ha habido un tema penal”, respondió para Panamericana.

Cabe resaltar que el Ministerio Público apeló recientemente ante la decisión del Tribunal Constitucional. Finalmente, la Corte Suprema determinará si archiva o continúa el proceso.

Su perspectiva del Ministerio Público

Además, Keiko Fujimori comentó acerca de las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público contra distintos dirigentes por aportes a campañas electorales, indicando que en otros países estas no se clasifican como ilícitas.

Según la lideresa de Fuerza Popular, tales procedimientos debilitaron la democracia al emplear numerosos agentes fiscales en rastreos políticos en lugar de enfocarse en delitos y delincuentes.

“Pero no es el caso de otros líderes políticos. Y eso tenemos que lamentarlo y eso no puede volver a ocurrir en nuestro país. Que se utilicen decenas de funcionarios del Ministerio Público para perseguir políticamente en vez de perseguir el delito y a los delincuentes, eso es inaceptable y eso hay que lamentarlo”, señaló.

Además, comentó la necesidad de evitar repeticiones y remarcó que el fiscal tenía una obsesión personal con su figura, lo que habría derivado en sus diversas investigaciones.

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Fue la Jueza María Álvarez declara infundado pedido del fiscal José Domingo Pérez contra Yehude Simon, por el llamado caso Olmos y la presunta receptación de dinero de la constructora Odebrecht, tal como declaró Jorge Barata ante la justicia.

Por ello la magistrada ordenó comparecencia con restricciones (entre ellas no salir del país) contra Yehude Simon y, por tanto, ordenó su inmediata libertad.

Yehude Simon fue detenido el pasado 24 de febrero por el caso Olmos, además el fiscal José Domingo Pérez realizó una diligencia de allanamiento en su domicilio.

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La orden de detención preliminar fue emitida por la jueza María Alvarez a pedido del fiscal José Domingo Pérez, quien se encuentra allanando la vivienda de Yehude Simon en el distrito de Surco.

El mandato de detención preliminar contra Yehude Simon es por plazo máximo de 10 días, según la decisión judicial.

Simon fue detenido por el proyecto los Olmos durante su gestión en Lambayeque. Como se recuerda, el exgobernador regional negó haber recibido dinero de la constructora Odebrecht, pese a la declaración de Jorge Barata ante la justicia.

Según reveló IDL-Reporteros, Barata indicó que había realizado aportes ilegales por US$ 300,000 para la campaña que realizó Simon en 2006 para ser reelegido como gobernador regional de Lambayeque.

Ante ello, el exprimer ministro negó dichas afirmaciones.

Ex gerente detenido

La misma medida restrictiva fue impuesta contra el ex gerente general del Proyecto Especial Olmos -Tinajones, Pablo Enrique Salazar Torres.

Salazar Torres es sindicado por Barata como uno de los que recibió el ‘aporte’ de 300 mil dólares para la campaña electoral a la reelección de Simon.

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El requerimiento incluye una medida de descerraje e incautación, solicitado por el fiscal José Domingo Pérez y autorizado por el juez Víctor Zúñiga Urday, y tiene por finalidad encontrar información financiera para la investigación.

Según la resolución del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente, la diligencia de allanamiento en el inmueble tendrá una duración máxima de 48 horas, mientras que la autorización judicial tendrá una vigencia máxima de dos semanas. Asimismo, el juez solicitó que se le informe una vez finalizada la diligencia.

Domingo Pérez pide más documentos

En declaraciones a la prensa el fiscal José Domingo Pérez, explicó que encontró documentación del año 2011, que no estaba en la autorización judicial.

«Hemos requerido documentación de la campaña 2016, sin embargo hubo resistencia para la entrega de documentación del 2011, hemos encontrado documentación relevante de ese año y voy a solicitar autorización de la ampliación al señor juez», indicó.

Dijo que Fuerza Popular no entregó voluntariamente la documentación del 2011 e incluso hubo resistencia para facilitar esta información. «Tenemos 48 horas para el allanamiento, de no tener respuesta el día de hoy, esta se va a inmovilizar», indicó Domingo Pérez.

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La excandidata presidencial es investigada por lavado de activos, obstrucción a la justicia, asociación ilícita, organización criminal, falsa declaración y fraude procesal, y falsedad genérica. Esto a raíz de los presuntos aportes ilícitos que recibió para sus campañas electorales del 2011 y 2016.

Este sábado la audiencia se reinició a las 10:02 a.m., y fue finalizada a las 12:54 p.m. pese a que estaba planteado que vaya hasta las 2 p.m. La razón de la interrupción fue un problema de salud del fiscal José Domingo Pérez que le impedía hablar.

“No puedo pasar por alto esta circunstancia de salud que está pasando el fiscal, son cuestiones humanas”, dijo el juez en referencia a Pérez.

Las siguientes sesiones se llevarán a cabo el jueves a las 5:30 p.m. y el viernes a las 5:00 p.m.

Previa

Se reanudó el último tramo de la audiencia para evaluar el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular se reanudó hoy a las 10:02 a.m.

La excandidata presidencial es investigada por lavado de activos, obstrucción a la justicia, asociación ilícita, organización criminal, falsa declaración y fraude procesal, y falsedad genérica. Esto a raíz de los presuntos aportes ilícitos que recibió para sus campañas electorales del 2011 y 2016.

Este jueves, en el tercer día de audiencias, el fiscal presentó ante el juez Víctor Zúñiga Urday una lista de 53 aportantes falsos en las campañas electorales del 2011 y 2016.

El fiscal dijo al juez que se trataba de aportantes falsos ya identificados por su despacho e indicó que sus declaraciones ante la fiscalía se dieron entre el 2017 y el 2019.

“Le estamos dando a usted los elementos que no pueden ser cuestionados, que son inobjetables. Son personas que, con identidad, han señalado que no son aportantes. No son los únicos”, apuntó.

Pérez presentó los nombres de los falsos aportantes, las fechas en que declararon, el número de pregunta donde niegan el aporte a las campañas, el monto del supuesto aporte y el número del recibo que firmaron.

De acuerdo con lo informado por la fiscalía, fueron unas 27 personas las que han declarado ante su despacho para desmentir que hayan entregado algún aporte para la campaña del 2011 de Keiko Fujimori.

Sobre la campaña del 2016, el fiscal Pérez dijo que han sido identificados 26 falsos aportantes. Entre ellos, destacan María Letona Pereyra, hermana de la excongresista Úrsula Letona. También Ángel Lay Gutiérrez, cuñado del exparlamentario Miguel Castro Grández.

Previa

En el último día del 2019, se realiza la audiencia donde se evalúa el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori que debe resolver el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria del Poder Judicial, a cargo de Víctor Zúñiga Urday.

En la sala se encuentran el representante del Ministerio Público, José Domingo Pérez y la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza.

Como se recuerda, Keiko Fujimori recuperó su libertad el pasado 29 de noviembre luego de que el Tribunal Constitucional (TC) anuló la orden de prisión preventiva que cumplía desde noviembre del año pasado.

Al inicio de la sesión el titular del juzgado anunció que la diligencia del jueves 2 de enero se iniciará a las 10:00 horas y se extenderá hasta las 14:00 horas, ello porque ese día se desarrollará el inicio del Año Judicial. Ese día la audiencia continuará de 16:00 a 20:00 horas.

Mientras que el viernes 3 de enero la audiencia se iniciará desde las 16:00 horas y culminará aproximadamente a las 20:00 horas.

El TC declaró fundado un pedido de habeas corpus que había presentado Sachi Fujimori a favor de su hermana.

Keiko Fujimori es investigada por presuntamente haber recibido aportes ilícitos para financiar las campañas electorales de Fuerza 2011 y Fuerza Popular.

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Las pruebas incluyen declaraciones de testigos y colaboradores eficaces, fotografías, actas de allanamientos y dos proyectos de ley presentados por Fuerza Popular.

El último jueves, el juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Crimen Organizado, suspendió la audiencia hasta hoy luego de que el fiscal Pérez presentará nuevos elementos probatorios sobre su requerimiento.

Los 97 elementos de convicción se suman a los 140 que José Domingo Pérez presentó anteriormente.

Entre las nuevas pruebas están las declaraciones de la vicepresidenta e integrante del Congreso disuelto Mercedes Araoz y el testimonio y documentos entregados por Manuel Gubbins Bovet, sobrino del fallecido empresario peruano Juan Rassmuss Echecopar, sobre los aportes que este hizo para las campañas de Keiko Fujimori (US$3’400.000 en el 2011 y US$1’465.000 en el 2016).

Declaraciones de Yoshiyama

También el testimonio de Jorge Yoshiyama Sasaki, quien sostuvo que la excandidata conocía sobre los aportes de Odebrecht a su campaña. Además, las declaraciones del magistrado del Tribunal Constitucional (TC) José Luis Sardón y de la abogada Giulliana Loza, en calidad de investigada.

Entre los documentos anexados por Pérez hay dos proyectos de ley presentados a inicios del 2019 por Fuerza Popular. El fiscal considera que son elementos que fortalecen la presunta obstrucción a la investigación que tiene a su cargo.

Se trata de los proyectos de ley 04282/2018-CR y 04366/2018-CR, uno referido al proceso “por colaboración eficaz en delitos donde el agraviado es el Estado”; el otro a la “creación de la autoridad de control del Ministerio Público”.

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Como se recuerda el magistrado insiste en que Keiko Fujimori debe ir a prisión tras la aparición de nuevos elementos probatorios, esto luego que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó que la lideresa de Fuerza Popular salga de prisión el pasado 25 de noviembre.

Fue la abogada de la lideresa de Fuerza Popular, Giuliana Loza, quien aseguró que en la notificación que recibieron había, además de algunas copias ilegibles, ciertos elementos de convicción que no habían sido incluidos.

«Si su judicatura tiene a bien, y atendiendo la alegación de la defensa (de Keiko Fujimori) y con el objeto de evitar nulidades posteriores, (puede dictar) la suspensión de la diligencia para que la abogada defensora pueda ser notificada de todo aquello que el Ministerio Público había alegado en los escritos que hemos mencionado», indicó el fiscal del equipo especial.

Ante la insistencia de ambas partes, el juez Víctor Zúñiga decidió que se concrete la notificación de forma adecuada de los folios faltantes y que se suspenda la audiencia de hoy.

A su turno José Domingo Pérez se estuvo de acuerdo con el pedido de la abogada de Keiko Fujimori respecto a solicitar que se postergue la audiencia de prisión preventiva.

«Recojo lo que la abogada señala. No se puede instalar la audiencia si (la defensa) no está válidamente notificada y no tiene el plazo para hacer el análisis de los elementos de convicción», comentó Pérez Gómez.

Fechas de audiencia

Ante ello, el juez Víctor Zúñiga anunció que la audiencia de prisión preventiva se realizará el sábado 28 de diciembre. La audiencia continuará el 31 de diciembre, a media jornada, y se retomará el 2 y 3 de enero del 2020, ambos días en media jornada, de 9 a.m. a 1 p.m.

El tercer día de audiencia será el jueves 2 de enero, a jornada completa. Este pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori se formalizó luego que José Domingo Pérez formalizara la ampliación de la investigación preparatoria para incluir nuevos delitos y testimonios de personas que confirman aportes a las campañas presidenciales del 2011 y 2016.

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Así lo estima el fiscal José Domingo Pérez, según se lee en el expediente dirigido al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, el integrante del equipo especial Lava Jato llegó a esta conclusión al hacer la sumatoria de posibles penas que cumpliría la excandidata presidencial.

Recientemente, Pérez Gómez amplió la investigación preparatoria contra Fujimori Higuchi por lavado de activos e incluyó nuevos delitos como organización criminal, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal.

Por ello, el fiscal provincial ha solicitado nuevamente prisión preventiva en un pedido que incorpora nuevos elementos como pruebas y las recientes declaraciones de Jorge Yoshiyama Sasaki, del empresario Antonio Camayo, vinculado al caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’ y las del ex presidente del Congreso, Daniel Salaverry, testimonios que respaldan la tesis fiscal de que Keiko Fujimori conocía de los aportes de Odebrecht a su campaña presidencial en 2011 y que además buscó obstruir la justicia.

Por ello, para el fiscal Pérez Gómez resulta necesario que se le imponga nuevamente un mandato de prisión preventiva por 36 meses a fin de garantizar su permanencia en lo que resta del proceso hasta conseguir una sentencia.

El jueves 26 de diciembre, Keiko Fujimori enfrentará una nueva audiencia de prisión preventiva a poco menos de un mes de haber sido liberada por un fallo del Tribunal Constitucional, tras permanecer en prisión por más de un año en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos.

Si bien el Tribunal Constitucional anuló vía una acción de hábeas corpus el mandato de prisión preventiva que se le impuso, así como la confirmación de esta medida y su reducción a 18 meses, “no dejó sin efecto” el pedido fiscal de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular que en estos momentos se mantiene vigente.

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Los delitos imputados contra Keiko Fujimori y otros son Asociación Ilícita para Delinquir, organización criminal, falsa declaración en proceso administrativo y fraude procesal.

Los imputados junto a la lideresa de Fuerza Popular son Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya, Adriana Tarazona, José Chlimper, Carmen Paucará, Antonietta Gutiérrez, Ana Matsuno, Rafael Herrera, Erika Yoshiyama y Jorge Trelles.

De esta manera el equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato abre un nuevo capítulo en la investigación en torno a Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

Además exige medidas para proteger a los testigos y colaboradores eficaces, el excongresista Rolando Reátegui y el empresario Antonio Camayo, este último sacó a la luz el caso Cuellos Blancos del Puerto y los encuentros de Keiko Fujimori con el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi.

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Tras las revelaciones de diversos aportes que realizaron empresarios a la campaña electoral de Keiko Fujimori y de spots televisivos contra el candidato Ollanta Humala, Domingo Pérez -integrante del equipo especial Lava Jato– realiza esta intervención.

El fiscal José Domingo Pérez Gómez, con el apoyo de personal policial de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), ejecuta la medida de allanamiento en la sede ubicada en la avenida Víctor Andrés Belaunde, en San Isidro.

A lo largo de esta semana el fiscal del caso Lava Jato interrogó a empresarios que realizaron aportes a Fujimori, como son Dionisio Romero Paoletti de Credicorp BCP, Vito Rodríguez de Leche Gloria, Capeco, etc.

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Fue al comentar la denuncia hechas por el fiscal José Domingo Pérez, respecto a «actos de infiltración» en el trabajo que realizan y donde, además, solicitan una evaluación continúa del personal del equipo especial.

«Inmediatamente pedimos un informe de seguridad sobre los procedimientos internos, porque el edificio donde operamos es compartido y no es exclusivo del Ministerio Público y hay ingresos de muchas personas que no se registran dentro de los procedimientos regulares. Y, además, estamos tratando de ajustar al máximo las respuestas inmediatas para poder detectar cualquier tipo de infiltración o menoscabo de seguridad interna para el resguardo de la información que tenemos», manifestó en Canal N.

En ese sentido, refirió que el equipo especial Lava Jato estará atento a cualquier tipo de infiltración de información, porque se maneja documentación bastante sensible que está bajo procedimientos reservados, por lo que es necesario «estar siempre vigilantes».

«Venimos recibiendo información sensible y se tiene que ajustar los procedimientos de resguardo de información y confidencialidad y nunca se peca de excesos cuando se trata de este tipo de casos y también sirven para poner alerta hacia adentro y hacia afuera también donde eventualmente se realizan estas prácticas de reglaje», aseguró.

La denuncia de Domingo Pérez

José Domingo Pérez, fiscal del equipo especial para el caso Lava Jato, denunció «actos de infiltración de informantes» en dicho grupo, cuyo propósito -dijo- sería «entorpecer y obstruir» las investigaciones de los casos de corrupción y lavado de activos vinculados a Odebrecht.

Con ese objetivo, Pérez presentó el informe 64-2019 al fiscal coordinador Rafael Vela. El documento está fechado el 12 de setiembre y consta de cinco páginas.

Como «recomendación», el fiscal le plantea a Vela la «evaluación continúa del personal del equipo especial» y «adoptar procedimientos de identificación y control de usuarios y abogados litigantes en sus oficinas».

Al sustentar su posición, José Domingo Pérez menciona mensajes de las cuentas de Twitter LaResistenciaR2, entre otros, sobre la presencia, en las oficinas del equipo especial, de la abogada Lourdes Carreño. Según el fiscal, los tuits buscan «intimidar».

Añadió que Carreño «sostiene entrevistas indistintamente» con los fiscales del equipo especial como apoderada de la empresa Odebrecht.

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Según El Comercio, el pedido fue presentado el miércoles 19 de junio, ante el despacho del juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, a cargo del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción.

Para el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, responsable del caso del metro de Lima, la custodia del celular de Alan García y la información que ahí se encuentre resultaría relevante para las investigaciones, en las que han sido incluidos ex funcionarios del segundo gobierno aprista.

Razón del pedido

El requerimiento de José Domingo Pérez Gómez fue presentado al Poder Judicial, ante un pedido de Alan Raúl García Nores para que el celular regrese a manos de la familia.

Como se recuerda, el hijo de Alan García envió el 23 de mayo un escrito al fiscal para solicitarle la devolución del celular de su padre, incautado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Miraflores, el 17 de abril pasado, día de la muerte del ex mandatario en su vivienda en Miraflores. Su pedido se sustenta en la extinción de la acción penal.

García Nores pidió, además, que le sea entregado el pasaporte que su padre presentó ante el Ministerio Público el 5 de diciembre del 2018.
El equipo fue remitido al despacho del fiscal Pérez desde la fiscalía de Miraflores, por ser considerado un elemento pertinente en la investigación.

Opinión

La abogada penalista Romy Chang explicó que si bien la acción penal se extinguió en el caso de Alan García, esto no impide que algunos de sus objetos personales puedan ser incautados.

En declaraciones a El Comercio, la letrada sostuvo que la información que se pueda encontrar en el equipo celular podría servir como elemento contra los demás investigados por el caso del metro de Lima.

“Una cosa es que él [Alan García] no pueda ser investigado y otra que los elementos, como sus celulares y objetos personales, no puedan servir como pruebas para las investigaciones que aún continúan contra otros. La incautación de los equipos no es para investigarlo a él, sino para los otros investigados”, apuntó.

Según dijo Chang, el juez se pronunciará sobre la entrega del celular de la fiscalía de Miraflores al equipo especial. Subrayó que “hay que tomar en cuenta que lo que interesa no es el equipo en sí, sino la información que contiene. El juez puede tomar eso en consideración”.

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