Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, podría recibir una condena de 24 años y 10 meses de prisión efectiva de ser hallada responsable por los delitos que habría cometido al recibir aportes de la constructora Odebrecht para su campaña electoral.
Así lo estima el fiscal José Domingo Pérez, según se lee en el expediente dirigido al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, el integrante del equipo especial Lava Jato llegó a esta conclusión al hacer la sumatoria de posibles penas que cumpliría la excandidata presidencial.
Recientemente, Pérez Gómez amplió la investigación preparatoria contra Fujimori Higuchi por lavado de activos e incluyó nuevos delitos como organización criminal, asociación ilícita para delinquir, falsedad genérica, falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal.
Por ello, el fiscal provincial ha solicitado nuevamente prisión preventiva en un pedido que incorpora nuevos elementos como pruebas y las recientes declaraciones de Jorge Yoshiyama Sasaki, del empresario Antonio Camayo, vinculado al caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’ y las del ex presidente del Congreso, Daniel Salaverry, testimonios que respaldan la tesis fiscal de que Keiko Fujimori conocía de los aportes de Odebrecht a su campaña presidencial en 2011 y que además buscó obstruir la justicia.
Por ello, para el fiscal Pérez Gómez resulta necesario que se le imponga nuevamente un mandato de prisión preventiva por 36 meses a fin de garantizar su permanencia en lo que resta del proceso hasta conseguir una sentencia.
El jueves 26 de diciembre, Keiko Fujimori enfrentará una nueva audiencia de prisión preventiva a poco menos de un mes de haber sido liberada por un fallo del Tribunal Constitucional, tras permanecer en prisión por más de un año en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos.
Si bien el Tribunal Constitucional anuló vía una acción de hábeas corpus el mandato de prisión preventiva que se le impuso, así como la confirmación de esta medida y su reducción a 18 meses, “no dejó sin efecto” el pedido fiscal de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular que en estos momentos se mantiene vigente.
