Una férrea resistencia a su propuesta de cerrar el Parlamento, tras el reciente fracaso de emprender las reformas constitucionales, encontró ayer el legislador Aurelio Pastor, no sólo por parte de altos dirigentes del APRA, sino de empresarios vinculados a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), revela hoy el diario Correo.
Una férrea resistencia a su propuesta de cerrar el Parlamento, tras el reciente fracaso de emprender las reformas constitucionales, encontró ayer el legislador Aurelio Pastor, no sólo por parte de altos dirigentes del APRA, sino de empresarios vinculados a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), revela hoy el diario Correo.
En conferencia de prensa, y con la Constitución en la mano, Pastor detalló que el artículo 134 “señala claramente” que el Presidente está facultado para disolver el Parlamento si éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros.
“Si hay dos retiros de confianza, todo termina con la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso, y así lo señala la Constitución. Además, luego se convoca a una nueva elección en un plazo de cuatro meses y, mientras tanto, la Comisión Permanente entra en funciones”, explicó.
Aclaró que si bien se trata de una propuesta a título personal, en su momento la Célula Parlamentaria Aprista “expresará una posición”.
Sugirió además que el gabinete pida “cuestión de confianza” sobre las recientes siete reformas constitucionales y judiciales que el humalismo y UPP rechazaron aprobar.
Se queda solo
Al respecto, dirigentes apristas como Luis Gonzales Posada, Mercedes Cabanillas y Mauricio Mulder discreparon de la propuesta de Pastor y aclararon que no es una posición de la bancada ni del gobierno.
Para Mulder, “no tiene sentido” debatir la propuesta a corto plazo sino tomarla como un “planteamiento personal”.
“Como secretario general del APRA, emito opiniones que han sido previamente estudiadas y adoptadas colectivamente con la Dirección Política del APRA y no ligeramente”, dijo en tono crítico.
Gonzales Posada coincidió en que el Congreso “no puede ser cerrado”, pues representa la democracia de los pueblos, y más bien sugirió innovar con más reformas antes que clausurarlo.
Cabanillas precisó –por su parte– que seguramente Pastor quedó un tanto afectado por el fracaso de las reformas constitucionales, que “no daban para más”. De igual modo, el presidente de la Confiep, Jaime Cáceres Sayán, advirtió que un eventual cierre del Congreso “daría una pésima señal para la imagen del país y para los inversionistas”. “Cerrar un Congreso sin una causa extrema podría ser interpretado como un atentado contra la democracia”, sostuvo.
